REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL ASUNTO: KP01-P-2005-013892 Barquisimeto, 20 de Enero de 2006 Años 195° y 146° FUNDAMENTACIÓN MEDIDA CAUTELAR ( 256 º3 C.O.P.P.) PROCEDIMIENTO ORDINARIO (280 C.O.P.P.) Corresponde a este Tribunal, fundamentar la MEDIDA CAUTELAR señalada en el artículo 256 del Código Orgánico procesal Penal, acordada en Audiencia en fecha 26 de Diciembre de 2005, a favor del ciudadano GIOVANNY SANCHEZ ARIAS, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.850.863 de 25 años, nació el 29 de Diciembre de 1979, en la Ciudad de Los Teques Estado Miranda, estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, hijo de Alba Lucia Arias y Hernando Sánchez, residenciado en Av. Principal José Félix Rivas, calle Maracay, casa N° 4-16, cercano al Frigorífico Oporto, Barquisimeto Estado Lara, A tal efecto se observa: Una vez llegada las actuaciones a la Fiscalía, solicitó al Tribunal de Control, se decretara MEDIDA CAUTELAR, establecidos en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito así mismo se ordene, la continuación de la presente causa por las disposiciones del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo pautado en el articulo 280 Ejusdem, por el delito de Cambio Ilícito de Placas, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos. Ahora bien, en la oportunidad de la Audiencia Oral, en fecha indicada una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición del imputado, GIOVANNY SANCHEZ ARIAS, quien una vez impuesto del precepto Constitucional contenido en el articulo 49, ordinal 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además del 125 y 131 del Código Orgánico procesal Penal; así como del uso contenido y alcance de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, se le preguntó si estaba dispuesto a declarar, a lo que manifestó su voluntad de declarar y expuso: “manifestó querer acogerse al precepto constitucional y le cede el derecho de palabra a su defensa, es todo”. La Defensa por su parte expuso comparte la solicitud fiscal, es todo”. A LOS FINES DE DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA Quedando reconocido el Derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales están desarrollados a su vez en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, normas estas fundamentadas en el Principio de que la Regla en este Sistema Procesal Penal Venezolano, es la Libertad y la Excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario decretar una Medida Privativa de Libertad, observándose además que este ciudadano tiene un domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de Fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal Acusatorio, Principios tales como el de Afirmación de Libertad y Presunción de Inocencia, no llenos los extremos excepcionales para la procedencia de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, aún cuando materializado lo relativo a la existencia de un hecho punible, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho investigado, no se acredita la existencia en este caso del peligro de fuga y el de Obstaculización, ya que se evidencia que este ciudadano tienen arraigo en el país, tiene un domicilio estable y conocido, no evidenciándose condiciones económicas y de oportunidad para huir del país y evadir en consecuencia el proceso. En este sentido, corresponde al Juez de control, analizar basándose en lo anteriormente expuesto, la procedencia de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, por no configurarse los extremos de procedencia, estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la Privación de la Libertad, los Principios de Legalidad, Excepcionalidad y Proporcionalidad, y siendo que constituyen la figura de las Medidas Cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma, este Juzgador, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue, siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede. DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, pasa el Tribunal a pronunciarse en razón del procedimiento y la medidas en los siguiente términos. PRIMERO: Se acuerda proseguir la causa por el Procedimiento Ordinario, conforme al artículo 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad solicitada por el fiscal pues quien juzga considera no están llenos concurrentemente los extremos del 250 Código Orgánico Procesal Penal; por lo que se impone medida cautelar conforme al ordinal 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es la obligación de presentarse cada 8 (ocho) días ante Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a partir del 09-01-06 y la prohibición de salir del estado Lara y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del Tribunal líbrese la correspondiente boleta de libertad, Y Así Se Decide. Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los veinte (20) días del mes de Enero de 2006. Cúmplase lo ordenado; Regístrese, Publíquese y Notifíquese a las partes. EL JUEZ CUARTO DE CONTROL ABG. LUIS ALFONSO MARTINEZ LA SECRETARIA