REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL




CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL

ASUNTO: KP01-P-2003-1362

Barquisimeto, 20 de Marzo del 2006 Años 195° y 146°

Corresponde a este Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, fundamentar la MEDIDA CAUTELAR acordada en la Audiencia celebrada en fecha 02 de Febrero a favor del ciudadano JULIO CESAR SALCEDO, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.702.915, venezolano, soltero, nacido el 11-03-1979, de 29 años de edad, de profesión u oficio comerciante, hijo de Olga Marina Salcedo, domiciliado en el Barrio San Jacinto, calle 7 entre 3 y 4, Nº 3- 40, a una cuadra del modulo policial, teléfono: 273-57-60 . Y a tal efecto se observa:

En la oportunidad de la Audiencia Oral, en fecha indicada una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición de la Representación Fiscal, quien expuso: Existe Auto de
Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa del ciudadano, JULIO CESAR SALCEDO quien expuso: “Me adhiero ala solicitud Fiscal de que se le otorgue a mi defendido una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad que a bien decida el tribunal y solicito se oficie a los órganos competentes de Seguridad del Estado a los fines de dejar sin efecto la solicitud y que se tome en cuenta que el mismo fue por su cuenta ante la Comisaría Nº 1 de las Fuerzas Armadas Policiales a fin de someterse a este proceso”, es todo.




A LOS FINES DE DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA

Quedando reconocido el Derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales están desarrollados a su vez en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, normas estas fundamentadas en el Principio de que la Regla en este Sistema Procesal Penal Venezolano, es la Libertad y la Excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario decretar una Medida Privativa de Libertad, lo cual se desprende de la misma exposición del imputado, observándose además que este ciudadano tiene un oficio y domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de Fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal Acusatorio, Principios tales como el de Afirmación de Libertad y Presunción de Inocencia, no llenos los extremos excepcionales para la procedencia de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, aún cuando materializado lo relativo a la existencia de un hecho punible, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho investigado, no se acredita la existencia en este caso del peligro de fuga y el de Obstaculización, ya que se evidencia que este ciudadano, tiene arraigo en el país y en esta ciudad, tienen un domicilio estable y conocido, no evidenciándose condiciones económicas y de oportunidad para huir del país y evadir en consecuencia el proceso. En cuanto al peligro de Obstaculización, siendo esta una presunción Iuris tamtun, no se establece la grave sospecha de lo anteriormente esbozado y evidenciado en el proceso que el imputado a través de su conducta y su restricción de la libertad por medio de una Medida Cautelar, no influirá en los testigos, víctimas o expertos, o se presuma se va a comportar desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia, así como no se presume que falsificará, destruirá, modificará u ocultará elementos de convicción.
En este sentido, corresponde al Juez de control, analizar basándose en lo anteriormente expuesto, la procedencia de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, por no configurarse los extremos de procedencia, estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la Privación de la Libertad, los Principios de Legalidad, Excepcionalidad y Proporcionalidad, y siendo que constituyen la figura de las Medidas Cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma, este Juzgador, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue, siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede.


DISPOSITIVA

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley decide, PRIMERO: Se impone en este acto al ciudadano Julio Cesar Salcedo, del auto de detención dictado en fecha 06-12-1996, por el delito de Robo tipificado en el Articulo 457 vigente para la época en que ocurrieron los hechos y el delito de Violación señalado en el Articulo 375 ejusdem del reformado Código. SEGUNDO: Se acuerda otorgar Medida Cautelar prevista en el articulo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, es decir presentación periódica cada 15 días ante la taquilla de presentación de imputados. TERCERO: Se ordena la remisión de las presentes actuaciones al Representante del Ministerio Público a los fines de que remita el respectivo Acto Conclusivo, Y así se decide.

Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los Veinte (20) días del mes de Marzo del 2006. Cúmplase lo ordenado. Regístrese, Publíquese y Notifíquese a las partes.


EL JUEZ CUARTO DE CONTROL


ABG. LUIS ALFONSO MARTINEZ