TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Su Juez Titular, Abogado ROLANDO LAZARO QUINTANA BALLESTER, Cédula de Identidad Nº 4.147.902, quien lo suscribe, y la Secretaria Accidental, EDITH YASMIN PEÑA JUAREZ, Cédula de Identidad Nº 8.719.997, quien lo refrenda.
ACTUANDO EN SEDE CIVIL PRODUCE EL PRESENTE FALLO INTERLOCUTORIO.
Expediente: 23.062
Motivo: REIVINDICACION.

DE LAS PARTES.

Demandante: SCROCCHI TOVAR LUISA M, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 59.765, actuando en su propio nombre y representación, así como coheredera legitima de la SUCESIÓN SCROCCHI LARES JESUS ANDRES, con domicilio procesal, en la avenida 4. Sector El Filo de Carvajal. Galpón G/S. Municipio San Rafael de Carvajal del estado Trujillo.

Demandados: INGENIERÍA SAN JOAQUÍN, S.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo bajo el N° 73° Tomo 18-A, de fecha 17 de noviembre del 2006 y ESTACION DE SERVICIO SAN DIEGO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, la primera bajo el N° 44. Tomo 1-A de fecha 11 de marzo del año 2003, con RIF N° J-30991413-3, Ambas representadas por el ciudadano JOSÉ DEL CARMEN BERRIOS ANDARÁ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.501.384, domiciliado en la Avenida 6. Sector las Acacias. Quinta Menrosal, segunda Planta, frente al Colegio Salesiano Municipio Valera estado Trujillo.

S I N T E S I S P R O C E S A L
Cumplido el respectivo trámite de distribución, de fecha veintinueve (29) de Febrero de dos mil ocho (2008), se recibe la presente demanda, dándosele entrada en este Juzgado y formándose el presente expediente Nº 23.062, por medio de auto de fecha 04 de Marzo de 2008 se requiere de la parte sean consignados los recaudos para proceder a la admisión de la demanda, (folio 6)

Ú N I C A
Observa este Juzgador, que en la presente causa habiéndose ordenado a la parte actora a consignar recaudos para pronunciarse sobre la admisión de la misma, esta no cumplió con lo ordenado por este Juzgador.
Ahora bien, establece el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 1º, lo siguiente: “También se extingue la instancia: 1º) Cuando transcurridos treinta días, a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado...” (negritas y cursivas del Tribunal).
Este Tribunal se permite señalar, y acogerse a Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de de Casación Civil, de fecha 06 de julio de 2004, (caso J.R. Banco contra Seguros Liberty Mutual), que copiada parcialmente estableció.
“... Empero, al lado de esta derogada obligación tributaria (ingreso público, según el art. 2 de la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio la hoy suprimida Oficina de Arancel Judicial), están las obligaciones previstas en la misma Ley de Arancel Judicial que no constituyen ingreso público ni tributos ni son percibidas por los institutos bancarios en sus oficinas receptoras de fondos nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende, dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias no son destinadas a coadyuvar el logro de la eficiencia del poder judicial ni a permitir el acceso a la justicia (art. 2 de La Ley de Arancel Judicial) ni a establecimientos públicos de la Administración Nacional (art 42, ord. 4º. De la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia.
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione-los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o del recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro...
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado...” (negritas y cursivas del Tribunal).
En sentencia del extinto Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 05 de marzo de 1.992, asienta que sin lugar a dudas con la presentación del libelo de la demanda se genera la instancia, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien propuso la demanda y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de perención.
Y verificado por este Juzgador, que efectivamente han transcurrido más de treinta (30) días, desde la fecha que se ordenó a la parte actora a consignar los recaudos para pronunciarse sobre la admisión de la presente causa; en consecuencia resulta ajustado a derecho decretar Consumada la Perención, y consecuencialmente la Extinción de la Instancia. Así se decide.

D E C I S I Ó N
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, expresamente por ministerio del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA. Publíquese y cópiese. Dada, firmada y sellada en la Sede donde despacha el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Bancario y Constitucional de la Circunscripción Judicial Estado Trujillo. En Trujillo, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008). Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.
El Juez Titular,

Abog. Rolando Quintana Ballester
La Secretaria Accidental,

Edith Yasmín Peña Juárez
En la misma fecha, se publicó el fallo siendo las: ______________________.
La Secretaria Accidental,

Edith Yasmín Peña Juárez
RQB/EYPJ/va