TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO AGRARIO DEL ESTADO TRUJILLO, MUNICIPIOS SUCRE DEL ESTADO PORTUGUESA Y MIRANDA DEL ESTADO MÉRIDA, CON SEDE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO.- TRUJILLO TRES (03) DE JULIO DE DOS MIL SIETE (2007).

197º y 148º

Las presentes actuaciones ingresaron a esta Alzada provenientes del Juzgado Superior Primero con sede en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela en fecha veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por declinatoria de competencia por el territorio, por redistribución del mismo en virtud de la creación de este Tribunal Superior Séptimo Agrario, como consecuencia de la reorganización de la Jurisdicción Agraria, siendo asignado el número 0055 de la nomenclatura de este Tribunal.
El presente expediente ingresó al Tribunal Superior Primero Agrario en fecha once (11) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991), como consecuencia de la apelación ejercida en fecha veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) (folio 243), contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Trujillo, en fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa (1990), por el Abogado OSCAR ERNESTO COLMENARES, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano RAMON ANTONIO CAMPOS, parte demandante en el presente juicio de Querella Interdictal de Amparo, interpuesto por el Abogado OSCAR ERNESTO COLMENARES, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 15.133, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano RAMON ANTONIO CAMPOS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 445.480, en contra de los ciudadanos, ARVELO RAFAEL MELENDEZ, RAFAEL JOSE RICO, JOSE MANUEL SANCHEZ y VICTOR OLEGARIO GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 4.191.579, 1.434.203, 432.980 y 4.802.145 respectivamente, domiciliados en el Paradero, Municipio Heriberto Arroyo, Distrito Torres, Estado Lara, representados por los Abogados AMABILES JOSE SILVA CAMPOS, MARIO MELENDEZ, OMAR GUERRERO BRICEÑO y JESUS GREGORIO PACHECO, en su carácter de Apoderados Judiciales de los mismos.
Una vez recibido el expediente por este Tribunal, en fecha veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) (folio 260), el Juez de Alzada en fecha veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) (folios 262 y 263), se inhibe de conformidad con el numeral 15 del Artículo 82 y Artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que fue el mismo que decidió en Primera Instancia, convocando en consecuencia, al Segundo Conjuez VICENTE CONTRERAS BOCARANDA, quien aceptó la convocatoria y juró cumplir con los cometidos que le otorga la Ley a tales fines, según acta de fecha veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) (folio267).
En fecha nueve (09) de agosto de dos mil seis (2006), este Juzgador se aboca al conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designado Juez Suplente Especial de esta Alzada, en sustitución de la Abogada MARÍA IRAMA BARRETO UZCATEGUI, en virtud de haber renunciado ésta al cargo de Jueza de este Tribunal. Se ordena la notificación de las partes de dicho abocamiento, advirtiéndoles que la causa continuará su curso normal al décimo día de despacho siguiente, una vez que conste en auto la última de las notificaciones ordenadas, tal como se observa en auto que riela al folio 268 de actas. En fecha dieciocho (18) de enero de dos mil siete (2007), fueron devueltas las boletas de notificación por no ser posible la localización de las partes, las mismas fueron agregadas (vuelto de los folios 274, 275, 276, 277, y 278).
En fecha nueve (09) de febrero de dos mil siete (2007), mediante auto el Tribunal acuerda notificar a las partes mediante un cartel de notificación a ser publicado en el periódico “Diario de Los Andes”, que se edita en la Ciudad de Valera, a objeto de que comparezcan dentro de los diez (10) días de calendario continuos, siguientes a la publicación e incorporación de tal publicación (folios 279 y 280). Publicándose en fecha quince (15) de febrero del presente año dos mil siete (2007), y agregado a los autos, en fecha primero (01) de marzo del presente año 2007 (folio 283), vencido dicho lapso continuó la causa su curso normal.
Encontrándose, por tanto, el presente juicio para sentencia, este Tribunal Superior lo hace en los siguientes términos:

