REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
CORTE DE APELACIONES
Barquisimeto, 31 de Julio de 2006.
Años: 196° y 147º
ASUNTO: KP01-R-2006-000214
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-R-2006-000879
PONENTE: DR. GABRIEL ERNESTO ESPAÑA
De las partes:
Recurrente: Abg. ALI ENRIQUE SÁNCHEZ MONTILLA, actuando en su condición de Defensor Privado de los imputados JHONNATAN VELÁSQUEZ MARTINEZ y JAIME JOSÉ ROMERO ISEA.
Fiscal del Ministerio Público del Estado Lara Nº: 22.
Recurrido: Tribunal TERCERO de Primera Instancia en Funciones de CONTROL de éste Circuito Judicial Penal.
Delitos: OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Motivo: Recurso de Apelación Auto, en contra de la Decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 3 de éste Circuito Judicial Penal., de fecha 18 de Mayo del 2006, que ACORDO MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano JAIME JOSÉ ROMERO ISEA e IMPULSO AL CIUDADANO JHONNATAN VELÁSQUEZ MARTINEZ PENA TRES (3) ANOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN por la comisión de los delitos OCULTAMIENTO DE SUTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.
CAPITULO PRELIMINAR
Corresponde a esta Corte, conocer del Recurso de Apelación interpuestos por el ABOG. ALI ENRIQUE SÁNCHEZ MONTILLA, actuando en su condición de Defensor Privado, en contra de la Decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 3 de éste Circuito Judicial Penal, de fecha 18 de Mayo del 2006, que ACORDO MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano JAIME JOSÉ ROMERO ISEA e IMPUSO AL CIUDADANO JHONNATAN VELÁSQUEZ MARTINEZ PENA TRES (3) ANOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN por la comisión de los delitos OCULTAMIENTO DE SUTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.
Recibidas las actuaciones en fecha 21 de Junio de 2006, esta Corte le dio entrada y designó Ponente al Juez Profesional Dr. Gabriel Ernesto España Guillen, quien con tal carácter suscribe.
TITULO I.
DE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA RECURRIR POR APELACIÓN.
Esta Corte de Apelaciones, con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 433, 436 y 448 del Código Orgánico Procesal Penal (en lo adelante COPP), hace las siguientes consideraciones en cuanto a:
CAPÍTULO I.
La Legitimación del Recurrente.
En efecto, en la presente causa, se observa que en el Asunto Principal signado bajo el N° KP01-P-2006-000879 interviene como Defensor Privado, el Abg. ALI ENRIQUE SÁNCHEZ MONTILLA, quien asiste a los imputado de autos, la realización de la audiencia de presentación realizada en fecha 18 de Mayo del 2006, por lo que para el momento de presentar el Recurso de Apelación, estaba legitimado para la impugnación. Y ASÍ SE DECLARA.
CAPÍTULO II
Interposición y oportunidad para ejercer recurso de apelación.
En tal sentido, observa este Tribunal Colegiado, vistas las actuaciones y los cómputos efectuados por orden del Tribunal de la recurrida, que la decisión objeto de apelación fue dictado en audiencia realizada en fecha 18 de Mayo del 2006, quedando las partes debidamente notificadas, y en fecha 29 de Mayo del 2006, se interpone el Recurso de Apelación. En consecuencia, la apelación fue oportunamente interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 448 de la Ley Adjetiva Penal, computados según lo exige el artículo 172 ibídem. Y ASÍ SE DECLARA.
Del mismo modo, y en cuanto al trámite del Emplazamiento a que se contrae el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, puede observarse que el Fiscal Undécimo del Ministerio Público, consignó su escrito de contestación del Recurso de Apelación, por lo que se estima que la Representación Fiscal, dio cumplimiento al referido emplazamiento oportunamente. Y ASI SE DECLARA.
CAPÍTULO III
Del Agravio y Posibilidad de impugnar la decisión recurrida:
Con respecto al primero esta Alzada considera, por interpretación auténtica contextual del artículo 436 del COPP, que debe existir un agravio invocado por el recurrente legitimado, ocasionado por la decisión que se pretende recurrir y que por ello le sea desfavorable. No considerándose necesario la demostración expresa del agravio; mientras que el mismo pueda ser inferido de los fundamentos que motivan el Recurso, y bastando el hecho de haberse fundamentado legalmente la causal de motivación del mismo.
