TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Barquisimeto, once (11) de agosto dos mil seis (2006)
196º y 147º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 092/2006
ASUNTO: KF01-X-2006-000060.
ASUNTO PRINCIPAL: KP02-U-2005-000439

Vista la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo, que cursa al folio 17, contenida en el escrito del recurso contencioso tributario, presentado en fecha 03 de noviembre de 2005 bajo el asunto Nro KP02-U-2005-000439, a través del cual se pide la nulidad absoluta de la Resolución No. SAT-GTI-RCO-600-378 de fecha 24 de mayo de 2005, notificada el 16 de agosto de 2005, emitida por la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Solicitud realizada por el ciudadano JHON PIER CHACON PERAZA, venezolano, abogado, titular de la cédula de identidad Nro. 10.230.974, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 55.125, actuando en su condición de Consultor Jurídico de la firma mercantil GAME TECH INVESTMENT, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Lara en fecha 09 de noviembre de 2.000 bajo el No. 43, Tomo 41-A, domiciliada en final Av. Lara, ala oeste de la planta alta, piso 2 del Restaurant Tiuna, Barquisimeto, Estado Lara, con Registro de Información Fiscal ( R.I.F. ) No. J-3009955-2; este Tribunal para decidir, constata:
Que el Recurso Contencioso Tributario es interpuesto por el Consultor Jurídico y consta en la copia del documento constitutivo-estatutario, que tiene facultades para ejercer la representación judicial de la firma recurrente GAME TECH INVESTMENT, C.A., por lo cual con base en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario pide la suspensión del acto administrativo impugnado por cuanto “… la ejecución pudiera causar graves perjuicios a mi representada, y la impugnación se fundamenta en la apariencia definitiva de buen derecho”.

Al respecto este Tribunal pasa a analizar y conocer de la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado a tenor de lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario y conforme al criterio contenido en la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que más adelante se plasma, sin entrar a decidir sobre el fondo del asunto, lo cual se hará en la definitiva y en tal sentido, observa:

El artículo 263 del Código Orgánico Tributario, contempla los presupuestos procesales para la suspensión de los efectos del acto administrativo, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 263: La interposición del Recurso no suspende los
efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de
parte, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los
efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución
pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la
impugnación se fundamentare en la apariencia de buen
derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la
suspensión total o parcial de los efectos del acto procederá
recurso de apelación, el cual será oído en el solo efecto
devolutivo…” (Subrayado de este Tribunal).

Del contenido de la citada norma se determina que no hay suspensión automática de los efectos del acto recurrido con la sola interposición del recurso contencioso tributario y para que ello ocurra, es necesario que el interesado solicite al Tribunal la suspensión de los efectos del acto con base en los supuestos de procedencia, los cuales son: 1.- El peligro de que la ejecución del acto pueda causar daños graves o de difícil reparación al interesado (periculum in damni), lo cual debe demostrar el interesado, señalando hechos o circunstancias concretas y aportando elementos probatorios que le permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño, y 2.- Si la impugnación se basa en la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), para lo cual no sólo basta la simple afirmación del interesado, lo cual haría inútil lo establecido en la norma, sino que por el contrario, el juez debe apreciar la existencia de un derecho que pueda ser verosímil, por cuanto en sede cautelar no puede esta juzgadora efectuar juicios de certeza, sino de verosimilitud en cuanto a las denuncias que fundamentan el fumus boni iuris.

Asimismo de la interpretación literal de la norma transcrita pudiera considerarse que los citados presupuestos son alternativos, sin embargo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido en varios fallos que ambos son concurrentes. Ello se puede determinar en sentencia 00607 del 03/06/2004, caso: Deportes El Marquéz, C.A., ratificado dicho criterio en sentencias 00737 del 30/06/2004, caso: Mercedes Benz Venezuela, S.A. y 011023 del 11/08/2004, caso: Agencias Generales Conaven, C.A., donde ha expresado que:

“…las medidas cautelares de suspensión de efectos del acto administrativo tributario, se dictan cuando ellas sean necesarias…

Esta actividad preventiva de las medidas cautelares en el contencioso tributario, a diferencia de otros procesos, no está dirigida a asegurar las consecuencias de la sentencia futura del proceso principal, por el retardo en el mismo, sino que por el contrario, busca suspender los efectos de un acto administrativo cuya ejecución inmediata pueda causar graves daños, razón por la cual en este caso, debe hablarse de peligro de daño o periculum in damni… Vale decir que el peligro aquí no se identifica
porque quede ilusoria la ejecución de un futuro fallo, sino por la debida comprobación por parte del juez de que la ejecución inmediata del acto administrativo tributario pueda causar un daño grave e inminente al contribuyente.

