TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones
TRUJILLO, 25 de Julio de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2005-001098
ASUNTO : TP01-R-2006-000059

APELACION DE AUTO
PONENTE : DRA. RAFAELA GONZALEZ CARDOZO

Se recibieron las presentes actuaciones procedentes del Juzgado de Control N° 06 de Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, con motivo del recurso de apelación de auto interpuesto por el ciudadano JOSE DOMINGO LEMUS, venezolano, comerciante, titular de la cédula de identidad Número V.- 5.765.563, con domicilio en la ciudad de Trujillo y asistido en la presente causa por el Abogado en Ejercicio VICENTE ALFONSO CONTRERAS BOCARANDA, titular de la cédula de identidad N° V- 2.468.220, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 5.302, domiciliado en la ciudad de Trujillo, quienes apelan de la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 06 de este Circuito Judicial en fecha 10 de mayo de 2006 en la causa N° TP01-P-2005-001098 donde condena al ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVAEZ MORENO, venezolano, mayor de edad, de 32 años, nacido en fecha 8 de Mayo del año 1974, natural de Mérida Estad Mérida, hijo de María Dulce Moreno y Cruz Rafael Narváez , ocupación ingeniero electrónico, soltero, domiciliado en la Morita, detrás los servicios cooperativos o Edificio Fundasalud, quinta Socorrito, última casa de fachada de piedras, a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS, UN (1) MES y QUINCE DIAS (15) DE PRISION por la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 409 segundo aparte del Código Penal Vigente en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de BANY JOSE MERCADO y EDUARD JOSE LEMOS.

El presente asunto fue recibido en este Tribunal Colegiado en fecha:20 de junio del año 2006, correspondiéndole la ponencia al Juez Nelson Troconis Parilli; fue admitido el recurso interpuesto en la oportunidad del 26 del mismo mes y año.. En fecha 17 de julio del año 2006 el Juez Nelson Troconis Parilli manifestó que existía causal de inhibición en su persona, que le impedía conocer el recurso propuesto, la inhibición planteada fue decidida el día 18 de julio del presente año, por el ciudadano Juez Presidente de la Corte de Apelaciones, como Juez Dirimente, quien declaró con lugar la inhibición planteada. En fecha 18 de julio del presente año se procedió a convocar al Juez Abogado Antonio Moreno Matheus a los fines de constituir la Sala Accidental que conocería el asunto, el cual manifestó su aceptación, constituyéndose la Sala el día 19 de julio del presente año, realizándose el correspondiente sorteo en el que resultó asignada la ponencia a, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, Juez Rafaela González Cardozo.

DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACION, DE LA CONTESTACIÓN DADA POR LA DEFENSA, DEL AUTO RECURRIDO Y DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA PRESENTE DECISION.

a.- Del Recurso de Apelación interpuesto por la víctima ciudadano JOSE DOMINGO LEMUS.
Plantea la víctima recurrente, ciudadano JOSE DOMINGO LEMUS en el escrito contentivo del recurso de apelación que..... “en la causa número: TP01-P-2005-1098 el Tribunal..... condenó al ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVAEZ MORENO a cumplir la pena de dos (2) años un (1) mes y quince (15) días de prisión por el delito de Homicidio Culposo Agravado previsto en el artículo 409 del Código Penal en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de EDUAR JOSE LEMUS GUDÑO y BANY JOSE MERCADO DABOIN, causa en la cual figuro como victima por ser padre del fallecido EDUAR JOSE LEMUS GUDIÑO. Por tener en este proceso la condición antes dicha y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1. y 5. del articulo 447 del Código Orgánico Procesal Penal”

Prosigue señalando la víctima en su escrito contentivo del recurso de apelación que....” Señala el COPP en su articulo 173 que: “ Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación”. De conformidad con la norma citada el juez de autos que dicte (sic) debe explicar las razones que lo llevaron a tomar la determinación, es decir, debe convencerse y convencer, en otras palabras explicar de manera detallada cuales son los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó su decisión, en nuestro caso el Tribunal señala expresamente:
“observa el tribunal que de las actas procesales no existen ninguna duda de que la intención del imputado no fue dar la vuelta en “U” lo cual agravaría su responsabilidad y esta determinación la realiza el tribunal basado tanto en el croquis definitivo como en lo precroquis elaborado por el funcionario de transito e igualmente por el informe técnico elaborado por el funcionario José Luis Pino, es decir, el imputado estaba haciendo una maniobra permitida sin embargo no es menos cierto que no tomo las precaucione necesarias para realizar ese giro en “L” desde la avenida José Felipe Cañizales hasta el sector la morita, este hecho de no tomar dichas precauciones es uno de los factores que desencadenan los lamentables hechos pero a su vez del mismo impacto y del arrastre que sufrió el vehículo motocicleta se puede evidenciar por lo pequeño del mismo en primer lugar que l imputado no iba a exceso de velocidad y en segundo lugar de acuerdo al dicho de todos los testigos tanto presénciales como referenciales tampoco se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas lo cual a pesar de su falta de previsión en el momento de realizar la maniobra es un hecho que debe tomar en cuenta el tribunal para graduar la culpabilidad y por tanto la pena a aplicar, también ha de tomarse en cuenta que lamentablemente el tripulante del vehículo motocicleta también cometió ciertos hechos imprudentes como lo es el hecho cierto de no portar casco y no cumplir con los requisitos previstos en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Transito Terrestre por lo tanto existe cierta responsabilidad de la victima en el fatal desenlace lo que la doctrina llama el hecho de la victima situación que el tribunal debe tomar en cuenta para establecer la pena aplicar en cuanto a la simetría penal debo señalar que el articulo 409 en su encabezamiento y Ens. Primer aparte establece un termino mínimo de seis meses de prisión como pena y un termino máximo de ocho años en virtud de lo anteriormente señalado por el tribunal de que el imputado hizo la maniobra sin tomar las previsiones debidas pero a su vez no circulaba a exceso de velocidad no bajo ingerencia alcohólica y coexistiendo el hecho de la victima es por lo que el considera que se debe aplicar el termino medio entre el quantum mínimo de la pena el máximo”