UNICO

De la revisión minuciosa que este Tribunal ha efectuado en las actas procesales, se desprende que una vez que la parte querellante después de la sentencia dictada por el a quo, en fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa (1990) (folios 183- 219), fueron los siguientes:
A).- Diligencia de fecha veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) (folio 243), mediante la cual Abogado OSCAR ERNESTO COLMENARES, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano RAMÓN ANTONIO CAMPOS, parte querellante en el presente juicio de Querella Interdictal de Amparo, apela de la sentencia dictada por el a quo, en fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa (1990).
La parte querellada estampó las siguientes diligencias:
A).- Diligencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos noventa (1990) (folio 221), mediante la cual el Abogado JESÚS GREGORIO PACHECO MONTILLA, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos: ARVELO RAFAEL MELENDEZ, RAFAEL JOSE RICO, JOSE MANUEL SANCHEZ y VICTOR OLEGARIO GONZALEZ, solicita al Tribunal que comisione suficientemente al Juzgado del Municipio Candelaria, con Sede en Chejendé, a los fines de que proceda a notificar la decisión recaída en este juicio al ciudadano ramón Antonio Campos.
B).- Diligencia de fecha veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) (folio 244), mediante la cual el Abogado JESÚS GREGORIO PACHECO MONTILLA, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos: ARVELO RAFAEL MELENDEZ, RAFAEL JOSE RICO, JOSE MANUEL SANCHEZ y VICTOR OLEGARIO GONZALEZ, apela de la decisión dictada por este Tribunal en lo referente a la impugnación de la cuantía efectuada en la oportunidad respectiva, así como también respecto a la declaratoria sin lugar de la cuestión previa opuesta, referida a la incompetencia del tribunal. Se deja entendido que esta apelación es en cuanto a las costas.
C.- Escrito presentado ante el Juez Primero Agrario en donde presenta los informes de fecha 25 de Enero de 1991 (folio 291 al 254).
D.- Diligencias de fecha 17 de septiembre, sin expresar año (folio 257) y del 18 de noviembre de 1992 (folio 258) en donde solicita pronunciamiento del tribunal.
Observa este Tribunal que una vez presentada la apelación fue oída la misma y remitida al Tribunal Superior Primero Agrario con sede en Caracas, quien era el único que tenía la competencia para conocer las apelaciones en esta materia a nivel nacional para la fecha en que fue presentado dicho recurso, es decir, fue admitido el recurso de apelación en fecha veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) y remitido a esa Alzada en la misma fecha (folio 246).
Recibidos los autos el Juzgado Superior Primero Agrario con sede en Caracas, en fecha siete (07) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991) (vuelto del folio 247), de conformidad con la Legislación Procesal Agraria vigente para la época fijó el lapso probatorio como se observa en auto de fecha once (11) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991) (folio 160); solo la parte querellada hizo uso de derecho, consignando escrito de pruebas, como se observa en auto de fecha veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991) (folio 255) y en el mismo dijo “vistos”, entrando en término para decidir.
En fecha diecisiete (17) de septiembre del año 1991 se agrega diligencia presentada ante el Juzgado Superior Agrario (Caracas), por el Apoderado Judicial de la parte querellada, solicita continuación de la causa en virtud de encontrarse paralizada la querella. En fecha diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992) mediante diligencia consignada por el Apoderado de la parte querellada solicitando continuación de la querella en virtud de encontrarse paralizada desde el mes de febrero del año 1991.

