TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veinte de febrero de dos mil seis
195º y 147º

ASUNTO : KP02-V-2005-002767

PARTE ACTORA: JULIETTE LEAÑEZ CABRAL y MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO, venezolanos, mayores de edad, Abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad No. 9.485.297 y 7.347.865 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los No. 44.389 y 31.267.

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: No constituyeron.

PARTE DEMANDADA: ANGELA CUARTIN ARMAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 740.951, de este domicilio.

APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NELIDA COROMOTO SOSA SANCHEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 102.155.

SENTENCIA: DEFINITIVA EN JUICIO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR VÍA PRINCIPAL.

Se inició el presente de Cobro de Honorarios Profesionales por Vía Principal en fecha 28/07/2005, por los abogados JULIETTE LEAÑEZ CABRAL y MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO, venezolanos, mayores de edad, Abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad No. 9.485.297 y 7.347.865 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los No. 44.389 y 31.267 contra la ciudadana ANGELA CUARTIN ARMAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 740.951, con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Abogados, por las actuaciones extrajudiciales que realizaron para la defensa de los derechos de propiedad, posesión y dominio sobre los terrenos que tiene la intimada en la Hacienda La Mora, Municipio Palavecino del Estado Lara, las cuales discriminaron y en su conjunto representan un valor de Bs. 253.000.000. En fecha 05/10/2005 se admitió la demanda. El 10/10/2005 la parte actora introdujo reforma de la demanda, la cual fue admitida en fecha 26/10/2005 por el procedimiento intimatorio. El 03/11/2005 el Alguacil consignó boleta de notificación a la intimada. El 07/11/2005 la parte actora solicitó reponer la causa al estado de nueva admisión por el procedimiento breve, por estar basado en el artículo 22 de la Ley de Abogados. El 10/11/2005 el Tribunal repone la causa al estado de nueva admisión por los trámites del juicio breve. El 11/11/2005 se admite la demanda por el procedimiento breve. El 21/11/2005 la demandada ANGELA CUARTIN ARMAS, asistida por la abogada NELIDA C. SOSA, de Inpreabogado No. 102.155, presentó escrito oponiendo cuestiones previas, la prevista en el artículo 346, 1° del Código de Procedimiento Civil. En fecha 08/12/2005 se dictó sentencia interlocutoria declarando sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada, ordenándose notificar a las partes. El 15/12/2005 la demandada presenta escrito de contestación a la demanda y se acogió al derecho de retasa. El 17/01/2005 la parte actora se dio por notificada de la decisión. El 06/02/2005 se agregaron y admitieron las pruebas promovidas por la parte actora. El 13/02/2005 se difirió la publicación de la sentencia para el quinto día de despacho siguiente. Llegada como ha sido la oportunidad para decidir, pasa este Juzgado a hacerlo y para ello observa:

PRIMERO: Alega los abogados intimantes que estiman e intiman sus honorarios profesionales por las actuaciones extrajudiciales desplegadas a favor de los intereses de la demandada ANGELA CUARTIN ARMAS y la alícuota que le corresponde pagar es la cantidad de Bs. 253.000.000, los cuales discriminaron; por las actuaciones extrajudiciales realizadas para la defensa de sus derechos de propiedad, posesión y dominio sobre los terrenos que tiene en la Hacienda La Mora, Municipio Palavecino del Estado Lara. Que las actuaciones extrajudiciales estimadas e intimadas fueron realizadas en nombre de tres personas naturales distintas e independientes como lo son ANGELA CUARTIN, MANUEL LEAÑEZ y YOLANDA LEAÑEZ, causando honorarios profesionales por la cantidad de Bs. 759.000.000, que equivlante al 2,3% del valor de los terrenos propiedad de sus representados, avaluados judicialmente mediante fórmula aplicada a la totalidad de los terrenos en treinta y tres mil millones de bolívares (33 Millardos), lo que no supera el 30% del valor de lo defendido extrajudicialmente, generando para cada uno de ellos en forma individual honorarios profesionales de Bs. 253.000.000. Que demanda a ANGELA CUARTIN ARMAS por haber sido la única que se negó a cancelarle los honorarios profesionales de mutuo y amistoso acuerdo. Que el monto intimado de Bs. 253.000.000 comprende únicamente la fracción o alícuota que le corresponde pagar a la intimada ANGELA CUARTIN ARMAS por concepto de honorarios profesionales causados y estimados por las actuaciones extrajudiciales realizadas por ellos en la defensa de sus intereses y derechos. Que es por la que la demandan para que convenga en cancelar o en su defecto a ello sea condenada por el Tribunal, fundamentando la acción en el artículo 22 de la Ley de Abogados.