Agrega el recurrente que.....En concepto del tribunal el hoy condenado no iba a exceso de velocidad y en segundo lugar, de acuerdo a los testigos presénciales y referenciales tampoco se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, Para motivar su decisión el Juez de Control debió señalar cuales son los testigos presenciales y los referenciales, ello para saber cual fue el motivo que lo llevó a esa determinación. No señala el juez ni el nombre de los testigos ni siquiera mención alguna de lo dicho por ellos, todo quedó en su intelecto cuando su obligación es verter su conocimiento en la decisión para que ésta se afiance en sus propios motivos.

En segundo lugar y a criterio del juzgador el tripulante del vehículo no portaba casco y no cumplió con los requisitos en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Transito Terrestre . Al respecto queremos señalar que el hecho de que mi hijo no portara casco no influyó en el accidente como causa determinante o coadyuvante del mismo; ahora demostraremos las causas del fallecimiento de mi hijo. De igual manera la ley de Transito Terrestre fue abrogada por el Decreto con Fuerza de Ley de Transito y Transporte Terrestre de fecha 08 de noviembre del año 2.001. El artículo de Reglamento citado por el Juez no se refiere a obligaciones del conductor.

Puntualiza el recurrente que ....”El Juez de Control consideró algunos elementos que presumiblemente favorecen al acusado hoy condenado y con algunas evidencias se trató de incluir entre las causas del accidente alguna omisión del conductor de la moto. Sin embargo cuando el juez selecciona algunas evidencias y deja de analizar otras esenciales presentadas con la Acusación Fiscal, está viciando su fallo por falta de motivos. A los folios 61 y 62 se dice que el impacto ocasionado dañó a la camioneta en su parte frontal, lo cual indica que no estaba allí haciendo un giro, o circulaba por vía contraria o realizó el giro de manera imprudente. A los folios 63 y 64 consta que la moto quedó totalmente calcinada. En el mismo sentido la muerte de mi hijo EDUAR JOSE según consta en la autopsia que corre a los folios 136 al 138 se indica que a la fractura de cráneo se le agrega otra serie de lesiones de no menor gravedad como son: fractura de esternón, hemotórax bilateral líquido, contusión profunda en la aurícula, en el hígado, en el riñón y la vejiga, quemaduras de primero y segundo grado en el tórax y en los miembros superiores. Como causa de la muerte se señala SCHOCK HIPOVOLEMICO POR HEMORRAGIA INTERNA. Estos factores no fueron considerados por el juez porque de haberlo hecho llega a la lógica conclusión de que la falta de casco no fue determinante para el resultado: Muerte de mi hijo, porque ésta de todas formas se hubiera producido.

Obsérvese que las autoridades de tránsito en su capitulo de Conclusiones señala:

1. El conductor de la camioneta prácticamente arrolló a las dos personas que se desplazaban en la moto.
2. El conductor de la camioneta debió haber visto la moto antes de realizar el giro y
3. Que las condiciones de buena iluminación y otras permitían al conductor de la camioneta haber visto con anticipación a la moto.

Estos graves y concordantes elementos de imputación no fueron considerados por el Juez de Control quien así como seleccionó algunas evidencias estaba en la obligación de señalar las demás no menos importante para que su decisión fuera suficientemente motivada. En el caso sub iudice se condenó previa admisión de los hechos y el juez ha debido atender todas las circunstancias de conformidad con lo señalado en el artículo 376 del COPP y no únicamente alguna de ellas, con lo cual de paso quedó violado este artículo 376 del COPP debido a la inmotivación al considerar unas circunstancias y obviar otras no menos importante en consideración al bien jurídico afectado y al daño social causado. En el accidente además de que mi hijo perdió la vida afectando hondamente mis sentimientos también perdió la vida el joven BANY JOSE MERCADO DABOIN.

Solicitó el recurrente ciudadano JOSE DOMINGO LEMUS a esta Corte de Apelaciones que “se anule la decisión apelada y se realice una nueva Audiencia Preliminar ante un Juez diferente”.

b.- De la contestación dada al recurso de apelación por la Defensa del ciudadano imputado: RAFAEL ANTONIO NARVÁEZ MORENO.

