REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, catorce de julio de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO : KP02-S-2006-013275 Vista la solicitud presentada por la ciudadana DULCE MARISOL VÁSQUEZ LUCENA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.545.556, de este domicilio, asistida de abogada, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicado en el Sector El Jayo, Calle Rafael Urdaneta, Jurisdicción de la Parroquia El Cuji, Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno Ejido, que mide Veintiséis metros (26 Mts.) de frente por Sesenta metros (60 Mts.) de fondo, para una superficie aproximada de Un Mil Quinientos Sesenta Metros Cuadradas (1560 Mts.2); alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con bienhechurías de Mirla de Zarraga; SUR: Con bienhechurías de Maria de Carballo; ESTE: Con bienhechurías de Noelia Orellana, y OESTE: Con calle Rafael Urdaneta. Dichas bienhechurías consisten en paredes de bloque, techo de zinc, piso de cemento pulido, constante de tres (3) habitaciones, baño, cocina, recibo, porche, ocho (8) árboles frutales, cerca alambres de púas y estantillos de madera. El valor invertido es la cantidad de OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: CARMEN RODRÍGUEZ Y CAROLIN RIVAS, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana DULCE MARISOL VÁSQUEZ LUCENA, ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Suplente Especial, Mariluz Josefina Pérez La Secretaria Acc, Ligia Díaz de Sánchez MJP/dmg