TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas
Barquisimeto, 18 de noviembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2008-001175

AUTO MOTIVADO PARA CALIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE APREHENSION DE FLAGRANCIA DE IMPUTADO, DE REVISIÒN Y DECISIÒN DE MEDIDAS

Siendo las nueve (09:00) horas de la mañana del día 14 de noviembre del 2008, se constituyo en la sala de audiencias del Edificio Nacional, el Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control, Audiencias y Medidas Nro.2 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, previo abocamiento al conocimiento de la presente causa, conformado por la Jueza especial Abg. Dorelys Barrera, el Secretario Daniel Escalona Otero, y el Alguacil José Marín, verificándose la presencia de la Fiscal Sexta del Ministerio Público Abg. Yurancy Arteaga, y la Defensora Pública Abg. Yajaira Salazar, con la finalidad de llevar acabo el acto de audiencia oral para calificar las circunstancias de aprehensión de flagrancia, de revisión y decisión de medidas de protección y seguridad, en contra del ciudadano, JOSÉ RAFAEL VICENT CORDERO, titular de la cedula de identidad Nº 15.373.882, de 29 años de edad, grado de instrucción Bachiller, soltero, oficio Comerciante, hijo José Rafael Vicente y Criseles Cordero, fecha de nacimiento 03-09-1979, natural de Caracas, residenciado Calle Principal del Cercado Casa 35 cerca de su casa una iglesia a 3 casa y la escuela bolivariana a 4 casas Estado Lara, por su presunta participación activa en la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de ANA KARINA MICHELENA, titular de la cédula de identidad Nro. 16.531.377.
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ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN
El representante del Ministerio Público, le atribuye al ciudadano JOSÉ RAFAEL VICENT CORDERO, titular de la cedula de identidad Nº 15.373.882, de 29 años de edad, debidamente identificado en el encabezado del acto, los hechos denunciados por la victima en fecha 12 de noviembre de 2008, según consta y se verifica del acta policial que riela al folio 03 del asunto, ante la Brigada de Seguridad y Urbana y Orden Publico Unidad Motorizada comando, de la Fuerza Armada Policial del Estado Lara, donde expuso que como a la una de la tarde andaba por la carrera 19 con avenida vargas con su hijo y acompañada de una amiga, cuando se encontró al padre de su hijo y este en actitud agresiva le arrebato al niño de los brazos y le dio unos golpes con los pies, huyendo con el niño diciendo que se lo llevaría a Caracas, posterior a esto recibe una llamada telefónica la cual le dicen que se despida de su hijo que no lo vera mas, la victima llamo al 171 llegando los funcionarios policiales, quienes comenzaron a buscarlo y en pocos minutos recibe nuevamente otra llamada telefónica donde le dicen que se vean en la avenida vargas con 19 al llegar los policías, donde le quitaron al niño y fueron llevados a la cede de la motorizada, lo que produjo la aprehensión en situación de flagrancia del denunciado, una vez llenos los extremos a que se contrae el artículo 93 de la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una Vida libre de Violencia.
El Ministerio Público solicita se acuerde el procedimiento especial conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Especial y que se decrete la aprehensión en flagrancia. En este acto la Fiscal del Ministerio Público solicita las medidas de seguridad y protección contenidas en el artículo 87 ordinales 5º y 6º de la Ley especial.

DECLARACIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR Y DEFENSA
Luego de haber sido debidamente identificada por secretaría al imputado de autos y de haber oído la exposición y petición de la Fiscal Sexta del Ministerio Público, este Tribunal procede al tenor de lo dispuesto en el artículo 126 y 127 de la Ley Adjetiva Penal, siendo la oportunidad para recibir la declaración del mismo y dando cumplimiento irrestricto a las disposiciones contenidas en el precitado texto legal en el artículo 130 y siguientes, en concordancia con el artículo 125, se procedió a instruir del precepto Constitucional contemplado en el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los hechos, calificación jurídica y medidas solicitadas por el Ministerio Público. En tal sentido aplicándose los efectos del artículo 133 de la Norma Penal Adjetiva, y libre de juramento, así como de toda coacción o apremio, el imputado de autos manifestó su voluntad de declarar. El cual expuso “yo estaba reunido en la vargas con 19 con unos amigos y yo quede en verme con ella a las 2 de la tarde con la madre de mi hijo, con el objeto de darle un dinero para sus gastos ella me entrega al niño molesta porque le pareció muy poco dinero, yo agarre al niño y me lo lleve a comer, seguidamente yo la llamo para entregarle al niño y nos quedamos en ver en el mismo sitio de una vez, una vez reunido pasando hacia el centro comercial Capital Plaza es interceptado por 2 funcionarios en bicicleta siendo detenido y señalado de secuestro” Seguidamente se le Cede la palabra a la DEFENSA TÈCNICA quién expone: “Esta defensa oída la declaración del ciudadano en la cual manifestación que su hijo fue entregado de manera voluntaria por la ciudadana Ana Karina Michelena, es por lo que la precalificación de violencia física no se fundamenta o no existen elementos de convicción debido a que el reconocimiento no arroja ninguna lesión evidente ni hematomas por lo que de ser desestimada dicha denuncia por cuanto no existen elementos que sustente la precalificación de violencia física a tal fin se demostrara a trastes de los testigos”.

