REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, catorce de agosto de dos mil nueve 199º y 150º ASUNTO: KP02-S-2004-010536 PARTE DEMANDANTE ZORAIDA PASTORA FARNATARO GOMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-5.246.048. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE ELISA ELENA CARIDAD PARRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 138.764. PARTE DEMANDADA BLANCA ESTHER PÉREZ OJEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-7.341.054. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA MARISOL REVILLA SOTO, LUIS JOSE RODRIGUEZ DURAN, IVONNE GARCIA MEDINA, YATSUKO ICHI HORIE QUIROS y DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CARRASQUEL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 104.194, 108.636, 108.758, 108.867 y 108.863, respectivamente. MOTIVO SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE PERENCIÓN.- MOTIVACIONES PARA DECIDIR Revisadas adminiculadamente las actas procesales que componen el presente expediente, se observa que en la presente causa de Oferta Real de Pago, no se realizaba actuación alguna desde el día seis (6) de agosto del 2007, fecha en que este Tribunal mediante auto acordó el deposito del cheque de gerencia consignado y la apertura de la cuenta a favor de la oferida BLANCA ESTHER PEREZ OJEDA, hasta el día 01 de julio del 2009, fecha en que la apoderada judicial de la oferente solicitó el abocamiento del suscrito, por lo que por auto de fecha 09 de julio del 2009, me aboque al conocimiento de la presente causa. Por tanto de conformidad con lo establecido en el articulo 824 del código de procedimiento civil, la etapa en la que se encuentra la presente causa es la de ordenar la citación del acreedor, para que compareciera dentro de los tres días siguientes a su citación a exponer las razones y alegatos que considerare conveniente. En atención a lo anterior, es evidente que la presente causa se mantuvo paralizada por espacio de un (1) año y once 11 meses. En razón de ello este Juzgador establece lo siguiente: La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurrir del tiempo, sin que las partes hubieren desplegado actuaciones que impongan su propósito mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho pudiendo declararse de oficio, tal como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” El Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...” Mientras que el Artículo 269 ejusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. De la norma transcrita se desprende que la perención de la instancia extingue el proceso, no ya por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, vale decir, un año. Es por ello que la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura. La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año. La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. De acuerdo con el principio contenido en el Artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En cuanto al hecho de que la presente causa se encontrara paralizada desde el día 06 de agosto del 2007, sin ningún tipo de impulso por la parte oferente, hasta el día primero de julio del 2009, fecha en que solicitaron el abocamiento del suscrito, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de agosto del 2007, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, estableció con carácter vinculante, la procedencia de la Perención, en los casos en que la causa se encuentre paralizada por mas de un (1) año, si no hubo intervención de las partes en ese lapso, en tal sentido estableció: “De lo que se desprende que a criterio de esta Sala de Casación Civil, la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria de cuestiones previas y a cualquiera otra que sea menester que el Juez dicte para la prosecución del juicio. Con lo cual, se hace evidente la contradicción entre los criterios de procedencia de la perención de la instancia en estos dos fallos, dado que la Sala Constitucional admite la procedencia de la perención de la instancia en las causas que están en espera de una sentencia interlocutoria y la Sala de Casación Civil, que no es procedente la perención de la instancia en ese supuesto, en consecuencia esta Sala de Casación Civil, con el fin de unificar los criterios interpretativos restrictivos de las normas, con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, deja establecido que la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica sólo a la sentencia definitiva que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. De esta manera, la Sala abandona expresamente el criterio plasmado en su sentencia Nº RC-0217 de fecha 2 de agosto de 2001, expediente Nº 2000-535, en el juicio de Luís Antonio Rojas Mora y otros contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIMÓN BOLÍVAR LOS FRAILEJONES, y cualesquiera otras que se opongan a la doctrina sentada en este fallo, y por ser materia de orden publico, el mismo se hace aplicable a este caso, y a cualquier otro en que la perención sea declarada luego de publicado este fallo, dada la especialidad de la materia que se debate, la cual conforme al fallo de la Sala Constitucional antes citado Nº 853, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente Nº 02-694, opera de pleno derecho y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva. Así se decide.” En ese sentido, y conforme se puede constatar que la fecha inicial del año a computar para decretar la perención anual en el presente caso, lo es el 06 de agosto del 2007, y siendo como consta en autos que no fue sino hasta el día primero de julio del 2009, en que me solicitaron el abocamiento, y como quiera que en dicho lapso, la parte actora no ha impulsado de modo alguno la continuación del proceso, así como que la ultima actuación lo constituyó la orden de depositar el cheque consignado, la presente causa no se encuentra en estado para dictar sentencia definitiva. Es así, que conforme se pronunció la Sala Constitucional en sentencia N° 909 del 17 de mayo de 2004, que siendo que la perención de la instancia opera de pleno derecho, que puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia, aclarando que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, es forzoso para este Juzgador que en el presente caso se ha producido la Perención De La Instancia. ASI SE DECIDE.- En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dicta sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: Declara la perención de la instancia en la presente causa de OFERTA REAL DE PAGO, intentada por la ciudadana ZORAIDA PASTORA FARNATARO GOMEZ, en contra de la ciudadana BLANCA ESTHER PÉREZ OJEDA, ambas suficientemente identificadas. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, se extingue el procedimiento. TERCERO: Se ordena notificar a las partes y/o a sus apoderados judiciales de la presente decisión. CUARTO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 ejusdem. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. El Juez., La Secretaria., Abg. Harold R. Paredes Bracamonte Abg. Bianca Escalona. En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 03:00 p.m. Conste.- HRPB/BE/jysp. En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto anterior y se devuelve original. Conste.