REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL DE CONTROL Nº 3 Barquisimeto, 18 de febrero de 2005 ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2004-021768 Visto el escrito presentado por el Abogado Carlos Andrés Pérez, defensor público del ciudadano Emerson Alfredo Evies Ramírez, en el cual solicita la revisión y sustitución de la medida cautelar sustitutiva de detención domiciliaria impuesta a su defendido, y se le otorgue una menos gravosa, con fundamento en el Artículo 256 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Control N° 3, de conformidad con lo previsto en el Artículo 264 eiusdem, decide en los siguientes términos: 1.- En fecha 13 de Septiembre de 2004, este tribunal de Control Nº 3, con fundamento en los motivos que se expresaron en la decisión correspondiente, acordó imponer la medida de detención en su propio domicilio (Artículo 256 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal) al ciudadano Emerson Alfredo Evies Ramírez. 2.- Con fundamento en la justicia expedita y sin dilaciones indebidas, la defensa solicita la revisión de dicha medida y su sustitución por una menos gravosa. 3.- El delito por el cual está siendo procesado el mencionado ciudadano es el robo agravado y porte ilícito de arma de fuego (Artículo 460 y 278 del Código Penal), los cuales no se encuentran evidentemente prescritos y tienen la presunción legal de fuga de conformidad con lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, este último en relación con el Artículo 251 Parágrafo Primero eiusdem, por exceder de diez años el limite máximo de la pena del delito más grave de los procesados. Es decir, que aún cuando el proceso penal acusatorio instaurado en Venezuela está investido de la garantía del juzgamiento en libertad, en el presente caso se está en presencia de los supuestos que autorizan precisamente la privación de la misma de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Es más, el propio Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: “…Será Juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la Ley y apreciada por el Juez o Jueza en cada caso…” (destacado del tribunal) con lo cual se reconoce que hay circunstancias especiales, previamente establecidas en la Ley que autorizan que se limite ese Juzgamiento en libertad, que por lo demás puede perfectamente ser una libertad restringida como en el presente caso, por una medida cautelar como lo es la detención en su propio domicilio. En este mismo sentido se pronuncia el Artículo 484 del Código Orgánico Procesal Penal, que contempla en su segundo aparte que “Para los efectos del cómputo del cumplimiento de parte o de la totalidad de la pena impuesta, así como para el otorgamiento de cualquier beneficio o medida solicitada por un condenado o penado, no se tomarán en cuenta las medidas restrictivas de la libertad, sino única y exclusivamente el tiempo que haya estado sujeta realmente la persona a la medida de privación judicial preventiva de libertad, o recluido en cualquier establecimiento del Estado. En consecuencia, sólo se tomará en cuenta el tiempo que el penado hubiere estado efectivamente privado de su libertad” (Resaltado del Tribunal). Quedando claro, entonces, que el espíritu del legislador patrio no es considerar la detención domiciliaria como una privación de libertad sino como una medida cautelar sustitutiva cuya finalidad es asegurar las resultas del proceso. En consecuencia, se estima proporcional a los fines de asegurar que el imputado de cumplimiento a los actos del proceso, el mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad contenida en el Artículo 256 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a las previsiones del Artículo 244 eiusdem, que determinan la proporcionalidad de la medida respecto a la gravedad del delito, las circunstancias del caso en el que se puso en peligro una vida humana y la sanción probable, en los términos ya expresados.. 3.- Por los razonamientos antes expresados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda, MANTENER LA MEDIDA DE DETENCIÓN EN SU PROPIO DOMICILIO al ciudadano EMERSON ALFREDO EVIES RAMIREZ, titular de la cédula de identidad N° 18.655.291. Así se decide. Notifíquese. LA JUEZ DE CONTROL Nº 3 ABG. LEILA-LY DE JESÚS ZICCARELLI DE FIGARELLI SECRETARIO ABG. MIGUEL SANCHEZ