REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO 2 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO TRUJILLO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 198º Y 149º ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2007-007912 ASUNTO : TP01-P-2007-007912 En la audiencia del veintiocho (28) de octubre de 2008, fueron admitidos por este Tribunal, previo el cumplimiento de los trámites legales correspondientes, la acusación y algunas de las pruebas que la respaldan, presentada por la Fiscalía V del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, contra el ciudadano JHONNY EDUARDO BASTIDAS, quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Personal número 19937865, obrero, residenciado en el la Calle La Milagrosa, casa número 23, de Betijoque, Municipio Rafael Rangel del Estado Trujillo, cerca de una bodega de nombre Chacho, por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en contra del Orden Público. Los hechos que a juicio de la Fiscalía del Ministerio Público indicada configuran la tipicidad de la conducta del Imputado, son que él, aproximadamente a las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del veinticinco (25) de diciembre de 2008, portaba, guardada en la pretina del pantalón que vestía, el revólver marca Amadeo Rossi, calibre .38 mm., cañón corto, serial del tambor número 492, empuñadura de madera, con dos (2) cartuchos sin percutir, la cual tenía el Acusado sin tener el porte de armas respectivo, todo lo cual se supo en razón de la revisión corporal que le hicieran los funcionarios aprehensores, José Pascual Camacho Moreno, Derwis Chávez y Álvaro Barazarte, adscritos a las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo, en momentos en que patrullaban por la Avenida Principal del sector La Milagrosa de la Parroquia El Cedro del Municipio Rafael Rangel del Estado Trujillo. Ofreció como pruebas y fueron admitidas para el juicio oral y público, las siguientes: a) Testimoniales de los ciudadanos José Félix Cáceres, experto adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la cual es necesaria, útil y pertinente porque él practicó la experticia de reconocimiento técnico del arma, y estableció procesalmente sus características y condiciones generales; Darwin Chávez, Álvaro Barazarte y José Pascual Camacho Moreno, funcionarios adscritos a la Fuerza Armada Policial del Estado Trujillo, las cuales son útiles, pertinentes y necesarias porque ellos, como funcionarios aprehensores del reo que son, determinaron las circunstancias y motivos que rodearon su detención, y demostrarán ante el Tribunal estas; b) El informe de la experticia de reconocimiento practicada sobre el arma decomisada, el cual se ofreció como complemento de la deposición del experto José Félix Cáceres Gil, el cual es útil, necesario y pertinente porque sirve para determinar las características del arma y para documentar la realización de la experticia. Se rechazaron, por ser impertinentes, la declaración del experto Fernando Álvarez, ya que su actuación procesal fue experticiar unos teléfonos celulares cuyo decomiso nada tiene que ver con la imputación ni sus fundamentos, y el informe de la experticia por él realizada, así como el acta policial levantada por los funcionarios aprehensores, ya que no es un documento que cumpla con las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal en lo relativo a la prueba documental. Una vez admitida la acusación y las pruebas ofrecidas, se impuso al Imputado de su nueva condición de Acusado de sus derechos y garantías constitucionales y de las alternativas a la prosecución del proceso, manifestando él su deseo de acogerse a la de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS, prevista en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y una vez impuesto por el Tribunal de las consecuencias que tal admisión de hechos le acarrearía, e interrogado acerca de su conocimiento de la trascendencia de tal acto, manifestó estar plenamente consciente de tales efectos, y admitió ser el autor del hecho cuya realización se le imputa, y su responsabilidad personal por su comisión. El Tribunal, en ese mismo acto, y en razón de haberse acogido el Acusado a la alternativa a la prosecución del proceso indicada, luego de analizar el acervo probatorio fiscal, le condenó a sufrir la pena de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN MÁS LAS ACCESORIAS DE LEY, por estimarlo responsable de la comisión del delito indicado, y pasa a fundamentar esa decisión de la forma siguiente: ÚNICO: Aparece plenamente acreditado en los autos que el Acusado cometió el hecho imputádole, ya que los funcionarios aprehensores, ya reseñados, fueron firmes y contestes al señalar la forma como se produjo la detención del Acusado, por haber sido sorprendido poseyendo el arma que se ha descrito supra, arma ésta que fue sometida a la experticia de reconocimiento respectiva, la cual arrojó sus características y su condición de arma de fuego. Estas declaraciones son corroboradas por las declaraciones del experto José Félix Cáceres Gil, quien expertició el arma, lo que acredita su existencia. El Acusado, por su parte, no objetó de ninguna forma las afirmaciones de los Policías Estadales que lo detuvieron, ni ofreció ninguna justificación a la existencia del arma, distinta a la ofrecida por esos funcionarios, así como tampoco trató de justificar de ninguna forma, el por qué la estaba poseyendo, todos estos indicios que unidos a la admisión de los hechos por el Acusado, sirven para acreditar, a juicio del Tribunal, la realización del hecho y la responsabilidad penal del Acusado sobre él, lo que se declara expresamente. PENALIDAD De conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de lo solicitado por la defensa y la admisión de los hechos efectuada voluntariamente por el Acusado JHONNY EDUARDO BASTIDAS, se pasa a establecer la pena aplicable al reo, lo que se hace de la siguiente manera: Establece el artículo 277 del Código Penal, la pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión para quien cometa el delito de Porte Ilícito de Armas, allí tipificado. Por otra parte, dispone el artículo 37 del Código Penal que la pena normalmente aplicable a un hecho es la media entre los límites inferior y superior de pena establecidos por el tipo, de donde, para el caso presente, la pena normalmente aplicable es la de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, que es la media entre tres (3) y cinco (5) años de prisión. Esta pena debe ser llevada a su término mínimo, conforme al mismo artículo 37 del Código Penal, porque en el caso no existen circunstancias agravantes, mientras que está presente la atenuante genérica contenida en el artículo 74.4 del Código Penal, de buena conducta predelictual por el reo, de donde la pena aplicable a este caso en concreto sería, luego de la aplicación de esa norma, de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN. Empero, a esta pena debe rebajársele hasta la mitad (1/2), conforme a lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, rebaja que se traduce temporalmente en UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, de donde queda una pena restante de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, que es la pena corporal a la que en definitiva se condena al Acusado y, siendo que no estuvo detenido judicialmente en ninguna oportunidad mientras se instruyó el proceso, la condena aquí impuesta terminará en la oportunidad que determine el Tribunal de Ejecución que ejecute el fallo. De conformidad con el artículo 16 del Código Penal, se condena al Acusado a sufrir las penas accesorias a la de prisión, cuales son: Inhabilitación Política por el tiempo de la condena y sujeción a la vigilancia de la autoridad, luego de cumplida la condena, por TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS, y conforme al artículo 33 del mismo Código, a sufrir la pérdida del arma con la que cometió el delito y de las municiones que se le decomisaron, las cuales se destinarán a engrosar el Parque Nacional. DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONDENA al ciudadano JHONNY EDUARDO BASTIDAS, ampliamente identificado supra, a cumplir la pena de UN AÑO (1) Y SEIS (6) MESES DE PRISION, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal. Como consecuencia de este fallo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, se mantiene la medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el Acusado. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Dada verbalmente en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en Trujillo, Estado Trujillo, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2008, y publicada en su forma escrita, y leída en su totalidad, en la misma Sala de Audiencias, a las dos y media de la tarde (2:30 p.m.) del día de hoy, trece (13) de noviembre de 2008, años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. El Juez, La Secretaria, Manuel Gutiérrez. Zoraida Castellanos.