SEGUNDO: establecido el punto anterior, debe este Juzgado considerar el contenido del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil cuyo texto es el siguiente:

SIC: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquél lapso, ateniéndose a la confesión del demandado”…

En el presente caso, se configuró el supuesto de hecho previsto en la norma antes citada: la demandada no compareció a dar contestación al fondo de la demanda en la oportunidad debida, es decir el 19 de enero de 2006, por haber sido ordenado en sentencia interlocutoria de cuestiones previas se notificara a las partes de la decisión, quedando notificada la parte demandada el 15/12/2005, en cuya oportunidad presentó escrito de contestación y la parte actora quedó notificada el 17/01/2006, de tal modo que debe establecerse contra la intimada, la presunción iuris tantum de la confesión, la cual implica una aceptación de los hechos expuestos en la demanda, siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte, y por otra, nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso. Y así se establece.

La confesión es una directriz para el Juez al invertir la carga probatoria en contra del demandado, es tácita y es desvirtuable en el debate probatorio, si bien el contumaz tiene una gran limitación en este sentido: no podrá defenderse con alegaciones, hacer contraprueba a los dichos del accionante que hayan debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante.

En cuanto al sentido y alcance del segundo requisito de procedencia de la confesión ficta, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 03/11/1.993, caso: JOSÉ OMAR CHACÓN contra MAURA JOSEFINA OSORIO DE FORTOUL, estableció:

SIC: “... La Sala acogiendo la posición del Maestro Arminio Borjas en la materia, y que el legislador de 1916 y 1986 adoptó en los artículos 276 y 362 del Código de Procedimiento Civil, ha sostenido que el demandado confeso puede hacer la contraprueba de los hechos alegados en el libelo, por aquello de que “se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca”. Esta última frase, como la Sala señaló en su decisión del 30 de octubre de 1991, se ha interpretado que es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, o hacer la contraprueba de los hechos alegados en la demanda, los cuales en virtud de la confesión operada están amparados por la presunción iuris tantum. ...”

En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 06/05/1.999, con ponencia del Magistrado DR. ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, caso: W.A. DELGADO contra C.A. NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, estableció:

SIC: “... En la jurisprudencia de la Sala en forma reiterada, se ha expresado que el análisis que debe hacer el Juez acerca de que la demanda no sea contraria a derecho, debe hacerse sin examinar su procedencia en virtud de las leyes del derecho debe hacerse sin examinar su procedencia en virtud de las leyes del fondo, pues lo que debe constatar es si el ordenamiento concede tutela jurídica a la pretensión, ya que lo contrario podría conducir al Juez a asumir el papel de la parte.
Si bien es cierto que la discusión sobre el alcance del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ha señalado que la existencia dentro del material probatorio de un elemento de convicción que desvirtúe los hechos narrados en el libelo de la demanda, puede ser considerada para analizar la veracidad de los hechos expuestos en el libelo. Esta referencia, no permite la posibilidad, como ha sido indicado por la doctrina de la Sala, de verificar la existencia en el material probatorio de un hecho que sea el presupuesto de excepciones que debían ser alegadas en el libelo de demanda, pues constituyen hechos nuevos que el actor ignoraría hasta después de concluido el término de promoción de pruebas. De lo contrario, se incurriría en el error de suplir argumentos que la parte debía haber realizado en la contestación. ...”

