TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL DE CONTROL Nº 11
EXTENSION CARORA
Carora, 17 de Diciembre de 2.008
AÑOS 198º y 149º
ASUNTO KP11-P-2008-000641

MEDIDA DE PROTECCIÓN
Vista la solicitud formulada por la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Lara, en relación al decreto de Medida de Protección a favor de la ciudadana SYLVANNA JOSEFINA MORA ARMAO, residenciada en la Calle Sucre entre Sol de oriente y Las Brisas, Casa Nº 4-82, Carora Estado Lara; este Tribunal hace las siguientes observaciones:
Es preciso destacar que el acuerdo de la medida solicitada está sujeto a los siguientes aspectos, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, a saber:
Artículo 17. Las medidas a las que se refiere la presente Ley serán solicitadas por el Ministerio Público, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, previo análisis de los siguientes aspectos:
• La presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad de una persona, a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal.
• La viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección.
• La adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.
• El interés público en la investigación y en el juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social; o la validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente.

A los fines de evaluar los aspectos indicados, debe observarse que de lo que obra en la solicitud planteada se observa que la misma está relacionada con una causa penal, específicamente la Nº KP01-P-2000-1364, seguida por el delito de Homicidio Calificado, en la cual la ciudadana SYLVANNA JOSEFINA MORA ARMAO señala aparecer como testigo presencial donde falleció el ciudadano Juan José Herrera, en el cual se llevó a cabo un acto de Inspección Judicial en el lugar de los hechos por parte del Juzgado Cuarto de Juicio de esta Circunscripción, siendo que la prenombrada ciudadana afirma que en dicho acto, el ciudadano PAUL REINALDO MORILLO BARRIOS, quien es hermano del acusado Juan Gabriel Morillo, la amenazó con matarla y trató de agredirla físicamente; todo lo cual la hace temer por ella y por su familia.
En atención a lo expuesto, se infiere que los hechos que se denuncian constituyen una amenaza inminente para la ciudadana SYLVANNA JOSEFINA MORA, de sufrir un daño por parte del ciudadano PAUL REINALDO MORILLO BARRIOS, quienes aparece señalado como familiar directo de un ciudadano que a su vez fue acusado como presunto autor de un delito de Homicidio Calificado, en el cual la prenombrada ciudadana aparece como testigo presencial; siendo que la amenaza podría inhibirla o hacer que se comportara de forma reticente, bajo temor o coacción, en detrimento de una efectiva administración de justicia.
Esta situación, además de que puede obstaculizar la administración de justicia, genera una situación de temor fundado para la ciudadana SYLVANNA JOSEFINA MORA y su entorno familiar, circunstancia ésta que la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales ha tomado en cuenta para ofrecer los mecanismos de protección a las personas que intervienen en el proceso penal, en este caso, a los testigos o a sus familiares, buscando así que los procesos penales no se obstruyan por el terror que se puede ejercer contra sus actores, en especial, las víctimas y testigos, tomando en cuenta que a través de estos medios de prueba es que de manera esencial se lleva la demostración del hecho ante el órgano decisor.
Es así como este Tribunal considera que en el presente caso se dan los supuesto contemplados en el artículo 17 de la Ley de protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, toda vez que existe un temor fundado de sufrir un daño por las declaraciones relevantes dadas en la presente causa y que se trata de un hecho con evidente interés público por su repercusión en la paz social; resultando así legalmente procedente la solicitud fiscal.
Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza de las amenazas proferidas en contra de las personas que aparecen como víctimas en la presente causa, este Tribunal estima procedente acordar medida de protección establecida en el artículo 21 de la Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, específicamente la relativa a los recorridos de manera constante y periódica por el lugar de residencia de la ciudadana SYLVANNA JOSEFINA MORA ARMAO, residenciada en la Calle Sucre entre Sol de oriente y Las Brisas, Casa Nº 4-82, Carora Estado Lara; comisionándose a tal efecto a la Comisaría Carora de la Fuerza Armada Policial del estado Lara.

DISPOSITIVA
En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, declara: PRIMERO: Con Lugar la solicitud fiscal sobre otorgamiento de Medida de protección y en consecuencia se dicta MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor de la ciudadana SYLVANNA JOSEFINA MORA ARMAO, residenciada en la Calle Sucre entre Sol de oriente y Las Brisas, Casa Nº 4-82, Carora Estado Lara, y de su grupo familiar que reside con ella; de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; consistente en recorridos de manera constante y periódica por su lugar de residencia. SEGUNDO: Se comisiona a la Comisaría Carora de la Fuerza Armada Policial del estado Lara, para el cumplimiento de la medida de protección antes dicha. TERCERO: Notifíquese a la Fiscalía Superior y a la solicitante, y ofíciese a la Comisaría Carora de la Fuerza Armada Policial del estado Lara.
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Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal en la ciudad de Carora, a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del 2007. Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

LA JUEZA DE CONTROL Nº 11
(SOLO POR ESTE ACTO)

ABOG. SULEIMA ANGULO GÓMEZ
EL SECRETARIO

ABOG. MIGUEL ANGEL PINTO