República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
Circunscripción Judicial del Estado Lara
Nº de Expediente: KP02-L-2005-001865
Parte Actora: Luzmary Karina Carobo, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.787.177.
Abogada Apoderada de la Parte Demandante: Franklin Amaro Duran y Renny Jesús Pérez, abogados en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los Nros. 32.784 y 114.355 respectivamente.
Parte Demandada: García Brito & Asociados C.A, firma mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de octubre de 1994, bajo el Nº 3, Tomo 29-A.
Abogados Apoderados De La Parte Demandada: Gilberto León Alvarez Y Annia Osal Pérez, abogadas en ejercicio, de este domicilio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 42.165 Y 66.168 respectivamente.
Motivo: Cobro de Diferencia de prestaciones Sociales
I
Breve Reseña de los Hechos
Se inicia el presente proceso por demanda incoada por el Abogado Franklin Amaro Duran, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.784, en representación judicial de la ciudadana Luzmary Karina Carobo, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.787.177, por Cobro de Diferencia de prestaciones Sociales, en fecha 17 de Octubre del 2005, en contra de la Firma Mercantil García Brito & Asociados C.A; dándose esta por recibida en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de esta Coordinación, en fecha 21 de Octubre del 2005, admitiéndose en fecha 31 de Octubre del 2005; Dándose inicio a la Audiencia Preliminar en fecha 12 de Enero del 2006; prolongándose esta en reiteradas oportunidades hasta el 14 de Julio del 2006, fecha en la cual se dio por concluida, agregando las pruebas al expediente, y remitiendo la causa a los Tribunales de Juicio.-
Ahora bien, se desprende de autos que en fecha 10 de Agosto del año en curso, se dio por recibió en este Tribunal la presente causa, y que en fecha 21 de Septiembre del 2006, se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se fijo la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, para el día 02 de Octubre del 2006, prolongándose esta para el día 04 de Octubre del año en curso, oportunidad en la cual, el Juez instó a las partes a hacer uso de algún medio de Autocomposición Procesal, manifestando estas, su voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio, a los fines de poner fin a este juicio, y extinguir toda y cada una de las obligaciones que pudieran tener entre si, así como satisfacer cualquier indemnización a la cual pudiera tener derecho la ex trabajadora, ofreciendo la empresa demandada cancelar al accionante la cantidad única de Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Bolívares exactos (Bs. 1.750.000,00), a ser cancelado en un pago único dentro de los quince días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia donde se celebró el acuerdo (04/10/2006).-
Visto el ofrecimiento efectuado por la accionada, la parte demandante convino en este, aceptando tanto la cantidad, como las cuotas ofertadas por el demandado, manifestando además, que nada queda a deberle por ningún concepto derivado de la relación laboral, ni de la terminación de la misma, ya que todos los derechos que le correspondían le fueron otorgados en la oportunidad correspondiente, dándose por satisfechas todas las reclamaciones efectuadas por este; en relación a esto quien aquí Juzga considera conveniente analizar lo concerniente a la conciliación, y pasa a hacerlo en los siguientes términos:
La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal mediante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, al respecto señala nuestro texto constitucional su Artículo (258), que la ley promoverá cualquier medio alternativo de resolución de conflictos, en los que destaca el arbitraje, la conciliación y la mediación.
En efecto, la consagración constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:
´´El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´
Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la adoctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.
Sin embargo, la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello y así lo ha sostenido el ilustre procesalista Henríquez La Roche cuando señala que aún y cuando es facultad expresa que el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, es quien debe mediar, nada impide que un juez de Juicio, Superior, o la misma Sala procure un avenimiento entre las partes.
En cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose de ello a esta Instancia, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una transacción, es deber del juez verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.
Establecido lo anterior, quien aquí Juzga, debe en primer término verificar la capacidad de las partes que desean celebrar la transacción con el fin de ponerle fin a la controversia, en aras de dar cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Constitucional en fecha 21 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando:
“…En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan –en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad, jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.”
Sobre la base de lo anterior, debe este Honorable Tribunal pronunciarse sobre la capacidad de las partes para transar, a cuyo efectos debe proceder al examen de las actas procesales, en cuanto a la capacidad para actuar de los apoderados judiciales de la parte actora, Abogados Franklin Amaro Duran y Renny Jesús Pérez, abogados en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los Nros. 32.784 y 114.355 respectivamente; Apoderados Judiciales de la parte actora en el presente asunto, se observa que en el ejercicio de este poder, el cual riela inserto al expediente se encuentran facultadas las mencionadas profesionales del derecho para desistir, transigir, convenir, entre otras. Así se declara.-
Con respecto a la capacidad para actuar de los Abogados Gilberto León Alvarez y Annia Osal Pérez, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 42.165 Y 66.168; consta en autos el poder Notariado que le fuere conferido, por la Firma Mercantil García Brito & Asociados C.A, verificándose que n el ejercicio de este poder, se encuentra facultado para desistir, transigir, convenir, entre otras. Así se declara.-
Asociado a lo anterior, también apreció este Juzgador, que la demandante estuvo asistido de su abogado en todo momento, de igual forma dio su consentimiento en forma libre de coacción y apremio alguno, cumpliéndose con lo señalado en los artículos 09 y 10 del Reglamento de la ley sustantiva del Trabajo. De lo cual se desprende:
Artículo 9: “Lo cual establece que la Transacción verse sobre derechos litigiosos o discutidos, los derechos consolidados reconocidos no son susceptibles de Transacción”
Artículo 10: “La Transacción celebrada por ante el juez o Inspector de trabajo competente, debidamente Homologado, tendrá efecto de Cosa Juzgada”
En este sentido, siendo que se cumplieron con todos los requisitos de ley, así como la demandante manifestó su conformidad con las cantidades ofertadas a su favor, manifestando además que con el pago ofrecido, nada tiene que reclamar a la Firma Mercantil García Brito & Asociados C.A, toda vez que con el pago ofertado y recibido, quedaron satisfechas todas las pretensiones esbozadas por el actor en su escrito libelar, Visto esto, este Tribunal, en cumplimiento de la ley sustantiva laboral y su reglamento, pasa a homologar el presente transacción otorgándole el carácter de Cosa Juzgada.
Establecida la capacidad de las partes para transar, y por cuanto la actora acepto la cantidad de Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Bolívares exactos (Bs. 1.750.000,00), en la forma ofrecida por el actor, tal como se desprende del acta transaccional suscrita por ambas partes, asimismo se deja expresa constancia que con el pago de las cantidades aquí establecidas, la parte demandada nada adeuda a la actora por ningún concepto derivado de la relación laboral que les unió, ni las costas procesales causadas por el proceso instaurado.-
Por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, este Juzgador imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano, impartiéndole el valor de cosa juzgada
Decisión
En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO la transacción celebrada entre la ciudadana Luzmary Karina Carobo, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.787.177, debidamente representado por los abogados Franklin Amaro Duran y Renny Jesús Pérez, abogados en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los Nros. 32.784 y 114.355; y los Abogados Gilberto León Alvarez y Annia Osal Pérez, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 42.165 Y 66.168, Apoderados Judiciales de la García Brito & Asociados C.A.-
Ahora bien, visto el acuerdo satisfactorio a que han llegado las partes, este Juzgador, en aplicación de los medios alternativos de resolución de conflictos, como principio contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA el acuerdo antes descrito. En consecuencia, le imparte el valor de COSA JUZGADA.-
Publíquese, regístrese la presente decisión.-
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los (09) del mes de Octubre del año dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
El Juez
Abg. Rubén Medina Aldana
La Secretaria,
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