REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, dos de marzo de dos mil cuatro 193º y 145º ASUNTO : KP02-S-2003-004531 Vista la solicitud presentada por el Ciudadano ROGELIO ANTONIO PEREZ , venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.629.877, de este domicilio, asistido del abogado Nerio Cardozo B., IPSA No 61.071 donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Barrio Las Tinajitas, Sector 2, Carrera 3 con calle 6 y 7, Casa N° 39, Estado Lara, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iriabrren, sobre un lote de terreno Comunero, con una superficie de CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS (160,00 mts.2) alinderadas de la siguiente manera NORTE: Hermula Camacaro (16,00 mts.), SUR: Jairo Galindez (16,00 mts.); ESTE: Carrera 3 (10,00 mts.) y OESTE: Anais Linares (10,00 mts.). Dichas bienhechurías estan constituidas por una casa de paredes de bloque, techo de acerolit, con dos habitaciones, una cocina, un comedor, una sala, un baño, cuatro ventanas, tres puertas, cercada de bloque, con todos sus servicios, tales como: agua, luz, cloacas. El valor invertido es la cantidad de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 8.000.000,oo) y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos JOSE ANTONIO ARENAS y JOSE VICTORIANO ESCALONA, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor del Ciudadano ROGELIO ANTONIO PAEZ, ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de Abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada. La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviárez TGI/dmg