REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS PALAVECINO Y SIMON PLANAS

República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Juzgado Primero de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Cabudare, 2 de Abril de 2008 Años: 197° y 149° CAUSA N° 2.709-06 FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Revisadas las actas procesales que integran el presente expediente, este Tribunal observa: El presente juicio de FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, fue interpuesto en fecha 22-05-2006 por MILDARY CASTILLO DE ROJAS, titular de la cédula de identidad N° 5.575.060, en su condición de Consejera de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Palavecino del Estado Lara, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 160 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, quien en el escrito que encabeza el presente expediente, manifiesta que en fecha 11-05-06 compareció al Consejo de Protección la ciudadana ERIKA ELIZABETH ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 14.427.154 y de este domicilio, madre de la niña (identidad omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNNA), solicitando se proceda a la fijación de la pensión de alimentos para su hija, en vista de que su padre ciudadano JUAN CARLOS MORLES COLMENAREZ, titular de la cédula de identidad N° 15.272.028, no cumple con esa obligación. En fecha 25-05-2006, se recibieron las presentes actuaciones emanadas del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente de Cabudare y, en la misma fecha, se admitió la solicitud, ordenándose la citación del demandado por medio de exhorto una vez conste en autos la copia fotostática de la solicitud, la notificación al Fiscal del Ministerio Público; así mismo, en dicho auto se ordenó librar telegrama para la reclamante para imponerla del auto de admisión. (folio 1 al 7), todo lo cual fue efectivamente cumplido. En fecha 15-06-2006, la Alguacil del Tribunal, mediante diligencia consigna boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscal 17° del Ministerio Público (folios 10 y 11). A los folios 16 y 20, cursan copia de telegramas remitidos a la reclamante por este Tribunal, con lo cual se cumple de oficio con el impulso procesal. Del anterior análisis se evidencia que desde el día 25-05-2006, fecha de la admisión la solicitud de autos, hasta el día de hoy, ha transcurrido mas de un (1) año sin que se le haya dado impulso al proceso por parte de la reclamante, no dándose así cumplimiento a las obligaciones que la Ley impone para que se cumplan los trámites procesales y dar continuidad al presente juicio, no obstante que, este Tribunal practicó diligencias, como medio para impulsar el proceso, habiendo resultado las mismas infructuosas. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes” Reiteradamente ha sostenido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces, la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzca para su declaratoria: La falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes y, la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento”. En base a las consideraciones precedentemente expuestas y, demostrado como está que, en la presente causa la parte actora desde hace mas de un año, no ha cumplido con su obligación de impulsar el proceso, configurándose con tal conducta la extinción de la instancia, es por lo que este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente a esta Ley especial, por disponerlo así el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia, archívese el presente expediente para su oportuna remisión al Archivo Judicial Regional, dejándose copia certificada del presente auto en el copiador de sentencias correspondiente. La Juez Dra. Coromoto J. de Del Nogal El Secretario Abg. Daniel González. Seguidamente se cumplió con lo ordenado y se archivó el presente expediente en (13) folios útiles. El Secretario Abg. Daniel González.