REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL
ASUNTO: KP01-P-2005-001723
Barquisimeto, 03 de Marzo de 2005 Años 195 ° y 146°
Corresponde a este Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, fundamentar medida cautelar acordada en esta Audiencia a favor del ciudadano Otto Alberto Acosta, Cedula de Identidad Nº 14.301.115, 28 años de edad, de ocupación u oficio Licenciado en Educación Física, hijo Otto Olivares y Elisa Acosta, domiciliado en Caracas, El Paraíso Avenida Páez, residencias Atlas, Torre B apto. 30, y en Duaca Barrio Pueblo Nuevo carrera 15 con 12, casa Nº 2. teléfono: 0212 4727131 y Jesús Maria Jiménez Tovar, Cedula de Identidad Nº 7.433.612, ocupación albañil, de 38 años de edad, fecha de nacimiento 19 – 06 – 67, soltero, hijo de Amalia Tovar y Juan Jiménez, domiciliado en carrera 15 al final de la carrera 12, casa sin numero, Duaca Barrio Pueblo Nuevo, al frente de la bodega Maitandrea, de esta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Y a tal efecto se observa:
La Fiscalía Segunda del Ministerio Publico de este Estado, tuvo conocimiento del presente proceso, en virtud del procedimiento realizado por los funcionarios adscritos a la Comisaría Nº 45 de las Fuerzas Armadas policiales del Estado Lara. Circunstancias de modo, lugar y tiempo descritas en el Acta Policial de aprehensión que se anexa.
Una vez llegada las actuaciones a la Fiscalía, solicitaron al Tribunal de Control, se decretara MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de las previstas en el articulo 256 ordinales 3 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de estimar que no son concurrentes en el presente caso los supuestos requeridos en los artículos 250, 251, 252 y 253 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual solicito la prosecución de la presente causa a través del PROCEDIMIENTO ORDINARIO conforme a lo previsto en los artículos 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, en la oportunidad de la audiencia Oral, en fecha indicada una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición de los imputados, Otto Alberto Acosta y Jesús Maria Jiménez Tovar, quienes una vez impuestos del precepto constitucional contenido en el articulo 49, ordinal 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como del uso, contenido y alcance de las Medidas alternativas a la Prosecución del proceso, manifestó su deseo de no declarar.
La Defensa, por su parte manifestó: nos adherimos al procedimiento y con respecto a la medida solicitamos la menos gravosa del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
En la prenombrada oportunidad, este Tribunal, Declaro la aplicación del Procedimiento Ordinario. Así como se consideró procedente Decretar medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el 256 ordinales 3 y 9, presentación cada 30 días ante la URDD y prohibición de consumir bebidas alcohólicas en exceso.
Quedando así reconocido, el derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo, de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales, están desarrollados a su vez, en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, normas estas fundamentadas en el principio de que la reglas en este sistema Procesal penal Venezolano, es la Libertad y la excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario Decretar una medida Privativa de Libertad, lo cual se desprende de la misma exposición del imputado, observándose además que este ciudadano, tienen un oficio y domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal acusatorio, Principios tales como el de afirmación de Libertad y Presunción de inocencia, no llenados los extremos excepcionales para la procedencia de la privación preventiva, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de libertad .
Constituyen las exigencias del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, los presupuestos necesarios para la procedencia de una medida de Privación Judicial Preventiva de libertad, de los cuales aún cuando materializados los relativos a la existencia de un hecho punible que merece pena de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado han sido autores o participes en la comisión del hecho investigado. No se acredita la existencia en este caso del peligro de fuga y el de Obstaculización, ya que se evidencia que estos ciudadanos, tienen arraigo en el país y en esta ciudad, tienen un domicilio estable y conocido. No evidenciándose condiciones económicas y de oportunidad para huir del país y evadir en consecuencia el proceso. En cuanto al peligro de Obstaculización, siendo esta una presunción Iuris tamtun, no se establece la grave sospecha de lo anteriormente esbozado y evidenciado en el proceso que el imputado a través de su conducta y su restricción de la libertad por medio de una Medida Cautelar, no influirá en los testigos, víctimas o expertos, o se presuma se va a comportar desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia, así como no se presume que falsificará, destruirá, modificará u ocultará elementos de convicción.
En este sentido, corresponde al Juez de control, analizar basándose en lo anteriormente expuesto, la procedencia de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, por no configurarse los extremos de procedencia. Estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la privación de la Libertad, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Y constituyen la figura de las medidas cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma. Y en tal sentido, esta Juzgadora, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue. Siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede.
DISPOSITIVA
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, acuerda Medida Cautelar, prevista en el articulo 256 ordinal 3erol, de presentación periódica cada 30 días por ante la Unidad Receptora de documentos Penales y la del ordinal 6to Prohibición de acercarse a la victima, al ciudadano Otto Alberto Acosta, Cedula de Identidad Nº 14.301.115, 28 años de edad, de ocupación u oficio Licenciado en Educación Física, hijo Otto Olivares y Elisa Acosta, domiciliado en Caracas, El Paraíso Avenida Páez, residencias Atlas, Torre B apto. 30, y en Duaca Barrio Pueblo Nuevo carrera 15 con 12, casa Nº 2. teléfono: 0212 4727131 y Jesús Maria Jiménez Tovar, titular de la cedula de identidad Nº 7.433.612, ocupación albañil, de 38 años de edad, fecha de nacimiento 19 – 06 – 67, soltero, hijo de Amalia Tovar y Juan Jiménez, domiciliado en carrera 15 al final de la carrera 12, casa sin numero, Duaca Barrio Pueblo Nuevo, al frente de la bodega Maitandrea, de esta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, por la supuesta comisión del delito de Lesiones Personales en Riña, previsto y sancionado en el Articulo 427 del Código Penal. Y así se decide.
Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los dos (02) días del mes de Marzo de 2005. Cúmplase lo ordenado.
LA JUEZA TITULAR CUARTA DE CONTROL
ABG. LAURA ELIZABETH ADAMS CAMACHO
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