Señalaron las ciudadanas Abogadas MARIA ELENA ORTA de ARELLANO y MARIANELLA PEREZ ARAUJO, domiciliadas en Valera Estado Trujillo, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 23.654 y 102.168, respectivamente, en su carácter de Defensoras del ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVAEZ MORENO, que :“En atención a lo manifestado por el recurrente, esta defensa observa que lo alegado por éste, se encuentra fuera de la realidad que envuelve las circunstancias de la decisión; ya que en primer lugar, se debe dejar claro, que la Jurisprudencia ha manifestado que cuando el Juez debe atender a todas las circunstancias a las que se refiere el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, no significa que debe evaluar los elementos probatorios, el Juez debe acogerse a dos principios fundamentales a saber: El de proporcionalidad de la pena y el de la Discrecionalidad del Juez. Y así han quedado establecido en sentencia N° 715 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de diciembre de 2005 con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores. En el presente caso, si observamos con detenimiento la pena impuesta a nuestro defendido, nos damos cuenta que el juzgador a los efectos de sancionar la conducta desarrollada por éste, la cual se subsumió a lo previsto en el último aparte del artículo 409, se acogió a la máxima expresión en quantum de pena del citado articulo; pues impuso como pena a aplicar la media que resultó de la suma del término mínimo (6 meses) y el término máximos ( 8 años), por lo que mal podría el recurrente pretender a través de su escrito de apelación lograr la nulidad del fallo emitido por el juez de control; aunado al hecho de que el Juez aún cuando valora ciertas transgresiones de normas realizadas por la víctima, actúa de manera tan equitativa para ambas partes, que si bien es cierto rebaja la pena hasta la mitad, esa rebaja la realiza aplicando la pena máxima como se estableció anteriormente. Por otra parte, estamos en presencia de un homicidio culposo, es decir, sin intención dolosa, situación ésta que debe y que de hecho fue tomado en cuenta por el juzgador al momento de rebajar la pena, para el delito en cuestión no excede los 8 años, éste es su límite máximo, por lo que bien actúo el juez rebajar la pena hasta la mitad, motivando fehacientemente su decisión, razón por la cual es improcedente el alegato del recurrente de que el fallo es inmotivado, tan es así, que a todo lo largo de la exposición del juzgador es claro apreciar las razones y motivos que lo llevan a tomar su decisión.

En el presente caso, queda establecido de las actuaciones de tránsito y de los funcionarios que practicaron el levantamiento del cadáver, que el conductor de la motocicleta no llevaba vestimenta reflectiva, lo que hubiese aumentado el grado de visibilidad del mismo y por otra parte se observa, por el lamentable resultados de los hechos, que tampoco se acató el numeral dos del citado artículo que hace referencia a la obligación de reducir la velocidad para manejar en horas nocturnas, tomando en consideración que el accidente se produce a las 9:30 p.m. aproximadamente; por lo que si existe un incremento en el riesgo debido al accionar de la víctima al omitir el cumplimiento de las normas establecidas que contribuyeron al resultado final del hecho.

Solicitaron las ciudadanas defensoras a esta Corte de Apelaciones que “ el recurso de apelación de auto intentado por la victima, sea declarado sin lugar por ser infundado y atentar contra la economía procesal a favor del Estado,…”

c.- Del auto recurrido.
En cuanto al auto recurrido, se observa que el mismo es del siguiente contenido.....”Seguidamente el Tribunal hace el siguiente pronunciamiento: Debe señalar ante el argumento de la defensa, que si bien la fiscalía del ministerio público señaló unos hechos los cuáles fueron admitidos de manera pura y simple por el imputado no es menos cierto que este juzgador en aras de la aplicación de la tutela judicial efectiva e igualmente cabiendo prevalecer la justicia por sobre cualquier formalismo como mandato constitucional para poder graduar la culpa se hace necesario establecer el grado de responsabilidad que tuvo el imputado y en tal sentido observa el tribunal que de las actas procesales no existen (sic) ninguna duda de que la intención del imputado no fue dar la vuelta en “U” lo cual agravaría su responsabilidad y esta determinación la realiza el tribunal basado tanto en el croquis definitivo como en lo precroquis elaborado por el funcionario de transito e igualmente por el informe técnico elaborado por el funcionario José Luis Pino, es decir, el imputado estaba haciendo una maniobra permitida sin embargo no es menos cierto que no tomo las precaucione necesarias para realizar ese giro en “L” desde la avenida José Felipe Cañizales hasta el sector la morita (sic), este hecho de no tomar dichas precauciones es uno de los factores que desencadenan los lamentables hechos pero a su vez del mismo impacto y del arrastre que sufrió el vehículo motocicleta se puede evidenciar por lo pequeño del mismo en primer lugar que l imputado no iba a exceso de velocidad y en segundo lugar de acuerdo al dicho de todos los testigos tanto presénciales como referenciales tampoco se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas lo cual a pesar de su falta de previsión en el momento de realizar la maniobra es un hecho que debe tomar en cuenta el tribunal para graduar la culpabilidad y por tanto la pena a aplicar, también ha de tomarse en cuenta que lamentablemente el tripulante del vehículo motocicleta también cometió ciertos hechos imprudentes como lo es el hecho cierto de no portar casco y no cumplir con los requisitos previstos en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Transito Terrestre por lo tanto existe cierta responsabilidad de la victima en el fatal desenlace lo que la doctrina llama el hecho de la victima situación que el tribunal debe tomar en cuenta para establecer la pena aplicar en cuanto a la simetría penal debo señalar que el articulo 409 en su encabezamiento y Ens(sic) Primer aparte establece un termino mínimo de seis meses de prisión como pena y un termino máximo de ocho años en virtud de lo anteriormente señalado por el tribunal de que el imputado hizo la maniobra sin tomar las previsiones debidas pero a su vez no circulaba a exceso de velocidad no bajo ingerencia alcohólica y coexistiendo el hecho de la victima es por lo que el considera que se debe aplicar el termino medio entre el quantum mínimo de la pena el máximo, es decir entre seis meses y noventa y seis meses, sumadas estas dos cifras da un total de ciento dos meses cuyo término medio es cincuenta y un meses, es decir Cuatro años y tres meses, esa seria la pena que al imputado le hubiese tocado cumplir si no hubiese admitido los hechos tal como lo hizo en la presente audiencia en cuanto a la disminución por la admisión de los hechos debo considerar que estamos en presencia de un delito culposo, lo cual desvirtúa toda intención punible, que la fiscalía del Ministerio Público no demostró que el imputado tuviese antecedente penal alguno, por tal razón en virtud del principio de presunción de inocencia el Tribunal debe considerar que no tiene antecedentes penales, por éstas razones se rebaja la pena en su término máximo, es decir hasta la mitad del tiempo que le hubiese tocado cumplir sino hubiese admitido los hechos, por ello la pena a cumplir por el imputado queda establecida en Dos (2), años, Un (1) mes y Quince (15) días de prisión ”

