TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA. Carora, 14 de Noviembre de 2.005. Años: 195º y 146º

Expediente Nº 7043-04
PARTES EN EL JUICIO:

DEMANDANTE: MIGUEL ALEXANDER MONTES DE OCA MOSQUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.695.214, de éste domicilio.
DEMANDADA: NORMA MARGARITA VELIZ ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.691.035, del mismo domicilio.
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO.

Por escrito de fecha 26 de Enero de 2.005, el ciudadano Miguel Alexander Montes de Oca Mosquera, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.695.214, de éste domicilio, asistido por el Abogado en ejercicio Leomar Simón Bastidas Bastidas, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 78.824, demandó a la ciudadana Norma Margarita Véliz Álvarez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.691.035, del mismo domicilio, por Divorcio, fundamentándose en la causal 2° del artículo 185 del Código Civil, es decir Abandono voluntario. Alega el actor que su cónyuge sin justificación alguna, desde el mes de Julio del año 2.004, comenzó a cambiar su comportamiento, dejando de cumplir con sus obligaciones conyugales, hasta que el día 29 de Diciembre de 2.004, abandonó el hogar conyugal, siendo inútiles las gestiones realizadas por familiares y amigos para que cambiara de actitud (folios 01 y 12) .
Admitida la demanda en fecha 01-02-04, se acordó el emplazamiento de ambas partes para que tuvieran lugar los Actos Conciliatorios del proceso, así como la contestación a la demanda, e igualmente se acordó la notificación del Fiscal VIII del Ministerio Público. Habiéndose dado por citada la demandada ciudadana Norma Margarita Véliz Álvarez en fecha 03-02-05, por diligencia de fecha 09-02-05, solicitó se decretare medida de embargo sobre bienes propiedad de la comunidad conyugal, decretándose en fecha 16-02-05, medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el 50% de los derechos correspondientes al demandante, sobre unas bienhechurías edificadas sobre un lote de terreno ubicado en la Av. Dr. Pastor Oropeza de esta ciudad. En fechas 21-03-05 y 06-05-05, se celebraron los Actos Conciliatorios, a los cuales asistió sólo la parte demandante, asistido de Abogado, dejándose constancia que no compareció la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderados, quedando emplazadas ambas partes para el acto de contestación a la demanda, el cual se verificó el día 13 de Mayo de 2.005, en cuya oportunidad compareció el demandante, asistido de Abogado, no así la parte demandada, de lo cual dejó expresa constancia el Tribunal. Abierto a pruebas el juicio ninguna de las partes ejerció este derecho, así como tampoco presentaron informes.
Este Tribunal para decidir observa:
La parte actora alega en su escrito de fecha 26-01-05, que contrajo matrimonio Civil en fecha 21 de Marzo de 2.003 con la ciudadana Norma Margarita Véliz Álvarez, pero que en el mes de Diciembre de 2.004 esta se marchó del hogar común, por lo que la demanda en divorcio, fundamentado en la causal 2da del artículo 185 del Código Civil: Abandono voluntario.
Así las cosas, tenemos que la demandada no dio contestación a la demanda en la oportunidad procesal para ello, y durante el debate probatorio la parte demandante nada probó que le favoreciera.