En el escrito de apelación, dirigido al Juez de Primera Instancia en funciones de Control, se expone como fundamento, entre otras cosas, textualmente lo siguiente:
“……YO, ALI ENRIQUE MONTILLA, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÈDULA DE IDENTIDAD Nº 5.762.391, ABOGADO EN EJERCICIO,.../... EN MI CARÁCTER DE DEFENSOR PRIVADO DE LOS CIUDADANOS JHONATAN VELÁSQUEZ Y JAIME ROMERO, SUFICIENTEMENTE IDENTIFICADO EN AUTOS, ANTES ESTE TRIBUNAL DE LA REPUBLICA CON PLENA AUTORIDAD PARA GARANTIZAR A TODOS LOS VENEZOLANOS, LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA, ANTE USTEDES CON EL DEBIDO RESPETO, OCURRO CON EL PROPÓSITO DE “INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN” CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO. 447 ORDENALES 4º Y 5º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, POR CUANTO CONSIDERA ESTA REPRESENTACIÓN, SEGÚN CONSTA EN LAS REFERIDAS ACTUACIONES, NO SE PRODUJO LA FINALIDAD DEL PROCESO PENAL, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, IGUALMENTE, SE DESVIRTUO EL ESPIRITU DE LA LEY, EN CUYA DECISIÓN SE VIOLENTÒ FLAGRANTEMENTE DERECHOS Y GARANTÌAS CONSTITUCIONALES, ASIMISMO; LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LEY APLICABLE AL SISTEMA VENEZOLANO, RECURSO ESTE QUE INTERPONGO EN BASE A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
CAPITULO I
HONORABLES JUECES, ES EL DEBER Y UNA OBLIGACIÓN DE LOS JUECES DE CONTROL, EL GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA LIBERTAD, LA RAZONABLE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EN CONSECUENCIA EN EL PRESENTE PROCESO, SE OBSERVA QUE EL JUEZ A QUO, DE CONTROL Nº 3; DRA. ODETTE GRAFE, SUBVITIO EL ORDEN CONSTITUCIONAL, CREANDO UN GRAVE ATENTADO A LA LIBERTAD, DESCONOCIENDO LA RACIONALIDAD, SEGURIDAD E IGUALDAD JURÍDICA, LA LEGALIDAD, LA ROZONABLE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
EL AUTO DEL CUAL APELO, CONSTA EN LAS PRESENTES ACTUACIONES, FUE SUCRITO POR EL JUEZ TERCERO DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, EN EL CUAL HUBO DENEGACIÓN DE JUSTICIA, FALTA DE APLICACIÓN GARANTIAS CONSTITUCIONALES, LOGICA JURÍDICA Y MÁXIMAS DE EXPERIENCIA.
LA LIBERTAD CONJUNTAMENTE CON LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, CONSTITUYEN LA CULUMNA VERTEBRAL EN EL NOVEDOSO SISTEMA ORAL Y PUBLICO, NO HUBO RESGUARDO NI CONTROL PARA GARANTIZAR LA TUTELA EFECTIVA DEL ESTADO.
CON TAN MALA DECISIÓN; CONSIDERO HUBO MALA PRAXIS JURÍDICA, INOBSERVANCIA, SOBRETOSO UNA ACTUACIÓN INQUISITIVA, NO APEGADA A DERCHO, POR PARTE DE QUIEN DECIDIO PRIVAR DE SU LIBERTAD A PRIMARIOS, ES DECIR SIN INDICE PREDELICTUAL, EN ESPECIAL AL JOVEN JAIME ROMERO, QUIEN ERA ACREEDOR DEL PRINCIPIO JUSTINIANO DE DARLE A CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDE, EN VERDAD LO QUE LE CORRESPONDE EN SU LIBERTAD PLENA, POR CUANTO ES INOCENTE DEL DELITO POR EL CUAL FUE ACUSADO.
ESTA DECISIÓN TRAE COMO CONSECUENCIAS DAÑOS IRREPARABLES PARA MI REPRESENTADO, QUE EN LOS ACTUALES MOMENTOS ESTAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD, NO EN SI POR EL DELITO, SINO POR LA MALA PRAXIS JURÍDICA APLICADA POR EL JUEZ DE CONTROL DRA. ODETTE GRAFFE, EL SITEMA INQUISITIVO ESTA ABOLIDO; SIN EMBARGO LA DECISIÓN FUE SUMAMENTE INQUISITIVA.
