REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Barquisimeto, 05 de Mayo de 2.005
195º y 146º
En fecha 17 de Febrero de 2.005, los ciudadanos MARÍA TOMASA RODRÍGUEZ y CARLOS RAFAEL ORELLANA, suscribieron acuerdo alimentario ante la Defensoria Educativa “Comunidad Los Pocitos” de esta Circunscripción Judicial, en beneficio de los niños Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA
Rielan a los folios 04 y 05 copias simple de la Partida de nacimiento de los niños Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA.
Con las actuaciones antes narradas y mencionadas toca a esta Juzgadora dictar el pronunciamiento respectivo, previas las consideraciones siguientes:
PRIMERO: El artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, define la obligación alimentaría como un contenido de la Patria Potestad, la cual le compete a los padres en proveer todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño o adolescente que, en su condición de hijo, al no haber alcanzado su mayoría de edad, debe ser provisto en la satisfacción de sus necesidades fundamentales para su desarrollo integral. La obligación alimentaría; se constituye como un deber prioritario, fundamental, constitucional y supraconstitucional que deben cumplir los padres respecto a sus hijos en desarrollo; visto que, no puede concebirse la idea de engendrar un ser humano, destinarlo a nacer para posteriori desproveerlo de la satisfacción de sus necesidades y privarlo así, del goce y disfrute de un buen estado de salud física, moral e intelectual que lo conduzca a un ser pleno y apto para vincularse al mundo que lo circunda y del cual es parte.
En nuestra República la obligación alimentaría es garantizada y protegida en toda su extensión por el Estado quizás a través de distintos órganos sean jurisdiccionales, administrativos o sociales; se soslaya en la voluntad de preservar, socorrer y hacer cumplir este derecho ineludible e intransigible. El abrigo que propenden las Leyes Nacionales e Internacionales sobre la materia sólo se fundamentan en principios de igualdad, fraternidad, solidaridad, equidad y justicia que merece todo ser humano en crecimiento partiendo de la idea, de que éstos sujetos por su condición no pueden auto garantizarse la provisión adecuada y propia de sus recursos, por lo cual, dicha atención se traslada por deber natural a los padres. De la misma manera, para determinar la obligación alimentaría se requiere, según lo dispuesto en el artículo 366 de la referida norma, que sea determinada la filiación legal o judicialmente. En el caso bajo análisis, la filiación existente entre la niños Maryoris Carolina y Carlos Daniel, y los padres biológicos de estos quedó plenamente comprobada en la copia de las partidas de nacimiento, agregada al folio 04 y 05 de este expediente. Este Juzgado atendiendo a la comprobatoria documental preliminar y al acto de reconocimiento que obra en su contenido, señala que no tiene nada que referir sobre este particular, visto que con las partidas de nacimiento agregadas, se demuestra claramente la relación filiatoria que une a las partes, y que por ende generadora de obligación alimentaría a la cual se contraen los ciudadanos MARÍA TOMASA RODRÍGUEZ y CARLOS RAFAEL ORELLANA, en su condición de padres biológicos de los niños identificados plenamente. De las copias simples de las partidas de nacimiento, se observa la existencia física de los niños de autos en la vida civil; surge de ella la competencia de esta sala para conocer de la presente causa. Tienen pleno valor probatorio, siendo vinculante para la determinación de la filiación que relaciona a las partes dando lugar a la procedencia de la obligación alimentaría. Se estiman de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil.
SEGUNDO: En el presente caso, podemos observar que las partes acudieron a la Defensoria Educativa “Comunidad Los Pocitos” de esta Circunscripción Judicial, en la búsqueda de una solución amistosa, permitiendo que el resultado de la disputa emerja de las partes, utilizando para ello, uno de los medios alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación. Cabe destacar, que los mecanismos alternos de resolución de conflictos han sido reconocidos constitucionalmente como integrantes de nuestro sistema de justicia en nuestra Constitución de 1.999; y así mismo, se encuentran consagrados en la ley especial que regula nuestra materia. La conciliación puede definirse como un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto con la intervención de un tercero, logran superar la problemática; y éste facilita el entendimiento entre ellos, con el único fin, que surja de ellos la solución al mismo; lo cual conlleva a que las partes se sientan favorecidos con dicho acuerdo, manteniendo el principio ganar/ganar; tal como se contempla en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO: En el caso bajo estudio los ciudadanos MARÍA TOMASA RODRÍGUEZ y CARLOS RAFAEL ORELLANA, plenamente identificados acuden ante la Defensoria Educativa “Comunidad Los Pocitos” de esta Circunscripción Judicial, a los fines de suscribir acuerdo conciliatorio, en beneficio de sus hijos Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA , el cual se planteo en los términos siguientes:
Único: El padre suministrará a sus hijos la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES QUINCENALES (Bs. 45.000,00), por concepto de Obligación Alimentaria, los cuales serán depositados en la Cuenta de Ahorro signada con el N° 0108-2401-01-0200592839, del Banco Provincial, a partir del 01-03-2005.
Delimitadas las consideraciones precedentemente expuestas corresponde a esta Juzgadora decidir.
En mérito a las anteriores consideraciones, este Juzgado de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos MARÍA TOMASA RODRÍGUEZ y CARLOS RAFAEL ORELLANA. Seguidamente, se ordena que se tenga el acuerdo homologado como Sentencia Firme, haciendo saber a las partes de la presente causa que preindicado acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de la beneficiaria. En consecuencia: “Único: El padre suministrará a sus hijos la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES QUINCENALES (Bs. 45.000,00), por concepto de Obligación Alimentaria, los cuales serán depositados en la Cuenta de Ahorro signada con el N° 0108-2401-01-0200592839, del Banco Provincial, a partir del 01-03-2005. ”
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio N° 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los cinco (05) días del mes de Mayo de dos mil Cinco (2.005). Años: 195° y 146°.
La Juez de juicio N° 3
Dra. Carmen Elvira Moreno.
La Secretaria
Dra. Marielita Idrogo.
CEM/MI/merly
Asunto: KP02-S-2005-004951
Homologación de Obligación Alimentaria
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