d.- De los motivos de hecho y de derecho de la presente decisión.
Se observa que el presente asunto se refiere específicamente al cuestionamiento que hace la víctima a la sentencia de condena dictada por el Juzgado de Control Nº 06 en la oportunidad de la Audiencia Preliminar celebrada en fecha 10 de mayo del año 2006, luego que el procesado, ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVÁEZ MORENO se acogiera al Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, admitiendo los hechos imputados por la Representación Fiscal que concretamente le acusó por lo siguiente.....” el día domingo 22 de mayo del año 2006, siendo aproximadamente a las diez y treinta (10:30 p.m.) horas de la noche, las víctima (sic) el ciudadano EDUAR JOSE LEMUS GUDIÑO y BANY JOSE MERCADO DABOIN, transitaban en un vehículo clase moto, marca Yamaha, Modelo RZ-250, Tipo: Paseo, Color Azul, sin placas; por el Sector La Morita Avenida Felipe Márquez Cañizalez, estado (sic) Trujillo, cuando fueron sorprendidos por el vehículo Marca Jeep, Clase Camioneta, Modelo Wagonneer, Tipo: Sport Wagon, Año: 1.984, Color: Rojo, Placas ADF-17E, que conducía el imputado RAFAEL ANTONIO NARVÁEZ MORENO, quien inobservó la señal de prohibición de girar en “U”, existente del lado izquierdo sobre la acera, cruzando e imprimiendo velocidad a su vehículo impactando al vehículo donde se trasladaban las víctimas y como consecuencia de dicho impacto provocó un incendio ocasionándoles instantáneamente la muerte producto de las siguientes heridas, a MERCADO DABOIN BANY JOSE: tres heridas contusas en cara anterior de rodilla izquierda de 4 cm, cara plantar del primer dedo de pie izquierdo, cara plantar del talón derecho, excoriaciones generalizadas en región temporo occipital derecha, cara superior y posterior del hombro izquierdo, dorso de mano izquierda, región glútea supero externa izquierda, cara antero externa del muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Quemadura de primer grado en tercio distal de pierna derecha. TERAN LEMUS EDWAR JOSE: Fracturas del Tercio medio del húmero izquierdo, tercio medio de pierna izquierda. Quemaduras de 1ero y 2do grado en Hemitorax anterolateral izquierdo con flictemas. Ambos brazos y hombros. Cara a nivel de párpado superior e inferior derecho. Herida contusa en región del mentón. Excoriaciones.”

Los hechos anotados fueron calificados jurídicamente por la vindicta pública como Homicidio Culposo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, segundo aparte, al considerar que los mismos ocurrieron por el obrar imprudente del ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVÁEZ MORENO, en perjuicio de los ciudadanos EDUAR JOSE LEMUS GUDIÑO Y BANY JOSE MERCADO DABOIN y así fueron admitidos por el Juez a quo.

Ahora bien, una vez que el ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVÁEZ MORENO al acogerse al procedimiento especial de Admisión de los Hechos, correspondía al Juzgador imponer la pena correspondiente, condenándole por los hechos admitidos, motivando la imposición de la pena aplicada.

Se observa que el Juzgador en el acta que contiene lo sucedido en el curso de la audiencia preliminar, señaló que....”en virtud de que debe establecer el grado de culpabilidad del imputado en la presente causa acuerda suspender la presente audiencia para el día de hoy a la una (1:00) de la tarde”..... y posteriormente cuando se reanuda la audiencia señala que....”para poder graduar la culpa se hace necesario establecer el grado de responsabilidad que tuvo el imputado”.... pero es el caso que comienza a referirse a un cúmulo de aspectos como:
a.- Que el imputado no tuvo la intención de dar la vuelta en “U”lo que en su concepto agravaría su responsabilidad, sino que realizaba una maniobra permitida como era cruzar en “L”, sólo que no tomó las precauciones necesarias.
b.- Que del mismo impacto y del arrastre que sufrió el vehículo motocicleta se puede evidenciar por lo pequeño del mismo, que el imputado no iba a exceso de velocidad.
c.- Que de acuerdo al dicho de todos los testigos tanto presénciales como referenciales tampoco se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, lo que es un hecho que debe tomar en cuenta el tribunal para graduar la culpabilidad y por tanto la pena.
d.-Que toma en cuenta la circunstancia de que la víctima ....”también cometió ciertos hechos imprudentes como es el hecho cierto de no portar casco”.....por lo tanto existe cierta responsabilidad de la víctima en el fatal desenlace, lo que la doctrina llama hecho de la víctima, situación que el Tribunal debe tomar en cuenta para establecer la pena aplicar.

