TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control
TRUJILLO, 3 de Abril de 2007
196º y 148º
ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2007-000055
ASUNTO : TP01-P-2007-000055
Celebrada la audiencia oral y privada, convocada para tramitar y decidir la solicitud de vehículo formulada por el ciudadano MIGUEL ANDRADE GIL, se emite la correspondiente resolución en los términos siguientes:

Efectivamente, el día de hoy 02 de Mayo de 2007, siendo la 1:00 p.m., se llevó a efecto la referida audiencia, encontrándose presentes: El Solicitante MIGUEL ANGEL ANDRADE GIL, el Abg. Asistente, JESUS MATERAN ANDRADE y el fiscal LENIN TERAN.
Abierto el acto, se impuso a los presentes del motivo de su comparecencia y de la importancia del acto.
Acto seguido el abogado JESUS MATERAN ANDRADE , con el carácter de abogado asistente del ciudadano MIGUEL ANGEL ANDRADE GIL, solicitó la entrega del identificado vehículo, argumentando, que sólo se desincorporó el chasis y se cambió el tren delantero de manera licita, como se evidencia de facturas originales, corroboradas por la experticia practicada por funcionarios de la Guardia Nacional, ya que por lo demás en las actas que conforman la causa constan los documentos que acreditan la propiedad y posesión del vehículo por parte del solicitante. Pidió además la exoneración del pago por concepto de estacionamiento se exonere el pago del estacionamiento, invocando lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.
Por su parte, la representación Fiscal, después de formular razonamientos de hecho y de derecho, mantiene el criterio de negar la entregar del vehículo, por cuanto en el SETRA aparece otro propietario y el serial de chasis se encuentra desincorporado.

Vistas las actuaciones y oídas las exposiciones de las partes, el tribunal, considera, que el asunto se debe abordar, desde la perspectiva que la República Bolivariana de Venezuela se proclama como un Estado Democrático de Derecho y de Justicia, razón suficiente para aplicar de manera integral las normas de distintos rangos involucradas en el tema bajo análisis, por lo que en ese sentido, precisamos la existencia de un conflicto de intereses entre el Estado y particulares, debiendo entonces procurar la búsqueda de un equilibrio entre ambos, razón por la cual, resulta necesario establecer, que el titular de la acción penal, en ejercicio de su competencia realiza actividades dirigidas a garantizar la legalidad y transparencia del parque automotor Nacional, en obsequio de la seguridad jurídica y patrimonial de la ciudadanía, de manera que desde esa visión resulta comprensible la posición fiscal; sin embargo, el jurisdiccente, debe ponderar y evaluar las circunstancias que rodean los hechos, con el propósito de equilibrar el Ius Puniendi del Estado con los derechos de los justiciables, por lo que en el caso in comento, se observa, por una parte el ejercicio de de la acción punitiva del Estado, y por la otra, el derecho a propiedad del solicitante; pero con el agregado, que por la circunstancia que el vehículo automotor es una unidad de transporte público, utilizado como instrumento de trabajo por su propietario, para la manutención de su grupo familiar, no solamente resulta involucrado el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 115 constitucional y 548 del Código Civil, sino también los derechos al trabajo y protección a la familia, a que se refieren los artículos 87 y 75 constitucionales, debiendo entonces, concluir, que en aras de garantizar el ius Puniendi del Estado, así como los referidos derechos del justiciable, lo mas ajustado al derecho y a la justicia es hacer entrega en condición de depósito del vehículo identificado así: placas AH3486, Serial de Carrocería 8368E8K133081,Serial del Motor LA744001, marca DODGE, Modelo SPORTMAN, Año 78, Color ROJO, Clase CAMIO, Tipo VAM, Uso TRANSPORTE PUBLICO, 15 PUESTOS, Servicio URBANO, bajo la condición de presentarlo ante este tribunal y la Fiscalía del Ministerio Público cuando sea requerido.
Con relación al pedimento, en el sentido que sea exonerado del pago por concepto de estacionamiento, esgrimiendo como soporte para tal pedimento doctrina emanada del Tribunal Supremo de Justicia, que sin duda laguna constituye una atenuante al rigorismo del derecho privado en cuanto al cumplimiento inexorable de las obligaciones entre particulares, con ocasión de que los contratos suscritos entre éstos tiene fuerza ley entre, como lo establece el artículo 1159 del Código Civil, lo que nos induce a abordar la teoría general de los contratos, en sintonía con la perspectiva constitucional del proceso, ya citada, concretamente, el artículo 1141 del Código Civil, que establece como condiciones existenciales del contrato: El Consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia del contrato y una causa lícita: Ahora bien, el artículo 1749, define el depósito en general como un acto por el cual una persona con la obligación de guardarla y restituirla y el artículo 1753 eiusdem, conceptúa el depósito voluntario, como el que se efectúa por el espontáneo consentimiento del que da y del que recibe la cosa en depósito.
Al respecto, se observa con claridad meridiana y de manera inequívoca, que el ciudadano. MIGUEL ANGEL ANDRADE GIL no celebró contrato de depósito alguno con los representantes legales del estacionamiento Judicial Valera, por lo que, mal puede exigírsele el cumplimiento de obligaciones como consecuencia de un contrato del cual no es parte, debiendo el depositario dirimir tal controversía con los reales depositantes, ya que las deficiencias del Estado en la provisión de estacionamientos para casos como el presente, no se le debe trasladar como carga a los hiposuficientes administrados, por lo que se exonera al ciudadano MIGUEL ANGEL ANDRADE GIL del pago por concepto de de estacionamiento. Así, se decide.
DISPOSITIVA
Con base en los razonamientos explanados, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 311 eiusdem, en concordancia el articulo 548 del Código Civil y en armonía con los artículos 115, 75 y 87 constitucionales, acuerda la entrega del vehículo en condición de deposito, ya identificado al ciudadano. MIGUEL ANGEL ANDRADE GIL, venezolano, mayor de edad, transportista, divorciado, domiciliado en la parroquia Santa Ana, municipio Pampan, Estado Trujillo y titular de la cédula de identidad N° 3.522.071. SEGUNDO : De conformidad con lo establecido en los artículos 1141 y 1159 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1749 y 1753, se exonera al ciudadano MIGUEL ANGEL ANDRADE GIL del pago por concepto de estacionamiento, a cuyo efecto, se ordena oficiar la entrega del referido vehículo a los representantes legales del Estacionamiento Judicial Valera en los términos acordados.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Trujillo 4 de Abril de 2007
El Juez de Control N° 02
El Secretario

Abog. José Daniel Perdomo Duran

Abog. Nelson Aguilar M.