COMO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y POR MÁXIMAS DE EXPERIENCIAS RATIFICO CIUDADNO MAGISTRADO PONENTE, QUE AQUÌ SE COMETIO ERROR INEXCUSABLE, HUBO INOBSERVANCIA DE DERECHO Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SE CAMBIO EL ESPIRITU DE LA LEY.
EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS, SEÑALO DILIGENTE Y RESPONSABLEMENTE QUE SE DESAPLICA LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, REPRESENTA LA TUTELA EFECTIVA DEL ESTADO EN LOS PROCESOS PENALES QUE SE SIGUEN A LOS CIUDADANOS, EN LOS ULTIMOS CURSOS PARA JUECES EN LA CIUDAD DE BARINAS, FUERON CLAROS Y PRECISOS AL SEÑALAR LA APLICACIÓN DE LA TUTELA EFECTIVA, COMO TAMBIEN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN VIRTUD DE LA SUPER POBLACIÓN EN LAS CARCELES Y CENTROS LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA EL ASINAMIENTO Y LA AGRESIÓN.
DE LOS HECHOS
EN AUDIENCIA PRELIMINAR DE FECHA; 18 DE MAYO DELPRESENTE AÑO 2006, SE CALIFICA LA ACUSACIÓN FORMULADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, COMO DISTRIBUCIÓN DE DROGA O ESTUPEFACIENTES, AHORA BIEN; LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCIÓN DE ESTA DEFEANSA, LA DECLARACIÓN DEL CIUDADNO JONATHAN VASQUEZ, LIBRE DE COACIÒN, ESPONTÁNEAMENTE, EN VOZ CLARA Y CONTESTE, ASUMIO LOS HECHOS Y LA RESPONSABILIDAD DE LA DROGA, CONOCIDA COMO MARIHUANA, UNA PANELA CONFECCIONADA EN PAPEL, CON UN PESO DE 985 GRS, AUN ASI EL JUEZ DE CONTROL, DECRETO PRIVATIVA DE LIBERTAD Y ENJUICIO A MI REPRESENTADO JAIME ROMERO, ESTE EN UN DELITO INTUITO PERSANA, ES DECIR PERSONALISIMO, YA SE DIO LA FINALIDAD DEL PROCESO, QUE ES LA BÚSQUEDA DE LA VERAD, YA SE TIENE UN RESPONSABLE, NO ES JUSTO TENER ATADO AL PROCESO HA UN INOCENTE, MUCHO MENOS PERMANECER PRIVADO DE LA LIBERTAD, YO CREO QUE HASTA LOS QUE VENDE CAFÈ FUERA DEL EDIFICIO NACIONAL, QUE NO SON ABOGADOS, NI ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, HUBIERAN DECRETADO LA LIBERTAD DE JAIME ROMERO QUE NADA TIENE QUE VER CON LO ACEPTADO Y RESPONSABILIZADO POR JONATHAN VASQUEZ.
ES DE HUMANOS ERRAR, PER AQUÍ HUBO PARCIALIZACIÓN CON EL MINISTERIO PUBLICO, COMO ESTA OCURRIENDO SEGUIDAMENTE, QUE A LO PETICIONADO POR EL ESTE PUBLICO, LOS JUECES DEJANDO SU PROPIA AUTOOMIA A UN LADO , LE DICEN AMEN, ES EVIDENTE QUE EN ESTE ASUNTO NO HUBO JUSTICIA, CON ESA MALA DECISIÓN, EL JUEZ SE FUE MAS ALLA DE LA LOGICA Y LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA, LA JUZGADORA NO UTILIZO UN CRITERIO PROPIO HIZO LO QUE EL MINISTERIO PUBLICO TEMERARIAMENTE SOLICITO.
EN RELACION A MI DEFENDIDO JONATHAN VELÁSQUEZ, IGUALMENTE FUE COMPLACIENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO, PETICIONA LA VINDICTA PUBLICA.
LA AGRAVANTE POR ESTARSE COMETIENDO EL DELITO DENTRO DEL SENO DE UN HOGAR, RESULTA QUE ESE NO ES SU HOGAR DOMESTICO, NI EL DE SU FAMILIA, EL TRAJO LA MARIHUANA DE VALENCIA , YA QUE ES UN ENFERMO QUE CONSUME CONVULCIMAMENTE, AUNADO QUE AQUÌ EN BARQUISIMETO, NO CONOCE A NADIE QUE VENDIERA. LA JUZGADORA PENALIZO A TRES AÑOS Y NUEVE MESES (3 Y 9 MESES) POR LA AGRANTE. ES DECIR NUEVE (9) MESES MAS. A LO CUAL ME OPONGO E IMPUGNO ANTE ESTA ALZADA POR LO ANTES ALEGADO.
