TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero Superior de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 09 de Diciembre de 2009.
199º y 150º
ASUNTO: KP02-R-2009-0001082.
PARTES EN JUICIO:
Parte Demandante: Adilson Martínez Sangronis venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 10.127.508.

Apoderados judiciales del demandante: Milenna Jiménez, Dayalí Silva y Freddy Castillo Goyo abogados en ejercicio inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nros.67.444, 102.189 y 102.004 respectivamente.

Parte Demandada: Inversiones Permeca CA protocolizada ante la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en fecha 30 de Agosto del 2000, bajo el número cincuenta y uno (51) tomo quince guión A (15-A).

Apoderado judicial del demandado: Jennel Cecilia Coronel Barradas abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el Nro. 73.664.
Motivo: Cobro de Prestaciones Sociales.

Sentencia: Definitiva.
______________________________________________________________________

I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS

Se inicia el presente proceso por demanda de diferencia de cobro de prestaciones sociales interpuesta en fecha 29 de Abril del 2008 por el ciudadano Adilson Martínez Sangronis venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 10.127.508 en contra de la Sociedad Mercantil Inversiones Permeca CA protocolizada ante la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en fecha 30 de Agosto del 2000, bajo el número cincuenta y uno (51) tomo quince guión A (15-A).

Durante la fase de sustanciación en el presente asunto la parte accionada solicitó la intervención como tercero a la empresa HIDROLARA, admitiendo la tercería el tribunal de instancia sin embargo, los recaudos pertinentes para su notificación no constaban en autos y dada la demora en su consignación la parte actora procedió a solicitar la continuación de la causa, lo cual fue acordado por la instancia fijando como fecha de celebración de audiencia preliminar el día 26 de Mayo del 2009 oportunidad en la cual se dejó constancia de la incomparecencia de la parte accionada declarándose la presunción de la admisión de los hechos alegados por el actor, y publicándose sentencia definitiva en fecha 15 de Junio del 2009. Contra tal decisión recurrió la parte accionada razón por la cual fue remitido el asunto a los efectos de su conocimiento del Tribunal Superior al cual correspondiera.

Llegado el asunto a este Despacho, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral para el día 04 de Diciembre del 2009 oportunidad en la cual las partes manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo y visto que la conciliación fue positiva entre las partes se declaró homologado el acuerdo convenido por las partes con fuerza de cosa juzgada.

II
DE LA CONCILIACIÓN

Llegada la oportunidad de exponer los fundamentos de la homologación, este Juzgado Superior lo hace en los términos que a continuación se expresan:

Uno de los medios de autocomposición procesal, es la conciliación, mediante la cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 258, establece que la ley promoverá cualquier medio alternativo de resolución de conflictos, en los que destaca la conciliación y el arbitraje.

Ello con el fin de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.

Por su parte la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:

´´El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´

Es importante destacar que la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la doctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.

Sin embargo, la conciliación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello, ya que en cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose a esta Alzada, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una conciliación.

Establecido lo anterior, quien aquí Juzga, debe en primer término verificar la capacidad de las partes que desean celebrar acuerdos con el fin de ponerle fin a la controversia, en aras de dar cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Constitucional en fecha 21 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando:

“…En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan –en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad, jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.”

Sobre la base de lo anterior, debe este Tribunal pronunciarse sobre la capacidad de las partes para utilizar medios alternos de resolución de conflictos, a cuyos efectos debe proceder al examen de las actas procesales.

En cuanto a la capacidad para actuar de la parte actora, se observa de autos que riela a los folios ocho y nueve de marras poder notariado laboral otorgado por el ciudadano demandante Adilson Martínez Sangronis a los abogados en ejercicio Milenna Jiménez, Dayalí Silva y Freddy Castillo Goyo ya identificados siendo que en su texto se establece:

“ …Asimismo están facultadas para darse por citadas y notificadas en mi nombre, convenir, reconvenir, transigir, desistir, recibir cantidades de dinero o cualquier efecto cambiario y otorgar los correspondientes recibos o finiquitos…”

En atención a ello, se evidencia que entre las facultades de la representación judicial de la parte actora se encontraba transigir en razón de lo cual se encuentra demostrada su cualidad para aceptar el ofrecimiento efectuado por la parte accionada.

Con respecto a la capacidad para actuar del apoderado judicial de la parte accionada , Inversiones Permeca CA Jennel Cecilia Coronel Barradas abogada en ejercicio ya identificada consta en autos al folio 19 y 20 copia de poder notariado laboral en el cual se evidencia que entre sus facultades se encuentran las de: “convenir, desistir, transigir”, entre otras razón por lo que este Juzgador establece que se verificó la capacidad de ambas partes, de conformidad con la jurisprudencia reiterada y con lo señalado en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Sustantiva del Trabajo.

Establecida la capacidad de las partes para transar, durante el desarrollo de la audiencia esta Superioridad instó a una conciliación entre las partes, lo que trajo como resultado las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Tomó la palabra la representación judicial de la parte demandada manifestando que a fin de dar término al presente proceso ofrece en este acto por los conceptos laborales que le corresponden al accionante, el monto de DIECISEIS MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 16.500,00), lo cual, de ser aceptado por la parte actora, se ofreció pagar para el día 10 de diciembre de 2009, quedando entendidas las partes que la referida cantidad está compuesta por un monto que se encuentra consignado por el empleador en la institución financiera Banco Casa Propia, en cuenta fideicomiso a favor del actor y sus correspondientes intereses, y que la suma tanto del capital consignado como de los intereses generados, la demandada se compromete a emitir autorización para su retiro al trabajador antes del día 10/12/2009, quedando pendiente pagar para esta fecha la diferencia que surja entre la cantidad a retirar por el trabajador por concepto de capital e intereses generados en la cuenta fideicomiso y el monto total ofrecido de Bs. F 16.500,00.

SEGUNDO: La parte accionante tomó la palabra y expuso: con el propósito de dar por terminada la presente reclamación acepto el planteamiento de la parte accionada, del monto de DIECISEIS MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 16.500,00), y la forma de pago ofrecida en este acto, entendiendo que parte de dicha cantidad se encuentra depositada por la demandada en cuenta fideicomiso a favor del actor. En el presente acuerdo se encuentran incluidos todos los conceptos reclamados, con lo cual la demandada nada adeuda, ni por estos ni por ningún otro concepto, derivado de la relación laboral que unió a las partes.

TERCERO: El pago arriba acordado y la consignación de los referidos soportes serán realizados por ante la Unidad Receptora de Documentos (U.R.D.D.) en el día indicado.

CUARTO: El incumplimiento de la parte accionada en dicho pago dará derecho a la parte actora a pedir la ejecución forzosa del monto total acordado, así como lo correspondiente a las costas procesales de ejecución estimadas prudencialmente por el Tribunal de Ejecución.

En razón a todo lo anterior, visto que la conciliación instada de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha sido positiva, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. . Así se declara.
III
D E C I S I O N

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO el acuerdo celebrado por las partes en consecuencia, se les imparte el valor de COSA JUZGADA y ordena la inmediata devolución del expediente a su Tribunal de origen.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los nueve (09) días del mes de Diciembre del año dos mil nueve (2009).
Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez,

Abg. William Simón Ramos Hernández
La Secretaria;
Abg. Nailyn Rodríguez Castañeda.
En igual fecha y siendo la 11:20 am., se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Secretaria;
Abg. Nailyn Rodríguez Castañeda.