PRECALIFICACIÓN JURÍDICA
A los fines de legalizar la detención del imputado de autos, realizada al amparo del segundo supuesto fáctico establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se califica como flagrante su aprehensión, procediendo a analizar los elementos de convicción traídos por el Representante del Ministerio Público, como son las actas policiales que rielan en el asunto, precalificando la Fiscalía del Ministerio Público los hechos narrados como delito de VIOLENCIA FÍSICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana ANA KARINA MICHELENA, titular de la cédula de identidad Nro. 16.531.377.

SUPUESTOS QUE CONCURREN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 93 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
En cuanto a la medida de coerción personal a imponer al ciudadano, JOSÉ RAFAEL VICENT CORDERO, titular de la cedula de identidad Nº 15.373.882, de 29 años de edad, este Tribunal estima necesario por las condiciones del caso, no obstante que se está en presencia de elementos de convicción que hacen presumir la existencia de un hecho punible, el cual merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, y ante la existencia de elementos que hacen presumir fundadamente que el imputado ha participado en la perpetración del hecho, imponer al referido ciudadano las medidas de seguridad y protección previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley especial,
A tales fines se observa, que el delito precalificado por el Ministerio Público establece una pena privativa de libertad menor a los diez años en su límite máximo en cada uno de ellos; y por interpretación ad contrarium sensu, queda excluido de la presunción legal del peligro de fuga contenida en el artículo 251 parágrafo 1º del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente el daño causado con el mismo no es de tal magnitud, además, según los datos aportados voluntariamente por el imputado al momento de ser identificado, no existe medio de convicción en contra de sus afirmaciones en cuanto a que tiene un domicilio fijo y residencia permanente, así como tampoco existe prueba que obre de que cuente con recursos que pudieran facilitarle su huída del territorio nacional; que no existe prueba traída a los autos de que tenga asuntos penales o antecedentes, que el igualmente no consta el Sistema Informático Iuris 2000, que tenga otros asuntos penales pendientes, por lo que se imponen al imputado de autos las medidas de seguridad y protección señaladas, en beneficio de la ciudadana ANA KARINA MICHELENA, titular de la cédula de identidad Nro. 16.531.377.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Entendiendo delito flagrante en el concepto usual, el que se esta cometiendo de la manera singularmente ostentosa o escandalosa que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa situación anómala y grave, a fin de que cese el delito, en virtud de que se está produciendo un daño que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento, y que el agresor sea sorprendido, visto en el momento de agredir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito, es por lo que vistos los razonamientos expuestos, de acuerdo a lo que consta en las presentes actuaciones, este tribunal pudo constatar que el ciudadano JOSÉ RAFAEL VICENT CORDERO, plenamente identificado, fue aprehendido a poco tiempo de haberse cometido los actos de violencia física, constituyéndose así la aprehensión en situación de flagrancia, tal como fue precalificado por la Representación de la Vindicta Pública y titular de la acción penal en la audiencia oral.
La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias. Es por ello, que las medidas impuestas por este Tribunal obedecen a la protección de la victima y de su derecho a no ser sometida a maltratos, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, que implica que tienen derecho a no ser agredida ni física, ni verbalmente, por su compañero por cuanto en las relaciones de pareja y no parejas debe primar la igualdad, la libertad y el respeto recíproco entre sus integrantes. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: PRIMERO: Este Tribunal decreta con lugar la flagrancia, por cuanto están llenos los supuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; SEGUNDO: Se acuerda continuar con el procedimiento especial ordinario conforme al artículo 94 de la Ley Especial; TERCERA: En cuanto a las medidas de seguridad y protección, este tribunal acuerda imponer al ciudadano las contenidas en el artículo 87 ordinal 5 y 6º de la Ley especial consistente en la prohibición de acercarse a la misma por si, o por intermedio de terceras personas, a la residencia de la victima, lugar de estudio o trabajo, así como la restricción de realizar actos de persecución, acoso o intimidación contra la misma o algún miembro de su familia; CUARTO: Se decreta la libertad del ciudadano José Rafael Vicente Cordero.Regístrese.- Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal en Barquisimeto, a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año 2.008. Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

LA JUEZA DE CONTROL. AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nº 2
ABG. DORELYS BARRERA

EL SECRETARIO
DANIEL ESCALONA