REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 30 de Marzo de 2005
194º y 146º
ASUNTO PRINCIPAL : KP01-O-2005-000094
Vista la solicitud de Habeas Corpus interpuesta por el Dr. Domingo Montes de Oca, IPSA 24057, en su carácter de Defensor Delegado del Pueblo del Estado Lara, en el que solicita se expida MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS a favor del ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 23, 26, 27, 280, 281, numerales 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Garantías Constitucionales; encontrándose actualmente detenido dicho ciudadano en la Comandancia General de la Fuerza Armada Policial del Estado Lara, a la orden de la Gobernación del Estado Lara. En virtud de lo expuesto por el mencionado accionante, este Tribunal ACORDO ABRIR LA CORRESPONDIENTE AVERIGUACION SUMARIA, y solicitar al Comandante de la Fuerza Armada Policial del Estado Lara; en ese sentido, esta Juzgadora a los fines de decidir observa:
PRIMERO: Se inició el presente recurso mediante escrito presentado por el Dr. Domingo Montes de Oca, IPSA 24057, en su carácter de Defensor Delegado del Pueblo del Estado Lara, en el que solicita se expida MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS a favor del ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774, quien se encuentra detenido desde el 24-03-05.
SEGUNDO: En fecha 28-03-2005, fue admitido el Recurso de Habeas Corpus, ordenándose aperturar la investigación sumaria conforme lo establece el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenándose oficiar a la Comandancia de la Fuerza Armada Policial del Estado Lara, a los fines de que informara sobre los motivos de la privación de libertad del mencionado ciudadano.
TERCERO: En fecha 29-03-2005 se recibió oficio PEL/SRCD/N°2222, emanado de la Fuerza Armada Policial, Comandancia General, informando que el ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774, ingresó a ese Recinto Policial, desde el día 24-03-05, a la orden de la Gobernación de este Estado, para ser sancionado de conformidad con los artículos 16, 18, 20, 33, 48 y 95 del Código de Policía Vigente.
El caso que motiva la presente acción de Amparo Constitucional (Habeas Corpus), es obvio que es la detención del ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774, la cual fue motivada por la comisión de alguna de las falta previstas en el Código de Policía del Estado Lara, específicamente, las contenidas en los artículos 18 y 20; es entonces evidente que, se está ante un supuesto distinto al de la detención preventiva, en razón de que la detención del citado ciudadano no está preordenada a un proceso penal y la misma se ha prolongado por un tiempo que excede en demasía al legalmente establecido para este tipo de detenciones (la preventiva). Se trata en cambio, de una detención policial autónoma, acordada al margen de un proceso penal, lo cual acrecienta sobremanera los poderes policiales.
Una detención policial de estas características no deja de suscitar serias dudas respecto de su licitud, sobre todo desde la perspectiva del principio de la reserva judicial o de reserva de jurisdicción. La policía no puede detener en ningún caso en el que el juez no pudiera detener.
Se trata, por lo demás, de medidas cuya eficacia real como instrumento de lucha contra la criminalidad es muy dudosa, y cuyo propósito primordial es crear en ciertos sectores de la sociedad la sensación de que está siendo garantizada la seguridad pública. Pudiera existir un estado de opinión conforme al cual ciertas actuaciones policiales restrictivas de derechos, pese a no ser defendibles desde las coordenadas de un Estado de libertades, son convenientes y deben mantenerse, aunque se sitúen al margen de la ley. Pero, al allanar el camino de esta idea, se quebrantaría el principio democrático, pues se delega a las instancias policiales y ejecutivas la decisión sobre las medidas que, aun limitando derechos fundamentales, deben ser adoptadas para mantener la seguridad pública.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44 Ordinal 1º establece: “ninguna persona puede ser arrestada o retenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti, en este caso será llevado ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso”.
El Hábeas Corpus se ha concebido como una figura para preservar la Libertad y la Seguridad Personal y el uso de ese Recurso Procesal se ha reservado para preservar la Libertad del ser humano y por lo cual el legislador en la estructura de la Ley estableció un Procedimiento sumarísimo y expedito a objeto de reestablecer la situación jurídica infringida en la persona que se encuentra privada de Libertad, determinándose por consiguiente, que si de la averiguación sumaria practicada al respecto surge que la detención carece de fundamento legítimo, bien por que fue dictada por un órgano incompetente o por que en la misma no se cumplieron los tramites y formalidades legales; es obligación del Juzgador aplicar y acordar seguidamente un mandamiento de Libertad del afectado, obligación esta que surge como un mandato Constitucional y siempre y cuando no se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley. Aquí vemos la preocupación del Legislador por aquel que ha perdido su Libertad, y su deseo de que pueda recobrarla de inmediato y a la vez se subsanen lo antes posible los errores cometidos, por ser esta ley de Orden público.
En el caso sub.-examine se está ante una privación de la libertad que bajo ningún aspecto se adecua a las normas constitucionales, así como a los postulados admitidos en los Convenios Internacionales suscritos por la República, considerando que las detención del ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774 efectuada por los funcionarios policiales adscritos a la Fuerza Armada Policial, no fue ordenada, ni efectuada al momento de la comisión de un flagrante delito, en cuyos casos debe procurarse dentro del tiempo constitucionalmente establecido, un pronunciamiento judicial, lo cual se traduce en que ha de solicitarse inmediatamente la intervención del juez competente. De tal suerte, es forzoso concluir que la detención del mencionado ciudadano a favor de quien se interpone la acción de amparo, fue practicada al margen de los preceptos constitucionales y, por ende, se traduce en ilícita, esto es, en una privación ilegítima de la libertad.
En consecuencia, este Juzgado estima procedente y ajustado a derecho la expedición de un MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS a favor del ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774, ordenando su inmediata libertad, y así se resuelve.
DISPOSITIVA
Por todas las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de Control, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley Declara Con Lugar el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por el Dr. Domingo Montes de Oca, IPSA 24057, en su carácter de Defensor Delegado del Pueblo del Estado Lara, a favor del ciudadano TORRES CASTELLANO JUAN GABRIEL, cédula de identidad N° 10.774.774, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 23, 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 1, 2 38 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Notifíquese de la Decisión al Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Publico del Estado Lara y al Defensor Delegado del Pueblo del Estado Lara. Consúltese esta decisión a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial en su oportunidad legal y conforme al artículo 43 de La Ley Orgánica sobre Garantías y Derechos Constitucionales. Publíquese. Cúmplase.
Abog. Astrid Liscano.
La Juez de Control N° 7
El Secretario
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