Ahora bien se observa, en el auto recurrido, que de seguidas pasa el Juzgador a aplicar la pena, prácticamente “compensando” las circunstancias antes anotadas, para finalmente señalar que la pena debe ser aplicada “en el termino medio”: cuatro años y tres meses; pero que como el procesado admitió los hechos, a los fines de la disminución correspondiente, toma en cuenta: que el delito es culposo y que el imputado no tiene antecedentes penales, procediendo a rebajarle la pena en su límite máximo: la mitad, quedando la pena en: dos años, un mes y quince días de prisión.

De lo anotado se evidencia claramente que el Juez a quo señaló que iba a graduar la culpa, o a establecer el grado de responsabilidad del agente, pero finalmente no lo hizo en su fallo, ya que no precisó cuál es el grado de culpabilidad atribuible al imputado, toda vez que existen distintos grados de culpa, que deben ser establecidos por el Juzgador de manera motivada, es decir debió expresar que existía culpa grave, leve o levísima y no limitarse a señalar una serie de circunstancias que presumiblemente, tomaría en cuenta para establecer la culpa y la pena del imputado, para finalmente no establecer nada en este sentido, resultando que no precisó cual era el grado de culpabilidad del agente.

Sobre este particular es necesario dejar establecido que los Jueces de Instancia son soberanos en la apreciación de la gravedad de la culpa, en la comisión del delito de homicidio culposo, pero es una labor que debe hacerse, y en la aplicación de la pena los jueces están autorizados a evaluar la culpa como grave, leve o levísima, en un proceso que debe ser transparente y deducible de lo establecido en el propio fallo (cuando se trata de una sentencia producto de juicio oral y público, producto de un análisis y valoración de las pruebas) o de la acusación admitida (cuando se trate de casos, como el que nos ocupa) porque debe entenderse que el imputado admitió los hechos por los cuales le acuso el Ministerio Público.

Ante el no establecimiento del grado de culpa existente en el presente caso, el fallo recurrido adolece del vicio de inmotivación, lo que acarrea la nulidad del mismo.

Del escrito contentivo del recurso de apelación se observa que señaló la víctima además que.....En concepto del tribunal el hoy condenado no iba a exceso de velocidad y en segundo lugar, de acuerdo a los testigos presénciales y referenciales tampoco se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, Para motivar su decisión el Juez de Control debió señalar cuales son los testigos presénciales y los referenciales, ello para saber cual fue el motivo que lo llevó a esa determinación. No señala el juez ni el nombre de los testigos ni siquiera mención alguna de lo dicho por ellos, todo quedó en su intelecto cuando su obligación es verter su conocimiento en la decisión para que ésta se afiance en sus propios motivos.
Sobre este particular es menester señalar, respecto al fallo recurrido, que si bien es cierto el Juez debía motivar la aplicación de la pena, no podía entrar a evaluar, ni analizar el material probatorio ofrecido por las partes a los fines del juicio oral y público, ni los elementos de convicción contenidos en el escrito acusatorio, y menos aún, fundado en tales elementos, sacar conclusiones como: que le resultó demostrado que el imputado no iba a exceso de velocidad, ni iba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas; porque precisamente al llegar a tales conclusiones ello supone que el Juez hizo una valoración del material probatorio aportado, sin que el mismo haya sido sometido al control, ni contradicción de las partes intervinientes.

Por otra parte se incurre en inmotivación del fallo, al concluir el Juez del auto recurrido, que ...del mismo impacto y del arrastre que sufrió el vehículo motocicleta se puede evidenciar por lo pequeño del mismo en primer lugar que el imputado no iba a exceso de velocidad..” aquí cabría preguntarse ¿a que se refiere?, ¿cuál es la razón lógica, física, para concluir que del “mismo impacto” (¿?) y del arrastre (¿cuál? ¿hubo arrastre? ¿fue mucho?, ¿fue poco? ¿no hubo arrastre?) que sufrió el vehículo motocicleta, se puede evidenciar por lo pequeño del mismo (¿qué era pequeño? ¿el arrastre? ¿el vehículo motocicleta?) que el imputado no iba a exceso de velocidad”. Para llegar a esta conclusión, necesariamente debe recibirse el material probatorio en el juicio oral y público, valorarlo y establecer en concreto, las pruebas que permitieron llegar a tal conclusión; porque de lo contrario surge una sentencia carente de basamento o fundamento para llegar a tal conclusión.

Ahora bien, en la acusación se hace la imputación al ciudadano RAFAEL NARVÁEZ MORENO que ....”cruzando e imprimiendo velocidad a su vehículo impactando al vehículo donde se trasladaban las víctimas” lo que constituye en concepto del acusador el comportamiento imprudente del ciudadano Rafael Narváez, quien obvió el deber de cuidado que tenía que tener, al momento de cruzar una vía, que no previó lo que era previsible, que no tomó las precauciones necesarias para cruzar la vía, siendo que la vía que iba a cruzar es transitada también por otros vehículos y para éstos esta es su vía principal o vía de circulación normal.

