REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, 10 de diciembre del 2004 194º y 145º ASUNTO: KP02-R-2004-001623 PARTES EN JUICIO: DEMANDANTE: ELI SAMUEL PARRA CORONEL, JAIRO ENRIQUE URDANETA ROMERO, CARLOS JOSE GARCÍA VILLEGAS y RAFAEL JOSE PERAZA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidades Nº 7.306.495, 4.064.910, 10.773.999 y 11.262.013 respectivamente y de este domicilio. APODERADO JUDICIAL DE LOS DEMANDANTES: HECTOR SEGUNDO PIRELA SOLARTE, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 40.812 y de este domicilio. DEMANDADA: DISTRIBUIDORA CERVECERA DEL CENTRO C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 15 de mayo de 1997, bajo el N° 55, tomo 250-A Sgdo. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: GUSTAVO ANZOLA, MIGUEL ADOLFO ANZOLA Y JOSE ANTONIO ANZOLA abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nº 680, 31.267 y 29.566, respectivamente y de este domicilio. MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES SENTENCIA: DEFINITIVA. ASUNTO Nº KP02-R-2004-001623 I BREVE NARRACIÓN DE LOS HECHOS Se inicia el presente procedimiento de cobro de prestaciones sociales interpuesta por los ciudadanos ELI SAMUEL PARRA CORONEL, JAIRO ENRIQUE URDANETA ROMERO, CARLOS JOSE GARCÍA VILLEGAS y RAFAEL JOSE PERAZA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidades Nº 7.306.495, 4.064.910, 10.773.999 y 11.262.013 respectivamente y de este domicilio, en contra de DISTRIBUIDORA CERVECERA DEL CENTRO C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 15 de mayo de 1997, bajo el N° 55, tomo 250-A Sgdo. En fecha 11 de agosto de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declara sin lugar la demanda, en razón de ello el apoderado de los demandantes, ciudadano HECTOR SEGUNDO PIRELA SOLARTE, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 40.812 y de este domicilio, apela de la mencionada sentencia; el Juzgado A-Quo oyó la apelación interpuesta en ambos efectos y ordenó la remisión de la causa a esta Superioridad. Una vez recibido el asunto por esta Alzada, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual tuvo lugar en fecha 09 de octubre de 2004, en la cual se declaro DESISTIDA la apelación interpuesta en fecha 19 de octubre de 2004, por el apoderado judicial de los actores. II DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA Llegada la oportunidad legal para exponer los fundamentos de la decisión, esta Superioridad pasa a hacerlo en los términos siguientes: La no comparecencia de alguna de las partes, según el ilustre maestro Carnelutti, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración de que las partes son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. En consecuencia: “…el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento… Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” (Carnelutti, Francesco. “Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Tomo III, p. 952) De acuerdo a este razonamiento, la falta de comparecencia supone lógicamente la carga de la comparecencia; por ello, cuando una de las personas indicadas como parte en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer. Bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de la no comparencia de los intervinientes en un juicio. En efecto, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en lo concerniente al Procedimiento en Segunda Instancia, ha previsto el desistimiento de la apelación como consecuencia jurídica del “incumplimiento de la carga de comparecer” por parte del apelante. Así pues, como las partes están a derecho una vez efectuada la notificación para la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no hay necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Por consiguiente, tal como lo señala el jurista Iván Darío Torres: “Si la parte recurrente no comparece a la audiencia fijada por el Tribunal Superior del Trabajo, se entiende que ha desistido del recurso interpuesto contra la sentencia que le fue desfavorable; por lo que dicho Tribunal debe remitir el expediente al tribunal sustanciador; y la sentencia proferida queda definitivamente firme”. (Torres, Iván. “El Nuevo Procedimiento del Trabajo”. p. 340) En el caso de autos, las partes recurrentes, quien estaban a derecho, no comparecieron a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación propuesto, por lo que, consecuencialmente este Juzgador, de acuerdo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales anteriormente esbozados y de conformidad con lo consagrado en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declara desistida la apelación. Así se decide. III D E C I S I O N En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: DESISTIDO EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 19 de octubre de 2004, por el apoderado judicial de los actores HECTOR SEGUNDO PIRELA SOLARTE, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 40.812 y de este domicilio, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 11 de agosto de 2004. Queda así CONFIRMADA la sentencia recurrida. Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación. El Juez Titular, La Secretaria, Dr. Alejandro Yabrudy Fernández Abog. Audrey Guedez En igual fecha y siendo las 09:00 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La Secretaria, Abog. Audrey Guedez