CULMINO SEÑALANDO QUE EL COOP. Y CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SON GARANTIAS AL DERECHO A LA LIBERTDAD, LA PRIVATIVA DE LIBERTAD ES LA REGLA Y LA PRIVATIVA LA EXCEPCIÓN.
1- EL JUZGADOR DE CONTROL EN SU FUNDAMENTECION NO MOTIVA DICHA DECISIÓN , EN VERDAD NO SE CON QUE ELEMENTOS VAN A ENJUICIAR HA UNOS CRITICADOS, UE SU UNICO DELITO FUE ESTAR A LA HORA Y EN EL LUGAR EQUIVOCADO.
AL ARTÍCULO. 334 DE LA CONSTITUCÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OBLIGA A LOS JUECES DE LA REPUBLICAA GARANTIZAR LA INCOLUMIDAD DE LA CONSTITUCIÓN, ASI MISMO, EL CONTROL JUDICIAL; ESTA EO HORNEA DECISIÓN JUDICIAL ES DE SER SUBSANABLE.
PETITORIO
1-. SOLICITO QUE EL PRESENTE RECURSO, PRESENTADO SEA ADMITIDO, SUSTANCIADO CONFORME A DERECHO Y DECLARADO CON LUGAR, A FIN SE GARANTICE EL DEBIDO PROCESO EL DERECHO SAGRADO A LA LIBERTAD Y LA TUTELA EFECTIVA DEL ESTADO.
2-. A TODO EVENTO, CONFORME A DERECHO RESPETUOSAMENTE SOLICITO: QUE A MI DEFENDIDO JAIME ROMERO SE DE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR ENDE LA PLENA LIBERTAD, A MI REPRESENTADO JONATHAN VASQUEZ SE LE DECRETE UNA PENA DE 3 AÑOS..../...
Del Recurso presentado se infiere, que el mismo es de Autos, y versa sobre el numeral 4 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, y no habiéndose promovido prueba en el escrito respectivo, lo procedente es pasar a examinar el fondo del asunto. Y ASI SE DECIDE.
DE LA SENTENCIA RECURRIDA
En la decisión apelada distada en fecha 21 de diciembre del 2005, la Jueza del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 8 de este Circuito Judicial Penal, fundamentó la misma en los términos siguientes:
“…..El Tribunal seguidamente después de oír a las partes por lo que el Tribunal impone la pena correspondiente al delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS , previsto y sancionado en el articulo 31 de la Ley Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la circunstancias agravantes en el articulo 46 ordinal 5 de la mencionada ley y en aplicación al articulo 13 del Código penal, en relación con el articulo 376 del Código Orgánico Procesa Penal, con la rebaja del 1/3 de la pena aplicar a la media, articulo 37 del Código Penal donde esta quedo en 7 años de prisión, tomando en consideración la admisión de los hechos se hace merecedor de la rebaja en su termino medio, quedando la misma es Tres años y seis meses de prisión, y en virtud de que el ciudadano no tiene antecedentes penales se le hace una rebaja de seis meses. Quedando la pena en principio de Tres años de Prisión. Ahora bien en la acusación fiscal le fue impuesto al acusado Jonathan Júnior Velásquez Marti la circunstancia agravante establecida en el articulo 46 ordinal 5 de la mencionada ley hace mención del seno del hogar domestico, sin embargo este Tribunal hace la siguiente aclaratoria, ciertamente el acusado de auto durante la audiencia manifestó que su domicilio era en la ciudad de Valencia y el Tribunal le tipifico la circunstancia agravante del articulo 46 orinal 5 de la Ley Contra El Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en virtud que el mencionado ciudadano aun cuando admite los hechos que la droga era de el debió haber tomado en consideración que el mismo se estaba trasladando a una casa de habitación debiendo haber tomado en cuenta esta situación , es por lo que se aumenta un tercio de la pena equivalente a nueve (9) meses, quedando la pena en definitiva en Tres años y Nueve meses de Prisión , 3 años y 9 meses de Prisión por la Comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el articulo 31 de la Ley Contra el Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, pena esta que cumplirá el acusado JHONATHAN JUNIOR VELÁSQUEZ MARTI, en el Establecimiento que determine el Juez de Ejecución que le corresponda conocer la presente causa. Así se declara….”