Entonces si la vindicta pública en su escrito acusatorio señaló que el ciudadano RAFAEL NARVÁEZ MORENO al momento de cruzar la vía, imprimió velocidad al vehículo e impactó el vehículo tipo motocicleta en el que se trasladaban las víctimas, produciendo el resultado de sus muertes, y esto fue admitido por el imputado, al acogerse al procedimiento especial por Admisión de los Hechos ¿cómo es que el Juez procede a analizar el impacto, el arrastre del vehículo, para concluir que el conductor-imputado no iba a exceso de velocidad? ¿de donde extrajo elementos para emitir tal conclusión? ¿de las pruebas? ¿cuáles? ¿las recepcionó él, las controlaron y ejercieron la contradicción las partes? ¿o las extrajo escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público?, si fue del escrito acusatorio que extrajo tal convicción, ¿por qué, si ello se hizo en “aras de la aplicación de la tutela judicial efectiva e igualmente cabiendo prevalecer le justicia sobre cualquier formalismo como mandato constitucional” como lo señala el Juez en el fallo, no tomó en cuenta también la circunstancia de que el cuerpo del ciudadano BANY JOSE MERCADO DABOIN a raíz del impacto cayó sobre el techo de un vehículo Marca Crysler, Modelo Neon, que se encontraba estacionado al frente de una vivienda? ¿es que esa circunstancia, no servía también para establecer la magnitud del impacto? ¿por qué no tomó en cuenta el tipo de lesiones sufridas en todo el cuerpo por las víctimas para determinar la magnitud del impacto?.

El Juez no podía valorar las pruebas ofrecidas, sencillamente porque no se recibieron, simplemente debía ante la admisión de hechos: graduar motivadamente la culpa del imputado, establecer así su responsabilidad, aplicar el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en cuenta para ello los hechos señalados por el Ministerio Público como imputados al procesado, los cuales fueron admitidos por éste.

Fuera de allí no era posible que el Juez entrara a valorar resultas de actos de investigación o pruebas ofrecidas por algunas de las partes, porque incurre, como de hecho incurrió en este caso, en dar por demostradas circunstancias que hasta resultan ser contrarias a lo señalado por el Ministerio Público, en la imputación realizada, y admitidas por el procesado; lo que requería una recepción de la prueba, un control por parte de los intervinientes, y posteriormente un análisis y valoración por parte del Juez y ello sólo es posible si se realiza un juicio oral y público.

También resulta inmotivado el fallo recurrido al establecer el Juez a quo que el imputado no iba, para el momento del hecho imputado, bajo el efecto de bebidas alcohólicas, por cuanto así se evidenció de acuerdo a lo señalado por los testigos presénciales y referenciales ¿cuáles testigos?, ¿se valoró el material probatorio aportado por el Ministerio Público? ¿es conducente, pertinente, este medio para determinar tal circunstancia?. La inmotivación surge al no indicar cuales son las pruebas en la que presuntamente se funda para llegar a la señalada conclusión, no permitiendo a las partes conocerlas, aunado a la circunstancia de que si no se realizó el juicio oral y público, no podía el Juez valorar el material probatorio, para establecer unas circunstancias, relacionadas con los hechos, que no fueron ni discutidas, ni controladas por las partes.

Por otra parte, señala la víctima recurrente que..... a criterio del juzgador el tripulante del vehículo no portaba casco y no cumplió con los requisitos en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Transito Terrestre . Al respecto queremos señalar que el hecho de que mi hijo no portara casco no influyó en el accidente como causa determinante o coadyuvante del mismo.
Sobre este particular, es necesario señalar que en el auto recurrido se estableció que.... también ha de tomarse en cuenta que lamentablemente el tripulante del vehículo motocicleta también cometió ciertos hechos imprudentes como lo es el hecho cierto de no portar casco y no cumplir con los requisitos previstos en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Transito Terrestre por lo tanto existe cierta responsabilidad de la victima en el fatal desenlace lo que la doctrina llama el hecho de la victima situación que el tribunal debe tomar en cuenta para establecer la pena aplicar .

Ahora bien, se observa que en la acusación presentada en contra del ciudadano RAFAEL NARVÁEZ MORENO en ningún momento se hace referencia al “hecho de la víctima” como una circunstancia existente en el hecho, que de alguna manera haya influenciado en el resultado producido; siendo así y por cuanto no se realizó el debate oral y público ¿cómo se puede concluir que....”existe cierta responsabilidad de la víctima en el fatal desenlace”? ¿cuál responsabilidad? ¿consideró el Juez que surge responsabilidad en las propias víctimas por el hecho ocurrido, ante la circunstancia de no portar casco?, ¿entonces no existe nexo entre la conducta del imputado y el hecho? ¿cómo quedó demostrada tal responsabilidad que presuntamente se tomó en cuenta para establecer la pena del procesado?.

Nosotros conocemos y sabemos, que en el proceso penal se examina una sola conducta: la del imputado, para conocer, si ha sido, típica, antijurídica y culpable; la culpa de la víctima sólo, en algunos casos, puede tangencialmente formar parte del objeto del proceso penal, pues precisamente, en algunos casos la conducta del afectado por el hecho, puede tener incidencia en el aspecto causal, demostrando en su caso que no existe nexo entre la conducta del imputado y el hecho.