Ratificando el anterior criterio, la Sala Político-Administrativa, en sentencia de fecha 02/12/1.999, con ponencia de la Magistrada DRA., HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ, caso: GALCO C.A. contra DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A., estableció:

SIC: “... De acuerdo con la norma anteriormente transcrita, la confesión ficta procede sólo cuando el demandado hubiere omitido dar contestación a la demanda y cuando no hubiere promovido algo que le favorezca dentro del lapso de Ley; requiere además el Código que la petición del demandante no fuere contraria a derecho. En otras palabras, la confesión no se produce por el simple hecho de omitir dar contestación a la demanda, sino que se requiere de la falta de prueba de ese “algo que le favorezca” al demandado contumaz.
El problema radica en determinar con precisión el significado de la frase legislativa algo que le favorezca, ya que en un primer término pareciera que se está frente a una especie de concepto indeterminado. No obstante, para la Sala el probar algo que le favorezca al demandado contumaz, significa la demostración de la inexistencia, falsedad o imprecisión de los hechos narrados en el libelo, o la demostración del caso fortuito o fuerza mayor que impidió al demandado dar contestación a la demanda. En este orden de ideas, estima la Sala que esas son las únicas actividades que puede desplegar el demandado contumaz, mas no podría, como se evidencia del texto del artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, alegar hechos nuevos, contestar la demanda, reconvenir ni citar a terceros a la causa. ...”

TERCERO: en cuanto al requisito que la pretensión de la parte actora no sea contraria a derecho, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia hoy: Tribunal Supremo de Justicia, desde tiempos inmemoriales ha sostenido el siguiente criterio:

SIC: “...En efecto, conforme enseñó el connotado procesalista venezolano, ya fallecido, Luis Loreto: La cuestión de derecho que se plantea en todo proceso, se presenta lógicamente en primer término al examen y consideración del juzgador. Siendo el derecho subjetivo invocado como fundamento de la acción y cuya tutela se solicita en juicio, el efecto jurídico de una norma abstracta que se hizo concreta mediante la realización de un hecho jurídico, es manifiesto que en el proceso lógico que ha de recorrer el sentenciador, la cuestión de la existencia de esa norma invocada no existe absolutamente, mal puede pretender el actor derivar de ella un efecto jurídico concreto (derecho subjetivo). Tanto la demanda como la sentencia se puede concebir esquemáticamente como un silogismo, en el cual la norma jurídica constituye la premisa mayor, el hecho jurídico el término medio, y la conclusión el efecto jurídico que de la mayor se deriva a través del término medio.” (Cfr. Sala de Casación Civil, sentencias de fechas veintiséis de septiembre de 1979, veinticinco de junio de 1991, doce de agosto de 1991, entre otras).

En este mismo orden de ideas, el Dr. Luis Loreto, en su obra “Ensayos Jurídicos”, paginas 219 y siguientes, dejó sentado el siguiente criterio, compartido por quien sentencia:

SIC: “... Si la norma jurídica invocada expresa o tácitamente por el actor en la premisa mayor no existe absolutamente, o existe con un contenido jurídico completamente distinto del invocado, es inútil buscar si ella ha llegado a hacerse concreta, tal como se afirma en la premisa mayor, y el efecto que predica la conclusión no ha podido realizarse, la demanda es infundada absolutamente en derecho. En este caso, es jurídicamente imposible que surja un derecho subjetivo o pretensión, por carencia de norma que garantice el interés afirmado por el actor que la acción tiende a proteger”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, es posible concluir que una pretensión se tiene como contraria a derecho cuando el derecho subjetivo cuya reclamación se contiene en el petitum no resulta apoyado por la causa petendi que esgrime el demandante, debido a que ninguna norma legal sustantiva le asigna al supuesto de hecho alegado en el libelo, la consecuencia jurídica que en su favor aspira extraer el demandante.

