PODER JUDICIAL Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Barquisimeto, 10 de Agosto de 2009 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2008-002070 AUTO DE SOBRESEIMIENTO: Vista la solicitud de SOBRESEIMIENTO formulada por la Fiscal Quinta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Abogada: YARITZA MARINA BERRIOS BAPTISTA, quien en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 108 Ordinal 7º y 37 Ordinales 6 y 15, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como de conformidad con el artículo 318 ordinal 1, del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal a los fines de emitir un pronunciamiento, observa: DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: Se inicia la investigación de la presente causa el día 14 de febrero de 2008, en virtud de denuncia interpuesta en fecha 30 de enero de 2008 por parte de la ciudadana AYAXCELIS COROMOTO OROPEZA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad número V-20.164.567, denunciando al ciudadano CARLOS ALISTE MARAMARA, identificado en autos, por los siguientes hechos: “Es el caso que yo estoy viviendo en Lara y tengo una hija, y el mencionado ciudadano en el año 2007 me la quito y hasta la fecha no me la ha querido entregar, cuando estábamos juntos el me maltrataba mucho, el día 30 de enero de 2008 cuando llegué al Cují el me haló por el pelo y me dio unas cachetadas” DE LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO: En fecha 16 de junio de 2008, la Representante Fiscal solicitó al Tribunal se decrete Sobreseimiento de la causa penal seguida al ciudadano: CARLOS ALISTE MARAMARA, identificado en autos, al considerar que no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de persona alguna, debido a que la victima no compareció ante el departamento de Psiquiatría y Medicatura Forense del Estado Lara para practicarse el debido reconocimiento médico legal que permita determinar la existencia de los daños psicológicos y las lesiones ocasionadas por el presunto agresor, y no hay ningún testigo de los hechos denunciados. Por lo que, a tenor de lo preceptuado en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita el sobreseimiento de la presente causa. En virtud de tal solicitud este Tribunal decide la misma mediante el presente Auto por considerar que no es necesario la convocatoria de una Audiencia Oral, ya que para comprobar el motivo no es necesario el debate, y así lo establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal: Presentada la solicitud de sobreseimiento el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Del análisis efectuado a las actas que conforman el presente asunto, esta Juzgadora concluye: RAZONES DE HECHO: El Ministerio Público representado por la Fiscal Quinta, ordenó la práctica las siguientes diligencias; 1. Inspección Ocular en el lugar del Suceso. 2. Citar y entrevistar a la Víctima 3. Citar y entrevistar al presunto agresor 4. Recabar resultados de reconocimiento Psiquiátrico 5. Recabar resultados de reconocimiento Médico Forense 6. Citar y entrevistar a los testigos Todo ello, con la finalidad de obtener esclarecimiento de los hechos y llegar a la verdad, para así poder imputarle formalmente al ciudadano CARLOS ALISTE MARAMARA, identificado en autos, los hechos y los delitos por los cuales se inició la investigación. De análisis y revisión de las actuaciones que consta en el presente expediente se puede evidenciar, que efectivamente la victima denuncia unos hechos, por el cual se apertura un procedimiento y se ordena la practica de unas diligencias a los fines de obtener los medios probatorios necesarios y presentar acusación como acto conclusivo. Ahora bien, podemos observar que se dejó constancia por parte de los funcionarios policiales comisionados, de la no comparecencia de la victima para la practica de tales diligencias, estando la misma debidamente notificada de las valoraciones médicas a las cuales debía someterse y así consta en las actuaciones anexas, haciéndose imposible obtener los medios probatorios debido a la naturaleza de los tipos penales precalificados por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. RAZONES DE DERECHO: En virtud de lo anteriormente expuesto, observa ésta Juzgadora que conforme a los delitos investigados es imperante y necesario la obtención de una prueba cierta y objetiva que permitan demostrar que efectivamente se han cometido unos hechos que configuran tales delitos y que esos hechos puedan fundadamente atribuírseles al imputado de la presente causa. En este sentido, señala el artículo 75 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente: “La investigación tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificación, la recolección y preservación de las evidencias relacionadas con su perpetración. Asimismo, el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal 4, establece: El Sobreseimiento procede cuando: A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. La figura del sobreseimiento es propio de la etapa de investigación como acto conclusivo y tiene como finalidad poner fin al proceso, teniendo efecto de sentencia absolutoria, con carácter de cosa juzgada, el cual debe ser interpuesto por el órgano que por disposición legal tiene esta facultad, como es el Ministerio Público titular de la acción Penal tal cual como lo prevé el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Es por ello, que para quien decide le asiste la razón a la Fiscal Quinta del Ministerio Público cuando presenta como Acto conclusivo el Sobreseimiento de la presente causa por concurrir la causal contenida en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal y así se puede determinar de las actuaciones propias de la investigación que consta en el expediente. Así se decide. En razón de lo expuesto este Tribunal en respeto a los principios y garantías procesales contenidos en los artículos 1, 6, 10, 12, 13 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al derecho que le asiste a todo ciudadano a no ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, la obligación de decidir que tenemos los jueces de no abstenernos a decidir por cualquier motivo distinto a los contenidos en la norma, ni retardar indebidamente una decisión; al respeto a la dignidad humana que tiene toda persona con protección de los derechos que le asisten por el simple hecho de serlo; el derecho a la defensa e igualdad que debe existir entre las partes, la cual es inviolable en cualquier estado y grado del proceso; atendiendo a la finalidad que persigue todo proceso de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, a cuya finalidad debemos abstenernos los jueces a la hora de decidir; así como lo contenido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estos procedimientos instaurados para la investigación de delitos previstos en leyes especiales, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero siempre en resguardo de los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. Siendo así, nuestra Constitución, normas procesales y especiales, no permiten la investigación por tiempo indefinido sobre la presunta comisión de hechos por parte de un ciudadano, por lo cual se establecen lapsos procesales que estrictamente se deben cumplir como garantía al debido proceso, siendo evidente que en la presente no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados, este Tribunal considera procedente decretar el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con los establecido en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO: Artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: El Sobreseimiento pone termino al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide por el mismo, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este código, haciendo cesar todas las medidas que hubieren sido dictadas. Es por ello, que este tribunal decreta el cese de cualquier medida que haya podido ser impuesta al imputado en razón del proceso penal llevado a través de la presente causa. Así se decide. DISPOSITIVA Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, CON LUGAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al ciudadano: CARLOS ALISTE MARAMARA, identificado en autos, por el delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y VIOLENCIA FÍSICA previsto y sancionado en el artículo 39 y 42 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en consecuencia se ordena el cese cualquier medida cautelar que haya sido impuesta y la condición de imputado del mencionado ciudadano en razón de la presente causa. Así se decide. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.- LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nro. 01 ABG. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ LA SECRETARIA ABG. ODALYS HERRERA