Esta circunstancia, no se encuentra plasmada en el escrito acusatorio, y la Defensa del ciudadano RAFAEL NARVÁEZ MORENO al momento de intervenir en la Audiencia Preliminar, señaló que...”mi defendido se quiere acoger al procedimiento por admisión de los hechos, solicito al Tribunal se revise la imprudencia cometida por el conductor de la moto, sólo a los efectos de la imposición de la pena”. Aquí cabría preguntarse ¿es posible establecer la imprudencia de la víctima (situación de hecho) cuando ella no ha sido señalada en los hechos que se han imputado al procesado; sólo a los fines de imponer la pena? ¿de donde puede establecerse la misma? ¿acaso no es del material probatorio aportado por las partes? ¿ello no significa acaso la apreciación de las pruebas, para sacar o extraer del proceso de valoración, conclusiones acerca de la forma como ocurrieron los hechos? ¿puede realizarse tal actividad por el Juez sin recibir pruebas (inmediación), y sin el control y contradicción de las partes?; por qué, si tal actividad se hizo en “aras de la aplicación de la tutela judicial efectiva e igualmente cabiendo prevalecer le justicia sobre cualquier formalismo como mandato constitucional” como lo señala el Juez en el fallo, no tomó en cuenta también “el principio de confianza” (muy conectado con la denominada “culpa de la víctima) según el cual todo interviniente en una actividad social puede confiar en que los otros, que a su vez intervienen en ella van a actuar con el deber de cuidado y adoptar su conducta (Eugenio Raúl Zaffaroni Tratado de Derecho Penal) esto también tiene su relevancia, sobre todo en el tránsito automotor, pues los conductores cuentan con que los demás guiarán sus vehículos de la manera que es corriente que se haga; por ejemplo en el caso de marras no era más lógico pensar que el conductor del vehículo motocicleta, involucrado en el suceso contó, esperó y confió que el conductor del vehículo camioneta no cruzara la vía ( es decir adoptara la conducta que estaba llamado a cumplir por Ley, por cuanto la motocicleta iba en su vía principal, en el sentido indicado, y el conductor por cuanto iba a atravesar la vía que corresponde a otros vehículos, está llamado a esperar tener la vía libre para atravesarla) al ver que él venía?

Aquí era necesario antes de establecer infundadamente, la “culpa de la víctima”, establecer si a pesar de la conducta del autor del hecho, violatoria del deber de cuidado y de la normativa establecida para el tráfico de vehículos automotores, se insertó como condición del resultado en el proceso causal alguna conducta provocada, producida o condicionada causalmente por la víctima; en otras palabras; habría que preguntarse: ¿la conducta del autor del hecho constituye causa para causar el resultado?, ¿pero la conducta se produjo porque la víctima en éste caso la provocó o la condicionó al adoptar una conducta en contra del mandato de seguridad que también está llamado a cumplir? Ejemplo típico: la del peatón que debe cumplir con tomar unas previsiones al momento de cruzar una vía, no obstante decide cruzarla sin mirar si vienen vehículos o no y lo hace en forma rápida, provocando que un vehículo que viene muy cerca, lo atropelle; resulta claro que la conducta del autor es causa para provocar el resultado; pero no se produjo sino por un comportamiento de la víctima.

Estas situaciones, la del caso que nos ocupa y la del ejemplo anotado, deben ser materia que necesariamente debe ser dilucidada en la oportunidad del juicio oral y público ya que se refiere a la forma como ocurrieron los hechos y supone el planteamiento de una tesis distinta a la planteada por el Ministerio Público; es por ello que a la víctima hoy recurrente le resulte inapropiado e ilógico que se tome en cuenta la circunstancia de que su hijo no llevaba el casco para establecer que el hecho se produjo también por la responsabilidad de éste, lo que llamó el Juez a quo “el hecho de la víctima” obviándose por completo las circunstancia existente de la magnitud de las lesiones sufridas por las víctimas llegando a la razonable conclusión de que aún sin el casco el resultado habría sido el mismo.

Este es uno de las aspectos mas controvertidos en la doctrina, y sabemos que el hecho que exista una relación causal no quiere decir nada en lo referente a la responsabilidad, no implica necesariamente que ella exista (recordemos caso del peatón, antes anotado) por ello no debe confundirse causalidad, con responsabilidad.

De allí que la doctrina contemporánea pone énfasis en el disvalor de la acción, ya que el derecho no prohíbe causar resultados, sino llevar a cabo conductas violatorias del deber de cuidado, que tiene que estar en relación con determinados bienes jurídicos.

Se observa además que el Juez a quo para el momento de aplicar el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, lo hizo en su máxima expresión, es decir redujo la pena aplicar al máximo: la mitad de lo que hubiere correspondido imponerle al procesado, fundando o motivando tal rebaja en dos motivos: consideró que el delito era culposo y no doloso, por una parte y por la otra, estimó que el procesado no tiene antecedentes penales.

Sobre este particular es necesario acotar que el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 376 prevé que la rebaja prevista en el referido artículo, se hará una vez que se hayan tomado en cuenta todas las circunstancias del caso, obviamente se refiere a las circunstancias atenuantes y agravantes que existan en el caso concreto, y luego tomando en consideración el bien jurídico afectado y daño social causado el Juez hará la rebaja conforme al artículo 376, dentro de los límites en el previsto, pero obviamente motivando la pena impuesta, es aquí donde operan los principios de la proporcionalidad de las penas y la discrecionalidad del Juez, que se traducen en que el juez tiene la potestad de rebajar la pena en un monto que debe estar entre los límites mínimo y máximo previstos en la ley (discrecionalidad) ,pero la rebaja deberá hacerla proporcionalmente al bien jurídico afectado y el daño social causado.

Ahora bien, el Juez a quo hizo uso de la discrecionalidad concedida por el Legislador: rebajó la pena en el máximo permitido; pero es el caso que fundó esta decisión en: que se trata de un delito culposo y que el autor no presenta antecedentes penales ¿y el bien jurídico afectado y el daño social causado en el caso concreto donde está? ¿acaso no es esta la guía o el norte que le fija el legislador para hacer un uso ponderado de la discrecionalidad que se le otorga y obtener así una aplicación proporcional de la rebaja y por ende de la pena?

