TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 26 de mayo de 2004
193º y 145º

ASUNTO: KP02-R-2004-000547

PARTES EN JUICIO:

DEMANDANTES: PEDRO CÓRODBA OTAMENDI, RAFAEL CEGARRA, BLANCA CARREÑO, SILVERIO R. VILORIA MARÍA GALÍNDEZ, MARLENE OSECHAS, LILIAM ROJAS DE DURÁN, INES GRIFFITH, JOSÉ FRANCISCO RAMOS y ESPERANZA ACEVEDO DE ACUÑA, venezolanos, mayores de edad, cedulas de identidad N° V- 1.876.334, 2.684.380, 1.827.631, 2.068.987, 3.784.272, 1.929.332, 1.274.146, 3.507.881, 3.084.613 y 7.374.284 respectivamente, de este domicilio.

APODERADAS JUDICIALES DE LOS DEMANDANTES: SARA MARISOL VIZCAYA y JENSY PERNALETE, abogadas en ejercicio, inscritas en el I.P.S.A bajo los N° 59.611 y 70.949, de este domicilio.

DEMANDANDA: ASOCIACIÓN CIVIL INCE-LARA, A.C., antes denominada INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), inscrita ante el Registro Subalterno del Distrito Iribarren del Estado Lara en fecha 14 de diciembre de 1992, bajo el N° 38, Tomo 16, Protocolo Primero, folios 949 al 968.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

SENTENCIA: DEFINITIVA.

I
BREVE NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Se inicia el presente procedimiento en fecha 03 de octubre de 2000, en virtud de demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por las abogadas SARA MARISOL VIZCAYA Y JENSY PERNALETE, en su carácter de apoderadas judiciales de los ciudadanos PEDRO CÓRODBA OTAMENDI, RAFAEL CEGARRA, BLANCA CARREÑO, SILVERIO R. VILORIA MARÍA GALÍNDEZ, MARLENE OSECHAS, LILIAM ROJAS DE DURÁN, INES GRIFFITH, JOSÉ FRANCISCO RAMOS Y ESPERANZA ACEVEDO DE ACUÑA, en contra de ASOCIACIÓN CIVIL INCE-LARA, A.C., en la cual reclaman derechos derivados de su relación laboral con la accionada.

Admitida la demanda por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo del Estado Lara en fecha 17 de octubre de 2000 y citada personalmente la accionada, ésta compareció en fecha 16 de noviembre de 2000 a los fines de oponer cuestiones previas, las cuales fueron subsanadas por la actora en fecha 13 de junio de 2001, y posteriormente dio contestación a la demanda el 31 de octubre de 2001.

Una vez trabada la litis, ambas partes promovieron sus pruebas en la oportunidad procesal correspondiente, las cuales fueron admitidas el 09 de noviembre de 2000, posteriormente, en fecha 17 de noviembre de 2003, el Juzgado Transitorio de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó sentencia declarando la perención de la instancia.

Dicha decisión fue recurrida por la parte actora, a través de su apoderada judicial, abogada Sara Marisol Morles el 15 de diciembre de 2003, recurso que fue oído en ambos efectos el 07 de mayo de 2004 y remitida la causa a esta Superioridad, quien lo recibió y le dio entrada el 14 de mayo del mismo año, fijando oportunidad para la realización de la audiencia oral, que tuvo lugar el día 25 de mayo de 2004, donde se declaró sin lugar la apelación propuesta y perimida la instancia.

II
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

Llegada la oportunidad legal para publicar los fundamentos del fallo dictado, esta Superioridad procede a hacerlo en los términos que a continuación se exponen:

El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, derecho común en materia procesal, estatuye que el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.

Tal inactividad, en el marco de un proceso, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre justicia.

Bajo esta perspectiva, el interés procesal se concibe como la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela, considerando que este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.

La falta inicial de esta “necesidad de tutela” (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de perención prevista en el Código de Procedimiento Civil, fundamentada en determinadas causales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal.

Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso, lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del procedimiento, aun cuando también puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que esté en curso, en cuyo caso ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, en cuyo supuesto se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión, conforme lo establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, el Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia, la cual, en opinión del Dr. Marcelino Castelán:

“…es un instituto que debe su existencia al proceso, mas precisamente al proceso civil, …Un proceso normal concluye con la sentencia o sea la declaración de la voluntad de la ley hecha por el órgano jurisdiccional y en virtud de la cual se cumple uno de los fines del Estado: el de proteger el orden jurídico. Por excepción, la relación procesal termina por composición, renuncia o perención.” (Castelán, M. “Perención-Caducidad. Doctrina Legislación y Jurisprudencia”, p.9)

Ahora bien, es importante destacar los efectos procesales de la perención de la instancia, para lo cual resulta conveniente traer a colación el criterio de la Sala de Casación Social, sostenido en sentencia de fecha 09 de marzo de 2000, en donde se estableció lo siguiente:

“Podemos agregar que cuando las partes no actúan procesalmente y desatienden la posibilidad de impulsar la causa incoada, se produce una falta de gestión que puede ocasionar la perención de la instancia, pero ello no significa la clausura de la pretensión, pues en definitiva la instancia es una sucesión de etapas en el juicio”.

De igual forma, la Sala Social ha ratificado el criterio acogido en materia de perención en reiteradas oportunidades, verbigracia, en fallo del 01 de junio de 2001, en los términos que seguidamente se exponen:

“Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara.”.

Así pues, efectuadas las consideraciones anteriores, es menester profundizar en la aplicación de esta institución procesal dentro del ámbito laboral. En este sentido, se tiene que el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo pauta que toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, muchos doctrinarios han discutido acerca de si el precitado artículo puede ser aplicado a toda instancia, esto es, a cualquier juicio laboral en curso antes o después de la vigencia de dicho instrumento legal, concluyendo en su mayoría que esta figura procesal solo puede operar en los juicios pendientes antes de la implementación de la ley adjetiva laboral, razonamiento sostenido por el maestro Henríquez La Roche, quien aduce lo siguiente:

“De acuerdo con la interpretación a rubrica de esta regla en comento, sólo procede esta perención de la instancia respecto a los juicios seguidos con arreglo a la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo derogada, ya que el Capítulo II donde se encuentra incluido este artículo se denomina régimen procesal transitorio. La transitoriedad de este régimen determina un ámbito de aplicación restrictivo del presente artículo 201, circunscrito a los juicios pendientes para la fecha de vigencia de la nueva ley.

Pero téngase en cuenta que aquí el legislador, implícitamente declara la posibilidad de que un proceso laboral caduque por inactividad de las partes, con arreglo a la norma pertinente del Código de Procedimiento Civil arriba copiada, aplicada por analogía de acuerdo a la regla supletoria del artículo 11, segundo precepto, de esta ley. La relación sustancial del trabajo no cambia en su naturaleza ni respecto a las normas sustantivas aplicables, por ser oral y no escrito el procedimiento por el cual discurre el proceso”. (Henríquez La Roche, R. “EL Nuevo Proceso Laboral”, p.570)

Así pues, en el caso de autos, esta Alzada observa que desde el auto de fecha 09 de noviembre de 2001 hasta el 13 de agosto de 2003, no se habían registrado en la presente causa ninguna actuación de las partes, por ende, ha transcurrido mas de un año sin que se haya manifestado actividad procesal alguna por parte de los intervinientes en el presente juicio, por lo que resulta evidente que ha operado de pleno derecho la perención, en razón de lo cual, conforme a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales antes esbozados, esta Superioridad debe declarar la perención de la instancia conforme a lo preceptuado en el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y confirmar la sentencia recurrida. Así se decide.

D E C I S I O N
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 15 de diciembre de 2003, por la abogada SARA MORLES, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha 17 de noviembre de 2003. En consecuencia, se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio intentado por los ciudadanos PEDRO CÓRODBA OTAMENDI, RAFAEL CEGARRA, BLANCA CARREÑO, SILVERIO R. VILORIA MARÍA GALÍNDEZ, MARLENE OSECHAS, LILIAM ROJAS DE DURÁN, INES GRIFFITH, JOSÉ FRANCISCO RAMOS y ESPERANZA ACEVEDO DE ACUÑA, en contra de la ASOCIACIÓN CIVIL INCE LARA por cobro de prestaciones sociales.

Se CONFIRMA la sentencia recurrida en todas sus partes.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veintiséis cuatro (26) días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Juez Titular, La Secretaria,

Dr. Alejandro Yabrudy Fernández Abog. Audrey Guédez Giménez

En igual fecha y siendo las 10:50 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Secretaria,

Abog. Audrey Guédez Giménez