República Bolivariana de Venezuela EN SU NOMBRE Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE DEMANDANTE: Frateres Inversiones 5, C.A., constituida originalmente bajo la denominación Indugal, Inversiones Industriales Gal, S.A., con domicilio en Valencia, Estado Carabobo por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 2 de Marzo de 1.993, bajo el Nº 65, Tomo 15-A, y modificada su denominación y domicilio a los actuales conforme consta de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 12 de noviembre de 1.996, bajo el Nº 04, Tomo 177-A. APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: Jhonny Mújica Colon, Jhonny Mújica Carelli y Chiara Nuzzo, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 3.297, 48.285 y 56.341, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Operadora Inmensa, C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 7 de abril de 1977, bajo el Nº 94, Tomo 103-A Qto. APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: No constituido en autos. MOTIVO: Cobro de Bolívares. EXPEDIENTE: 02-0302.- - I - - ANTECEDENTES - Se inicia el presente procedimiento mediante demanda interpuesta en fecha seis (06) de febrero de dos mil dos (2002), por el apoderado judicial de Frateres Inversiones 5, C.A, en contra de la Operadora Inmensa, C.A. Mediante auto de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dos (2.002), fue admitida la presente demanda y se ordenó la citación de la parte demandada.- En fecha diecisiete (17) de junio de dos mil dos (2.002), la abogada Chiara Nuzzo, apoderada judicial de la parte actora, mediante diligencia consignó copias simples del libelo de la demanda y del auto de admisión, a los fines que se librara la respectiva compulsa. En fecha seis (06) de junio de dos mil tres (2.003), la apoderada judicial de la parte actora, solicitó el avocamiento del Juez Titular de este Juzgado, Dr. Carlos Spartalian Duarte, quien mediante auto de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2.003), se avocó formalmente al conocimiento de la presente causa. En fecha ocho (08) de junio de dos mil cuatro (2.004), la apoderada judicial de la parte actora, solicita a este Tribunal, mediante diligencia sea librada la respectiva compulsa, asimismo, en fecha catorce (14) de junio de dos mil cuatro (2.004), este Juzgado, instó a la representación judicial de la parte actora a solicitar las referidas compulsas al Alguacil Titular de este Despacho, ya que las mismas habían sido libradas en fecha cinco (05) de agosto de dos mil dos (2.002). Mediante auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil ocho (2.008), el Juez Titular de este Juzgado, Dr. Carlos Spartalian Duarte, se avocó formalmente al conocimiento de la presente causa. - II - - Motivación Para Decidir - Este Tribunal a los fines de proveer sobre esta causa, hace las siguientes observaciones: Se hace menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que: Artículo 267. “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes....”. Por su parte, el artículo 269 ejusdem reza que: Artículo 269. “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Para Chiovenda; el fundamento de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. “Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal”. A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche ha sostenido que “un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es mas que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. Establecido previamente lo anterior, se procedió a realizar un minucioso examen a las actas que integran este expediente, y se evidencia que la última actuación de la parte actora para impulsar el curso de la causa se verificó en fecha ocho (08) de junio de dos mil cuatro (2.004), oportunidad en la cual solicitó se librara compulsa, a los fines de citar a la parte demandada, siendo que, con posterioridad a ésta actuación, no realizó actos que pudieran ser considerados como de impulso procesal, a los fines de la citación de la parte demandada, y seguir así el normal cumplimiento del iter procesal hasta su natural culminación, esto es, la sentencia del mérito. Ahora bien, para que se interrumpa tal inactividad, debe existir un acto procesal que indique el impulso del juicio, esto es, un acto que implique la voluntad del interesado de activar o de impulsar el proceso hasta su finalidad, que es la Sentencia Definitiva, por lo tanto es deber de las partes impulsar el proceso en cualquier estado o grado de la causa, aún en estado de sentencia y de una revisión de las actuaciones cursantes en el expediente, no se evidencia que hubo actuación procesal dirigida a impulsar y mantener en curso el proceso, lo cual evidencia absoluta ausencia de actividad procesal, y así se declara. En este estado, a juicio de este Sentenciador, se hace necesario realizar las siguientes apreciaciones doctrinarias: Se entiende por impulso procesal aquella actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, haciéndolo avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad dentro del orden jurídico. El principio del impulso procesal se encuentra establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, cuyo enunciado es el siguiente: “En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la Ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.” La norma contenida en el supra citado artículo, consagra el principio reconocido universalmente, que en materia civil contenciosa, el Juez no puede obrar de oficio, limitando sus funciones a resolver los pedimentos de las partes, ateniéndose a lo alegado y probado por dichas partes. Pero la norma del artículo, no solamente se limita a decir que en materia civil, el Juez no puede actuar, sino previa demanda de parte interesada. En ese mismo texto, está contenida la excepción, al expresar: “…pero puede proceder de oficio cuando la Ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.” De acuerdo a lo anterior, el Juez Civil, no siempre debe permanecer como pasivo espectador en el debate entre los litigantes. En tal sentido, existen innumerables casos o aspectos, en los cuales el Juez puede tomar la iniciativa, sin necesidad del requerimiento de las partes. En el proceso civil, no solamente existe interés de orden privado, también hay interés de orden público, pero ese interés de orden público, queda satisfecho en la mayoría de los casos con que el Juez, oiga a los litigantes, examine y aprecie las pruebas, que ellos promuevan y evacuen, y sentencie o decida conforme a lo que ante él se haya alegado y probado, sin que sea necesario que actúe por las partes, o supla las deficiencias de sus defensas o investigue de oficio la verdad. Esto sería caer en la esfera de los derechos privados, derechos que perfectamente pueden ser renunciados por las partes interesadas. En estos casos, la actuación de oficio del Juez, podría tomarse como efectuada a favor de uno de los litigantes, con el consiguiente perjuicio para la otra parte, y además como que el Juez está rompiendo el principio de igualdad, en el cual debe mantener a todos sin distingo. De allí pues, que la pasividad del Juez civil, que se limita a oír, a presenciar, a apreciar y juzgar sin promover actividades inquisitorias, la haya adoptado el Legislador como garantía de los intereses privados, sometidos a su decisión, expresada mediante una máxima que consiste en que: “La mejor Ley y el mejor Juez, son los que llevan al mínimum la oficiosidad de éste:” Resulta evidente que, los hechos supra descritos, se subsumen perfectamente en la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, antes trascrito, al haber transcurrido, suficientemente, el lapso legal para que se produzca la perención de la instancia, y así lo puede declarar el Tribunal por imperativo de la norma contenida en el artículo 269 ejusdem. Así se declara. En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Juzgador declarar perecida la instancia en este juicio, a tenor de lo previsto en el articulado supra citado. Así se decide. - III - - D I S P O S I T I V A - Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho señaladas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por Cobro de Bolívares, intentara la compañía anónima Frateres Inversiones 5, C.A., en contra de la compañía anónima Operadora Inmensa, C.A., partes suficientemente identificadas al inicio de este fallo, decide así: PRIMERO: Declara PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Cobro de Bolívares, intentara la compañía anónima Frateres Inversiones 5, C.A., en contra de la compañía anónima Operadora Inmensa, C.A. No hay especial condenatoria en costas procesales, a tenor de lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE YNOTIFÍQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de Dos Mil Ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. El Juez Titular, Dr. Carlos Spartalian Duarte La Secretaria Titular, Abg. Lisbeth Rodríguez González En esta misma fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, dejándose la copia a la cual hace referencia el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Titular, Abg. Lisbeth Rodríguez González CSD/LRG/Nakaryd.- Exp. Nº 02-0302.-