Ahora bien, nuestro proceso civil se encuentra regulado por el sistema dispositivo y el Juez como operador de justicia no puede llegar a una convicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino ateniéndose a lo alegado y probado en autos, conforme al contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
De allí que las partes tengan la obligación desde el punto de vista de sus intereses, no solo de afirmar los hechos en que se fundan sus pretensiones sino también probarlos, para no correr el riesgo de que, por no haber convencido al Juez de la verdad por ellas sometidas, sus hechos alegados no sean considerados como verdaderos en la sentencia y sufran el perjuicio de ser declarados perdedores.
Ello es lo que se conoce como la carga de la prueba y en ese sentido la Sala de Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, expresó:
“ Al atribuir la carga de la prueba la doctrina moderna atiende a la condición Jurídica que tiene en el juicio el que invoca el hecho denunciado, y no la cualidad del hecho que se ha de probar…”
Esa doctrina tiene su razón de ser en el artículo 1354 del Código Civil en concordancia con los artículos 254 y 506 ambos del Código de Procedimiento Civil, que aún cuando solo se refieren expresamente a la prueba de las obligaciones, deben entenderse como aplicables a las demás materias del Derecho. La sala de casación Civil, ha decidido que: “… La carga de la prueba depende de la afirmación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración, la demanda o excepción no resulta fundada. No es admisible como norma absoluta la vieja regla jurídica conforme a la cual los hechos negativos no pueden ser probados, pues cabe lo sean por hechos o circunstancias positivas contrarias..”
Cuando las partes apuntan al proceso todas las pruebas y con base a ellas el Juez forma su convicción que se ha de traducir en la sentencia sin que le queden dudas, no tiene ningún interés determinar a quien corresponde la carga de la prueba. El problema se presenta cuando llegado el momento de dictar sentencia, el juez se encuentra con que en los autos no hay suficientes elementos de juicio para convencerse de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, y ello porque en nuestro derecho el juez en ningún caso puede absolver la instancia. Es en ésta situación donde alcanzan una relevancia extraordinaria las reglas sobre la carga de la prueba, porque ateniéndose a ellas, el juez puede formarse en juicio afirmativo o negativo a la incertidumbre que rodea el caso sublime, en virtud de que esas reglas le señalan el modo de llegar a esa decisión.
Por otra parte la Sala de Casación Civil, ha ampliado el concepto de distribución de la carga de la prueba, estableciendo a cual parte corresponde la misma, según la actitud específica que el demandado adopte a las pretensiones del actor, distinguiendo los siguientes supuestos: a) Si el demandado conviene absoluta, pura y simplemente en la demanda; el actor queda exento de toda prueba; b) Si el demandado reconoce el hecho, pero le atribuye distinto significado jurídico, le corresponde al juez aportar el derecho; c) Si el demandado contradice o desconoce los hechos, y por tanto, los derechos que de ellos derivan, de manera pura y simple, sin aportar hechos nuevos, le corresponde al actor toda la carga de la prueba, y de lo que demuestre depende del alcance de sus pretensiones; y d) Si el demandado reconoce los hechos pero no con limitaciones, porque opone el derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo; le corresponde al demandado probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas.(CFA. Hernando Debis Echandia. Teoría General de La Prueba Judicial. Tomo I Pág. 393 a 518, Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 17-11-1.997 entre otras).

Realizadas las anteriores consideraciones, y estudiados los hechos en que quedó fundada la pretensión del actor así como la no promoción de pruebas por las partes durante la etapa probatoria; quien juzga llega a la conclusión de que la demanda no debe prosperar y así se decide.
Este Tribunal Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede Civil, declara SIN LUGAR la demanda de divorcio intentada por el ciudadano MIGUEL ALEXANDER MONTES DE OCA MOSQUERA contra la ciudadana NORMA MARGARITA VELIZ ALVAREZ, antes identificados; en consecuencia SE MANTIENE EL VINCULO CONYUGAL existente entre los mencionados ciudadanos, contraído por ante la Prefectura del Municipio Torres del Estado Lara, en fecha 21 de Marzo de 2.003, inserta bajo el N° 36, folio 36 frente, en uno de los libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ante ese Despacho. Expídase copia certificada por Secretaría y archívese.
Regístrese y Publíquese.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Carora, 14 de Noviembre de 2.005.- Años: 195º y 146º.
El Juez Titular,

Abg. RAFAEL ALBAHACA MENDOZA

El Secretario,

Abg. JOSE FERNANDO CAMACARO TOVAR

En ésta misma fecha se registró bajo el Nº 274-2.005, se publicó siendo las 10:30 a.m. y se expidió copia certificada para archivo.-
El Secretario,

Abg. JOSE FERNANDO CAMACARO TOVAR

Exp.Nº 7043-04.
mdeu/4.-