REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL
ASUNTO: KP01-P-2005-002613
Barquisimeto, 17 de Marzo de 2005 Años 194° y 146°
Corresponde a este Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, fundamentar medida cautelar acordada en esta Audiencia a favor del ciudadano Juan Carlos Pérez Alonso, Cedula de Identidad Nº 13.188.891, de 27 años de edad, fecha de nacimiento 11-08-1977, hijo de Rafael Vásquez y Delia de Pérez, de estado civil soltero, de profesión u oficio agricultor, residenciado en Cabudare Piedra Azul Calle B sector 2 N° y Juan José Peña Moreno, cedula de identidad 13.632.052, de 26 años de edad, fecha de nacimiento 28-07-1978, hijo de Rafael Ramón Peña La Cruz y Marlene Josefina Moreno, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante en el Tecnológico Andrés Eloy Blanco, residenciado en Cabudare Piedra Azul Calle C1 sector 6 N° 89, Estado Lara. Y a tal efecto se observa:
La Fiscalía Vigésima del Ministerio Publico de este Estado, tuvo conocimiento del presente proceso, en virtud del procedimiento realizado por los funcionarios, adscritos al Comando Regional N° 4 de la Guardia Nacional, en circunstancias de modo, tiempo y lugar que consta en el Acta de Investigación Penal suscrita por los funcionarios Dtgdo. (GN) Cordero Córdova Pedro, Guardias Nacionales Idelfonso Chacon Zambrano y Yulisbey Gil Silva.
Una vez llegada las actuaciones la Fiscalia, solicito al Tribunal de Control, se decretara MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, para este ciudadano, en virtud de estimar que no son concurrentes en el presente caso los supuestos requeridos en los artículos 250, 251, 252 y 253 del COPP, al igual solicito la prosecución de la presente causa a través del Procedimiento Ordinario conforme a lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Pena.
Ahora bien, en la oportunidad de la audiencia Oral, en fecha indicada una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición de los imputados, Juan Carlos Pérez Alfonso y Juan José Peña Moreno, quienes una vez impuesto del precepto constitucional contenido en el articulo 49, ordinal 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como del uso, contenido y alcance de las Medidas alternativas a la Prosecución del proceso, manifestaron su deseo de NO declarar.
La Defensa, por su parte manifestó que oída la solicitud del Fiscal se adhería a la solicitud de Procedimiento Ordinario y Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad como lo es la presentación periódica cada treinta días por cuanto uno de mis defendidos trabaja en la ciudad de Mérida. Así mismo solicito se le practique a mis defendidos un peritaje Psiquiátrico. Es todo.
En la prenombrada oportunidad, este Tribunal, Declaro la aplicación del Procedimiento Ordinario, dejando subsistir las investigaciones en el presente proceso. Así como se consideró procedente Decretar medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el 256 ordinal 3, esto es presentación cada 30 días ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos.
Quedando así reconocido, el derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo, de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales, están desarrollados a su vez, en los artículos 9 y 243 del Código orgánico procesal penal, normas estas fundamentadas en el principio de que la reglas en este sistema Procesal penal Venezolano, es la Libertad y la excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario Decretar una medida Privativa de Libertad, lo cual se desprende de la misma exposición del imputado, observándose además que este ciudadano, tienen un oficio y domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal acusatorio, Principios tales como el de afirmación de Libertad y Presunción de inocencia, no llenados los extremos excepcionales para la procedencia de la privación preventiva, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de libertad .
Constituyen las exigencias del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, los presupuestos necesarios para la procedencia de una medida de Privación Judicial Preventiva de libertad, de los cuales aún cuando materializados los relativos a la existencia de un hecho punible que merece pena de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado han sido autores o participes en la comisión del hecho investigado. No se acredita la existencia en este caso del peligro de fuga y el de Obstaculización, ya que se evidencia que estos ciudadanos, tienen arraigo en el país y en esta ciudad, tienen un domicilio estable y conocido. No evidenciándose condiciones económicas y de oportunidad para huir del país y evadir en consecuencia el proceso. En cuanto al peligro de Obstaculización, siendo esta una presunción Iuris tamtun, no se establece la grave sospecha de lo anteriormente esbozado y evidenciado en el proceso que el imputado a través de su conducta y su restricción de la libertad por medio de una Medida Cautelar, no influirá en los testigos, víctimas o expertos, o se presuma se va a comportar desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia, así como no se presume que falsificará, destruirá, modificará u ocultará elementos de convicción.
En este sentido, corresponde al Juez de control, analizar basándose en lo anteriormente expuesto, la procedencia de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, por no configurarse los extremos de procedencia. Estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la privación de la Libertad, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Y constituyen la figura de las medidas cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma. Y en tal sentido, esta Juzgadora, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue. Siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede.
DISPOSITIVA
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley ACUERDA MEDIDA CAUTELAR, la prevista en el articulo 256 ordinal 3ero, esto es presentación cada ocho días a favor de los ciudadanos, Juan Carlos Pérez Alonso, Cedula de Identidad Nº 13.188.891, de 27 años de edad, fecha de nacimiento 11-08-1977, hijo de Rafael Vásquez y Delia de Pérez, de estado civil soltero, de profesión u oficio agricultor, residenciado en Cabudare Piedra Azul Calle B sector 2 N° y Juan José Peña Moreno, Cedula de Identidad 13.632.052, de 26 años de edad, fecha de nacimiento 28-07-1978, hijo de Rafael Ramón Peña La Cruz y Marlene Josefina Moreno, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante en el Tecnológico Andrés Eloy Blanco, residenciado en Cabudare Piedra Azul Calle C1 sector 6 N° 89, Estado Lara, por la presunta comisión del delito de Posesión de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas previsto y sancionado en el articulo 36 de la Ley orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y así se decide. Notifíquese a las partes.
Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de 2005. Cúmplase lo ordenado.
LA JUEZA TITULAR CUARTA DE CONTROL
ABG. LAURA ELIZABETH ADAMS CAMACHO
LA SECRETARIA
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