TITULO II
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
CONSIDERACIONES DE LA CORTE PARA DECIDIR
Señala el recurrente que el Tribunal de Control erró en el calculo de la impuesta al ciudadano Jonathan Velásquez, al establecer una pena de tres (3) años y nueve (9) meses de prisión, por la agravante, una vez que el mismo admitió los hechos en la audiencia preliminar, puesto que la pena que debió ser impuesta solo en tres (3) años, siendo que el delito por el cual se le condenó es e delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas.
Ahora bien, esta alzada observa, que la acusación en contra del ciudadano Jonathan Velásquez, fue admitida por la comisión del delito de Ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el cual se encuentra previsto y sancionado en el segundo a parte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el cual establece “ Si las cantidades de drogas no excede de mil gramos de marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, veinte gramos de derivados de la amapola o doscientos gramos de droga sintéticas, la pena será de seis a ocho años de prisión”.
El artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente: “…Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los caos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, el Juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio…”.
En este orden de ideas es importante señalar, que dada la posible pena a imponer en su limite máximo no excede de ocho años, puede el Tribunal hacer una rebaja por la admisión de los hechos de una tercera parte a la mitad, quedando tal facultad a discreción del juzgador, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado.
Entendida de esta manera tal situación, se evidencia de la sentencia impugnada, que la recurrida establece la pena en la causa al ciudadano Jonathan Velásquez, en la cantidad de tres (3) años y nueve meses (9) y que la posible pena a imponer estaba comprendida entre seis (6) y ocho (8) años de prisión dada la cantidad de droga incautada, siendo de destacar que si hay circunstancias agravantes, el juez puede tomar como termino mínimo inicial para establecer la pena, la cantidad de siete (7) años que se corresponde al término medio, tal como lo establece el artículo 37 del Código Penal y si se toma en consideración ese termino medio, la mitad de esa cantidad sería tres años y seis meses y en el presente caso el juez fija la pena en la cantidad de tres (3) años y nueve (9) meses de prisión, lo que significa que el juez de control, si le hizo una rebaja por concepto de admisión de los hechos en una cantidad comprendida entre una tercera parte a la mitad, resultando por tanto improcedente el recurso interpuesto por el defensor del ciudadano Jonathan Velásquez. Así se decide.
Ahora bien por lo que corresponde al ciudadano Jaime José Romero, es de señalar que su defensor apela de la decisión de la audiencia preliminar, en la que el Tribunal de Control acuerda mantener la medida de privación de libertad, es de señalar, que la decisión que niegue la revisión de medidas cautelares no esta sujeta a recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante a esto, el imputado o su defensa pudieron interponer recurso de apelación contra el auto que decretó la medida de Privación de libertad, en la audiencia de flagrancia o presentación y no contra el auto que niegue la revisión de la medida como lo sería en el presente caso, pues tal como lo manifiesta, la sentencia impugnada acuerda es mantener la medida privativa, pues ya el imputado estaba sometido con anterioridad a dicha medida, por tal motivo este Tribunal declara improcedente la presente denuncia y en consecuencia el presente recurso de apelación. Y así se decide.
TITULO III.
DISPOSITIVA.
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuestos por el Abg. Ali Enrique Sánchez Montilla, actuando en su condición de Defensor Privado de los imputados Jhonatan Velásquez y Jaime Romero, contra la Decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 03 de éste Circuito Judicial Penal, en la Audiencia Preliminar, celebrada en fecha 18 de Mayo de 2006, mediante la cual acordó mantener la Medida Privativa de Libertad al ciudadano Jaime José Romero Isea e impuso al ciudadano Jhonatan Júnior Velásquez Martínez a cumplir la pena de tres (3) años y nueve (9) meses de prisión por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
SEGUNDO: Queda CONFIRMADA LA DECISIÓN APELADA, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 03 de éste Circuito Judicial Penal.
TERCERO: Se ORDENA la remisión de las presentes actuaciones, al correspondiente Tribunal de Primera Instancia de éste Circuito Judicial Penal, a los fines legales consiguientes.
CUARTO Líbrese Boletas de Notificación a las partes.
Cúmplase. Publíquese. Y regístrese la presente Decisión.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Lara, a los días del mes de Julio del año dos mil seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO LARA
La Jueza Profesional y Presidente
Dra. Yanina Karabin
El Juez Profesional El Juez Profesional
Dr. José R. Guillen Colmenares Dr. Gabriel E. España Guillen
(Ponente)
La Secretaria,
Abg. Marjorie Pargas
ASUNTO: KP01-R-2006-00214
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