REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2004-022683 Barquisimeto, 18 de Octubre de 2004 Años 193° y 145° Corresponde a este Tribunal Sexto de Control de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentar la Medida Cautelar Sustitutiva impuesta, en Audiencia Celebrada en fecha 25-09-04, a favor de los imputado, Ciudadano, DOUGLAS JOSE ALVARADO ESPINOZA, venezolano, mayor de edad, soltero, Cédula de Identidad N° 18.950.442, nació en San Felipe Estado Yaracuy, de 19 años de edad, residenciado en la avenida Libertador con calle Federación, San Felipe, Estado Yaracuy. Y a tal efecto se observa: La Fiscalía Tercera del Ministerio Público de este Estado, tuvo conocimiento del presente proceso, en virtud del procedimiento realizado por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas del Estado Lara, los cuales dejan constancia de la siguiente diligencia policial: “ Siendo aproximadamente las 10:15 horas de la mañana del día 23/09/2004, momento cuando nos encontrábamos de patrullaje en la población de Sarare , recibimos una llamada radiofónica del Sub/insp. (FAP) Elkis Mendoza, Jefe de los servicios en la comisaria No. 37 quien nos indico que según llamada telefónica anónima le informaron que en la avenida principal de la Miel cerca de la panadería Don Agapo, la comunidad tenia a un sujeto que supuestamente fue sorprendido infraganti al momento que se estaba hurtando una bicicleta y lo estaban agrediendo físicamente con intenciones de lincharlo, por lo que inmediatamente nos dirigimos al sitio y aprendimos al ciudadano DOUGLAS JOSE ALVARADO MENDOZA. Una vez llegada las actuaciones a la Fiscalía Tercera, solicito al Tribunal de Control, en su escrito de presentación, se prosiga el presente asunto por los tramites del procedimiento ordinario, precalificando los hechos imputados como el Delito Hurto Genérico, previsto y sancionado en el artículo 453 del Código Penal Venezolano. Asimismo en la audiencia correspondiente solicito oralmente, que se le impusiera Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de las contenidas en el articulo 256 Ordinal 3ero del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación periódica cada 15 días por ante la URDD. Ahora bien, en la oportunidad de la Audiencia Oral, una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición del imputado, DOUGLAS JOSE ALVARADO MENDOZA, quien una vez impuesto del precepto constitucional contenido en el articulo 49, ordinal 5to de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y del uso, alcance y contenido de las Medidas alternativas a la Prosecución del Proceso, manifestó su deseo de declarar, y en consecuencia expuso: “Me acojo al precepto constitucional. Es todo”. La Defensa, por su parte expreso: Me adhiero a la solicitud fiscal en cuanto al procedimiento y medida a imponer, sugiriendo presentación periódica, es todo”. En la prenombrada oportunidad, este Tribunal, Declaro con lugar la aplicación del Procedimiento Ordinario. Así como se considero procedente Decretar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, prevista en el ordinal Tercero del artículo 256 del Código Adjetivo Penal, esto es presentaciones periódicas cada Quince (15) días, por ante la U.R.D.D. Quedando así reconocido, el derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo, de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales, están desarrollados a su vez, en los artículos 9 y 243 del Código orgánico procesal penal, normas estas fundamentadas en el principio de que la reglas en este sistema Procesal penal Venezolano, es la Libertad y la excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario Decretar una medida Privativa de Libertad, lo cual se desprende de la misma exposición del imputado, observándole además que este ciudadano tiene domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal acusatorio, Principios tales como el de afirmación de Libertad y Presunción de inocencia, no llenados los extremos excepcionales para la procedencia de la privación preventiva, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de libertad . Constituyen las exigencias del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, los presupuestos necesarios para la procedencia de una medida de Privación Judicial Preventiva de libertad, de los cuales aún cuando materializados los relativos a la existencia de un hecho punible que merece pena de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho investigado. No se acredita la existencia en este caso del peligro de fuga y el de obstaculización, ya que se evidencia que este ciudadano, tiene arraigo en el país y en esta ciudad, tiene un domicilio estable y conocido. No evidenciándose condiciones económicas y de oportunidad para huir del país y evadir en consecuencia el proceso. Analizadas las circunstancias de la pena a imponer y la magnitud del daño causado, observada por esta Juzgadora, que este ciudadano no posee o presenta antecedentes penales ni policiales que desvirtúen su buena conducta predelictual, en consecuencia, la misma se presume. En cuanto al peligro de obstaculización, siendo esta una presunción Iuris tamtun, no se establece la grave sospecha de lo anteriormente esbozado y evidenciado en el proceso que este imputado a través de su conducta y su restricción de la libertad por medio de una Medida Cautelar, no influirá en los testigos, victimas o expertos, o se presuma se va a comportar desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia, así como no se presume que falsificará, destruirá, modificará u ocultará elementos de convicción. En este sentido, corresponde al Juez de control, analizar en base a lo anteriormente expuesto, la procedencia de una Medida Cautelar Sustitutiva a la de la libertad, por no configurarse los extremos de procedencia a la privación preventiva de la misma. Estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la privación de la Libertad, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Y constituyen la figura de las medidas cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma. Y en tal sentido, esta Juzgador, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue. Siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede. DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Octavo de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 256 ordinal Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones periódicas cada Quince (15) días por ante la URDD, a favor del ciudadano: DOUGLAS JOSE ALVARADO ESPINOZA, venezolano, mayor de edad, soltero, Cédula de Identidad N° 18.950.442, nació en San Felipe Estado Yaracuy, de 19 años de edad, residenciado en la avenida Libertador con Calle Federación, San Felipe, Estado Yaracuy; por la presunta comisión del delito de hurto simple, previsto y sancionado en el articulo 453 del Código Penal Vigente. Y así se decide. Notifíquese a las partes. Líbrense los oficios correspondientes. Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los Dieciocho (18) días del mes de Octubre de 2004. Cúmplase lo ordenado. Notifíquese a las partes. El JUEZ SEXTO DE CONTROL ABG. Jhonny Jiménez C. LA SECRETARIA