En cuanto a la exigencia del fumus boni iuris, es decir, de la probable existencia de un derecho, del cálculo o verosimilitud de que la pretensión principal será favorable al accionante, dicho requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del accionante, sino que debe acreditarse en el expediente.

Por otra parte, debe aclararse que el acto administrativo tributario cuya suspensión se pide ante el órgano jurisdiccional, se presume dictado con apego a la ley, es decir que … goza de una presunción de legalidad, al ser dictado por órganos o entes públicos que poseen competencias y atribuciones contempladas en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa tributaria.

….la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto… debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de grave daño en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario.

En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto … con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.

Entonces al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado,… debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo cual no puede hablarse … de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados … para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, debe verse en forma conjunta y no sosteniendo que indistintamente la existencia de cada uno, por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal.

Conforme a lo expuesto, esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados, y en tal sentido entender de la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario…el juez contencioso tributario debe tener presente que para dictar el decreto cautelar, no bastan las simples alegaciones sobre la apariencia de un derecho, o sobre la existencia de un peligro grave que lesione los intereses del impugnante; sino que dichos requisitos deben acreditarse en el expediente a través de hechos concretos que permitan verificar la certeza del derecho y que el peligro sea grave, real e inminente…”. (Negrillas de este Tribunal Superior)

En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la sentencia, ya citada, dio por sentado la exigibilidad de la concurrencia en cuanto a los supuestos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario, previstos en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario vigente, es decir, que el periculum in damni y el fumus boni iuris deben darse en forma conjunta, acreditados “… en el expediente a través de hechos concretos …” para que el Juez Contencioso Tributario decrete la medida cautelar.

Ahora bien, este Tribunal pasa a verificar si se han configurado en la presente causa, los dos requisitos concurrentes ya señalados. En tal sentido, constata que la recurrente sólo alegó respecto al requisito relativo al periculum in damni, que la ejecución del acto le “…pudiera causar graves perjuicios…”.

Este Tribunal considera que la argumentación planteada no aporta elementos que permitan a esta Juzgadora, ejercer el poder cautelar, sólo hay referencia a un eventual perjuicio que se causaría. El planteamiento del periculum in damni fue realizado en forma genérica, no está referido a una situación jurídica concreta, que permitiera a este Tribunal determinar la existencia de la presunción grave del daño que de manera actual o inminente se produjera, lo cual ameritaría la suspensión de los efectos del acto impugnado; asimismo, no se evidencia de las actas que conforman el expediente, prueba alguna de la existencia de dicho daño en la esfera patrimonial de la recurrente, por cuanto no basta alegar, como así lo ha sostenido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que se le puede causar graves perjuicios irreparables o de difícil reparación, o que existe un peligro inminente en la producción de un daño con la ejecución inmediata del acto recurrido, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en quien juzga, la convicción o al menos una presunción grave, de la existencia de dicho peligro, por lo tanto, estaba obligada la recurrente a demostrar que la ejecución del acto impugnado, podrían causarle un daño inminente, bien porque con la merma de activos podría paralizarse su actividad comercial, o bien porque puede presentarse una situación de insolvencia o desbalance financiero, para todo lo cual existen medios técnicos y contables idóneos a tales efectos, lo cual no existe en autos; en consecuencia, como quiera que la recurrente no demostró el daño inminente invocado, siendo necesaria la concurrencia de los dos (2) extremos legales contemplados en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, para que proceda la suspensión de los efectos del acto administrativo, este Tribunal Superior considera inoficioso entrar a analizar el otro requisito relativo al fumus boni iuris. Así se decide.

DECISIÓN

En virtud de las razones expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución No. SAT-GTI-RCO-600-378 de fecha 24 de mayo de 2005, notificada en fecha 16 de agosto de 2005, emitida por la DIVISION DE FISCALIZACION DE LA GERENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), cuya solicitud fue realizada por la firma mercantil GAME TECH INVESTMENT, C.A, en la oportunidad de la interposición del Recurso Contencioso Tributario, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.

Notifíquese a la parte recurrente y asimismo se ordena que mediante oficio se notifique de la presente decisión, a la Procuraduría General de la República y a la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, el día once (11) del mes de agosto del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Jueza,

Dra. María Leonor Pineda García.

El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

En horas de despacho del día de hoy, once (11) de agosto del año dos mil seis (2006), siendo las dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde (02:49 p.m.), se publicó la presente decisión.

El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

ASUNTO: KF01-X-2006-000060.
ASUNTO PRINCIPAL: KP02-U-2005-000439.
MLPG/FM.-