En el presente caso, los intimantes promovieron y reprodujeron el valor probatorio de las documentales que cursan a los folios 6 al 397 del expediente contentivos de Petición ante el Sindico del Municipio Palavecino con el respectivo Informes emanado de la Sindicatura Municipal de fecha 07/01/2001 (f. 13 a 34); Tradición Documental de la Hacienda La Mora desde 1830 hasta 1961, Inscripción de Predios en el Registro en el Registro de Propiedad Rural; Gestión de Arreglo Extrajudicial; Denuncia ante la Comisión Regional para atender las ocupaciones indebidas con el pronunciamiento Oficial emanado de la Comisión (f. 36 a 104); Solicitud de Acto Administrativo ante la Gobernación del Estado Lara de fecha 16/11/2001, Desalojos Administrativos de las Invasiones existentes, tomas fotográficas de los desalojos, recibos de gastos (f. 106 a 188); Decisión emanada del Consejo de Derechos del Niño y el Adolescente del Municipio Palavecino de fecha 14/03/2002; Denuncia y solicitud de desalojo interpuesta ante el Consejo Legislativo del Estado Lara de fecha 30/04/2002; Solicitud de Desalojo ante la Gobernación, Informe Técnico emanado del MARNE dirigido a la abogado Juliette Leañez, tomas fotográficas certificadas y originales tomadas por la abogado Juliette Leañez (f. 191 a 232); Denuncia ante el Instituto Nacional de Tierras de fecha 03/05/2002; Denuncia ante el Ministerio de Producción y El Comercio de fecha 03/05/2002; Denuncia ante el Fiscal Danilo Anderson de fecha 16/05/2005; Denuncia ante el Ministerio del Ambiente de fecha 03/05/2002 (f. 234 a 292); Denuncia ante la Oficina de Planificación Urbana de fecha 06/08/2002; Denuncias antes Enelbar e Hidrolara de fechas 24 y 25/07/2002 (f. 294 a 298); Solicitud de Pronunciamiento Oficial ante el Instituto Nacional de Tierra Región Lara de fecha 06/08/2002; Denuncia ante la Gobernación del Estado Lara en fecha 17/10/2002; Solicitud de Acto Administrativo de Desalojo de Invasores de fecha 14/11/2003 (f. 300 a 325); Daciones en Pago y Cesión de Créditos Litigiosos contentivos de la Cancelación de Honorarios por parte de los ciudadanos MANUEL LEAÑEZ y YOLANDA LEAÑEZ (f. 328 a 341); Avalúo de Partición sobre terrenos de la Hacienda La Mora (f. 342 a 383); Ventas realizadas por la intimada por 6.730 Mts2 por un valor de Bs. 96.000.000 (f. 385 a 387); documentos que se valoran de conformidad con la regla contenida en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil y hace plena prueba de los hechos alegados por la parte actora y así se establece.

CUARTO: verificado como ha sido el punto anterior, y dado que la parte demandada no dio contestación a la demanda en el lapso procesal, ni enervó con los medios de prueba admisibles por la ley, la acción del demandante, resulta procedente aplicar la consecuencia prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, la admisión de los hechos contenidos en el libelo, de tal suerte que la pretensión en él contenida debe declararse procedente y así se establece.

igualmente resulta procedente el ajuste monetario de los montos que se condene pagar, habida cuenta que la inflación, como hecho notorio, permite establecer que la depreciación de la moneda causa un daño al acreedor y que este daño debe ser reparado mediante la indexación monetaria, para cuyo cálculo se procederá a realizar experticia complementaria del fallo, teniendo presente los índices del Banco Central de Venezuela desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha en que se realice la experticia y así se decide.

DECISIÓN

En mérito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA CON LUGAR EL DERECHO DE LOS INTIMANTES A COBRAR HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES en el presente juicio de COBRO DE HONORARIOS seguido por JULIETTE LEAÑEZ CABRAL y MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO contra ANGELA CUARTIN ARMAS, todas identificados en autos. En consecuencia se condenada a la intimada ANGELA CUARTIN ARMAS en cancelar a los abogados intimantes la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 253.000.000), por concepto de honorarios profesionales derivados de las actuaciones extrajudiciales desplegadas a favor de los intereses de la intimada y la alícuota que le corresponde pagar en la defensa de sus derechos de propiedad, posesión y dominio sobre los terrenos que tiene en la Hacienda La Mora, Municipio Palavecino del Estado Lara.
Se acuerda indexar el saldo adeudado, mediante experticia complementaria del fallo, teniendo presente los índices inflacionarios que aporta el Banco Central de Venezuela desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que ser realice la experticia. Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE. REGISTRESE. DEJESE COPIA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veinte días del mes de febrero de dos mil seis. Años 195° y 147°. *maria elisa*
La Juez Suplente

MARILUZ JOSEFINA PEREZ
La Secretaria

MARIA FERNANDA ALVIAREZ ROJAS

En la misma fecha se publicó siendo las 03:30 p.m. y se dejó copia.
La Sec.