De lo antes expuesto se infiere que desde el dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992) (folio 259), ni el apelante de la sentencia Abogado OSCAR ERNESTO COLMENARES, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte querellante, ni los querellados, llevaron a cabo actuación alguna que implicara el impulso procesal a los fines de que se decidiera este asunto, es decir, desde hace casi quince (15) años, con la cual se denota su evidente falta de interés en este proceso netamente contrario a los principios del proceso agrario que requiere celeridad, por ser una materia muy especial.
Así las cosas, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo se dio una nueva formación de un Estado moderno, Social, Democrático de Derecho y de Justicia; sino que creó las bases para una estructura en cuanto a la administración de justicia, de allí que se establecen las bases para que se de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, tal como lo establece el Artículo 26 de la Carta Magna, en plena armonía con el Artículo 49 eiusdem.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia, como último interprete de las normas contenidas en la Carta Fundamental, relativa a la perención de la instancia, en sentencia del primero (01) de junio de dos mil uno (2001), número 956, que recayó en el expediente número 00-1491, sentó la siguiente Doctrina:
“Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.”
Sobre este primer supuesto, la Sala hace un análisis pormenorizado que no tiene relevancia para el asunto que aquí se decide y más adelante, si regula lo referente al presente caso y establece:
“La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluida (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
Por lo regular, el argumento que se esgrime contra la declaratoria oficiosa, o a instancia de parte, de tal extinción de la acción, es que el Estado, por medio del juez, tenía el deber de sentenciar, que tal deber ha sido incumplido, por lo que la parte actora no puede verse perjudicada por la negligencia del Estado.
Todo ello sin contar que la expectativa legítima del accionante, es que la causa en estado de sentencia debe ser resuelta por el juez sin necesidad de instancia alguna, y sin que su falta de impulso lo perjudique.
Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.
Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor.
En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?.
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción.
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado del Tribunal).
Igualmente la Sala establece en dicho fallo, de que también pueden ser sancionados los jueces por la dilación practicada. También establece que seria contrario al Estado de Derecho y de Justicia, que se aplicara en los Tribunales, la Doctrina expuesta en ese fallo, por lo que consideró la Sala que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un (01) año o menos, vencido un (01) año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si al año siguiente, al de la prescripción no hay impulso de la parte, se entenderá que esa desidia procesal deja esclarecida que los accionantes perdieron el interés en dicha causa.
Asimismo, es importante expresar que la Sala estableció que los procesos paralizados por huelgas tribunalicias y designación de nuevos jueces, a los fines de la perención o desinterés, como en el presente caso habrá que restarle los lapsos inactivos.
Así las cosas, este Tribunal acata La Doctrina expresada en la sentencia señalada y trascrita parcialmente, aunado a que el caso aquí ventilado es por Querella Interdictal de Amparo, en cuyo mérito se observa que esta causa se encuentra en estado de sentencia desde el veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991), es decir desde hace casi quince (15) años, cuando dijo “vistos”, como se expresó ut supra.
Observa este Tribunal que el presente juicio es por Querella Ineterdictal de Amparo, cuyos trámites se llevaron de acuerdo a la derogada Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, exigiendo que la accion debe ser intentada dentro del año de la ocurrencia de la perturbación de conformidad con el articulo 782 del Código Civil ya que el juicio se llevó con la vigencia de dicha Ley Adjetiva y que hoy la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario tiene dentro de sus principios generales en cuanto al procedimiento la brevedad, concentración e inmediación; pronunciarse al fondo del asunto en virtud de que hace casi 17 años dijo “vistos”, sería crear un grave precedente en cuanto a alimentar y premiar la abulia, el abandono y descuido de las partes para el logro de una sentencia, por cuanto existen distintos medios para hacer que el Juez o Jueza decida, no solo diligenciando solicitando sentencia en el expediente, sino a través de mecanismos ante los órganos disciplinarios y jurisdiccionales competentes, como así lo dejó sentado el Magno Tribunal de la República en la sentencia traída a colación.
En virtud de que hacen más de quince (15) años que el Tribunal dijo “vistos”, transcurriendo el lapso necesario para considerar que las partes no mostraron interés y por consiguiente, se produce el decaimiento de la acción. Así se establece.
Igualmente, este Tribunal constató en el Libro de Préstamo de Expedientes llevado por el Archivo del Tribunal, que no existe actuación alguna, por espacio de mas de dos (02) años, en donde las partes o sus Apoderados Judiciales, soliciten el referido expediente Nº 0055, a los fines de demostrar el interés en esta causa, de esta manera cumplir así con el requerimiento de la sentencia antes comentada.
En fuerza de las consideraciones anteriores es forzoso para esta Alzada declarar el decaimiento de la acción por la perdida del interés en la Segunda Instancia y extinguido el presente recurso de apelación. Así se establece.

DECISIÓN:

Por lo antes expuesto, en fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho que se han dejado sentadas, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO AGRARIO DEL ESTADO TRUJILLO, MUNICIPIOS SUCRE DEL ESTADO PORTUGUESA Y MIRANDA DEL ESTADO MÉRIDA, CON SEDE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: El Decaimiento de esta Instancia Procesal. Es decir, extinguida la Segunda Instancia.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de este fallo. Notifíquese a las partes.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.

Dada, sellada y firmada en la Sala donde Despacha el Juzgado Superior Séptimo Agrario con Sede en Trujillo, en Trujillo a los tres (03) días del mes de julio de dos mil siete (2007). (AÑOS: 197º INDEPENDENCIA y 148º FEDERACIÓN).

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL;

______________________________________
ABOGADO REINALDO DE JESÚS AZUAJE

LA SECRETARIA;

__________________________________
ABOGADA. GINA MARIA ORTEGA A

La Suscrita Secretaria Temporal del Juzgado Superior Séptimo Agrario HACE CONSTAR: “Que hoy tres (03) de julio del año dos mil siete (2007), siendo las 11:30 a.m., se publicó y consignó la presente decisión en el expediente respectivo. (Exp. 0055)”.
LA SECRETARIA;

Exp. 0055