Llama la atención a los miembros de este Tribunal Colegiado, el hecho de que el Juez a quo haya tomado en cuenta para realizar la rebaja al máximo permitido el que se trate de un delito culposo, obviamente no puede ser bajo ningún motivo una circunstancia a tomar en cuenta, porque precisamente el legislador patrio estableció distintos tipos de homicidio: intencional, calificado, agravado, preterintencional, concausal, culposo, tomando en cuenta la intención, circunstancias ajenas al autor del hecho, circunstancias existentes entre el autor del hecho y la víctima; forma de comisión del hecho; etc., es decir el legislador desde ya consideró al delito de Homicidio Culposo como un hecho que se causa producto de la imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia de los reglamentos y no por existir la intención por parte del sujeto activo del hecho y lo ubicó en una norma distinta, asignándole una pena reducida en comparación con los hechos que se producen con intención. Siendo así ¿porque tomar en cuenta que el delito sea culposo, como una circunstancia que permita rebajar la pena para el caso de admitir los hechos el procesado? Carece completamente de sentido y justificación.
Distinto sería que tuviera que aplicársele el mismo artículo referido a los homicidios dolosos, y la misma pena, pues allí tendría sentido rebajar por estimar que no hubo intención de producir el resultado, sino que el mismo se produjo por ejemplo por impericia.

Si bien es cierto que el Juez tiene discrecionalidad en el monto a rebajar, también es cierto que debe tomar en cuenta el daño social causado y el bien jurídico afectado, esto no es discrecional, es la pauta que da el legislador al Juez y debe seguirse a los fines de que sea proporcional la rebaja de la pena con el daño causado: a menor daño mayor puede ser la rebaja; a mayor daño menor será la rebaja. Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en interesante sentencia, caso Virginia Fuster,Sala Penal; así como la Sala Constitucional que ha exhortado a los Jueces Penales para que en la oportunidad de calcular la pena lo hagan mediante una prudente valoración de la cantidad y calidad de las circunstancias cuya apreciación la misma Ley autorice; señalando además que se obvia el imperativo legal de proporcionalidad, cuya observancia se espera de un juez ponderado y prudente, cuando se decreta sin razonamiento o fundamentación que lo sustente la rebaja máxima de pena que permite el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Pena, convirtiéndose en una práctica viciada (sentencia Nº 3472 de fecha 11-11-05 Ponente: Magistrado Dr. Pedro Rondón Haaz).

DISPOSITIVA

Por los argumentos de hecho y derecho expuestos a lo largo de la presente decisión esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por el ciudadano JOSE DOMINGO LEMUS, venezolano, comerciante, titular de la cédula de identidad Número V.- 5.765.563, con domicilio en la ciudad de Trujillo y asistido en la presente causa por el Abogado en Ejercicio VICENTE ALFONSO CONTRERAS BOCARANDA, quien apelan de la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 06 de este Circuito Judicial en fecha 10 de mayo de 2006 en la causa N° TP01-P-2005-001098 donde se condenó al ciudadano RAFAEL ANTONIO NARVAEZ MORENO, venezolano, mayor de edad, de 32 años, nacido en fecha 8 de Mayo del año 1974, natural de Mérida Estad Mérida, hijo de María Dulce Moreno y Cruz Rafael Narváez , ocupación ingeniero electrónico, soltero, domiciliado en la Morita, detrás los servicios cooperativos o Edificio Funda salud, quinta socorrito, última casa de fachada de piedras, a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS, UN (1) MES y QUINCE (15) DE PRISION más las accesorias de la ley por la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 409 segundo aparte del Código Penal Vigente en agravio de quien en vida respondiera el nombre de BANY JOSE MERCADO y de quien vida respondiera al nombre de EDUARD JOSE LEMOS.

SEGUNDO: SE REVOCA EL AUTO RECURRIDO.

TERCERO: Se acuerda publicar la presente decisión agregándola al expediente respectivo, anotarla en el Libro Diario llevado por este Tribunal; dejar copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencias Interlocutorias llevado por esta Corte; realizar por Secretaría de esta Tribunal cómputo de los días de audiencia transcurridos en este Tribunal: a.- Desde el día 20 de junio del presente año, fecha en la que se recibieron las actuaciones en este Tribunal, excluido éste, hasta el fía 26 de junio del mismo año, fecha de admisión del presente recurso de apelación, incluido este; b.- desde el día 26 de junio del presente año, fecha de admisión del presente recurso, hasta el día 17 de julio del año 2006, fecha en la Juez Nelson Troconis Parilli, ponente primariamente asignado para resolver el presente asunto, planteo la existencia en su persona de una causal que le impedía conocerlo; c.- cómputo de los días hábiles transcurridos desde el día 19 de julio del año 2006, fecha en la que fue reasignada, por sorteo la ponencia a la Juez Rafaela González Cardozo, excluido éste, hasta el día de hoy 25 de julio del año 2006, incluido éste, fecha de la de la publicación de la presente decisión. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Líbrense Boletas de Notificación.

Dada, sellada, firmada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo a los veinticinco días del mes de Julio del año dos mil seis. Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

Dr. Benito Quiñónez Andrade
Presidente de la Sala Accidental
de la Corte de Apelaciones

Dra. Rafaela González Cardozo Dr. Antonio Moreno Matheus Juez Titular de la Corte Juez Suplente de la Corte

Abg. José Rodríguez
Secretario de la Corte