REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL
Barquisimeto, 06 de Junio de 2005
Años 195° y 146°
ASUNTO: KP01-P-2005-005869
Corresponde a este Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, fundamentar la Medida Cautelar acordada en esta Audiencia a favor del ciudadano ROMULO ANTONIO RODRÍGUEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº 2.382.259, fecha de nacimiento 09-02-42, de 63 años de edad, profesión u oficio albañil, estado civil viudo, hijo de Jesús Arriechi y Luz Rodríguez, domiciliado en el Barrio Antonio José de Sucre carrera 2 con calle 6 casa S/N casa sin frisar, Carora, Estado Lara. Y a tal efecto se observa:
La Fiscalía Undécima del Ministerio Público de este estado, tuvo conocimiento del presente proceso, quien en día 13-05-05, resulto aprehendido ROMULO ANTONIO RODRÍGUEZ por funcionarios adscritos a la Comisaría Nº 70 de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, por encontrarse incurso en la comisión del delito de POSESION ILICITA DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Articulo 36 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas.
Una vez llegada las actuaciones a la Fiscalía, solicito al Tribunal de Control, se decretara MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, por encontrarse llenos los requisitos establecidos en el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también la naturaleza del daño que pudiera ocasionar a la colectividad, solicito así mismo se ordene, la continuación de la presente causa por las disposiciones del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo pautado en el articulo 280 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, en la oportunidad de la audiencia Oral, en fecha indicada una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición del imputado, ROMULO ANTONIO RODRÍGUEZ, quien una vez impuesto del Precepto Constitucional contenido en el articulo 49, ordinal 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como del uso, contenido y alcance de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, se le preguntó si esta dispuesto a declarar, a lo que respondió: No voy a declarar, me acojo al precepto constitucional.
La Defensa por su parte expone: Me adhiero a la solicitud fiscal en cuanto al procedimiento a seguir como a la solicitud fiscal en cuanto al procedimiento a seguir como a la solicitud medida cautelar. Solicito se le practique reconocimiento médico forense a los fines de que posteriormente pueda ser remitido a un centro médico ya que mi defendido presenta parálisis facial del lado izquierdo del cuerpo y tensión alta.
En la prenombrada oportunidad, este Tribunal, Declaró la aplicación del Procedimiento Ordinario, dejando subsistir las investigaciones en el presente proceso. Así como se consideró procedente Decretar medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el 256 ordinal 3, esto es presentación cada 30 días ante el tribunal de Carora.
Quedando así reconocido, el derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo, de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales, están desarrollados a su vez, en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, normas estas fundamentadas en el principio de que la reglas en este sistema Procesal Penal Venezolano, es la Libertad y la excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario Decretar una Medida Privativa de Libertad, observándose además que este ciudadano, tienen un oficio y domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de Fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal Acusatorio, Principios tales como el de afirmación de Libertad y Presunción de Inocencia, no llenados los extremos excepcionales para la procedencia de la privación preventiva, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad .
En este sentido, corresponde al Juez de Control, analizar basándose en lo anteriormente expuesto, la procedencia de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, por no configurarse los extremos de procedencia. Estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la Privación de la Libertad, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Y constituyen la figura de las medidas cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma. Y en tal sentido, este Juzgador, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue. Siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede.
DISPOSITIVA
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, 1.- Se acuerda la Prosecución del presente asunto a través del PROCEDIMIENTO ORDINARIO solicitado por el Ministerio Publico conforme a lo establecido en el articulo 280 del Código Orgánico Procesal Penal. 2.- En cuanto a la medida a aplicar al referido ciudadano, este Tribunal acuerda imponer la medida cautelar contenida en el Art. 256, Ord. 3° del Código Orgánico Procesal Penal, la cual es presentación cada 30 días ante el Tribunal de Carora. 3.- Se Ordena la Declinatoria de la competencia al Tribunal de Control Extensión Carora, por lo que se ordena remitir el presente asunto con oficio al Tribunal de Control de Carora, de conformidad con el articulo 77 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el articulo 57 ejusdem en virtud de haberse cometido el delito en la ciudad de Carora. Y así se decide.
Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los Seis (06) días del mes de Junio de 2005. Cúmplase lo ordenado. Notifíquese a las partes.
EL JUEZ CUARTO DE CONTROL
ABG. LUIS ALFONSO MARTINEZ
LA SECRETARIA
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