REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Decimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, Veintitres (23) de Julio de dos mil nueve (2009) 199º y 150º ASUNTO: AH21-X-2009-000078 Vista la solicitud de medida cautelar realizada y solicitada por los abogados MIGUEL PEREZ DAVILA y JOSE AVILA SOLER I.P.S.A N°. 12.539 y 125.408 en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos FRANCISCO LEOPOLDO MARTINEZ, ELISEO ANTONIO GONZALEZ PEREZ y PEDRO DE JESUS PEREZ INFANTE parte actora en el presente asunto , mediante la cual solicitan se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes de las partes codemandadas e igualmente solicitan medida de prohibición de Enajenar y Gravar sobre un inmueble que a decir de la parte actora es propiedad en un cincuenta por ciento (50%) de los codemandados, accionistas unicos de las codemandadas ciudadanos DOMINGO AFONSO ABREU y MARIA NIEVES MARTIN DE AFONSO , de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Tribunal al respecto observa: No consta de autos el cumplimiento de los extremos exigidos tanto por la Jurisprudencia de los Tribunales de la República y la Doctrina nacional, en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares, conocidos como: a) la presunción grave del derecho que se reclama (FUMUS BONI IURIS)., b) la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA) Siendo que las medidas cautelares son de derecho singular y como tales, de interpretación restringida, su aplicación no puede alcanzar por analogía, a caso alguno que no se encuentre expresamente previsto por las disposiciones legales contenidas en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En este estado, este Tribunal pasa al análisis de los requisitos legales de procedencia de las medida cautelares solicitadas por la representación judicial de la parte actora, para lo cual deben cumplirse ciertos requisitos concurrentes. La probabilidad del actor en el presente caso de tener el derecho que pretende, por tener el mismo la apariencia de no ser contrario a la ley ni al orden público, en ningún caso prejuzga sobre la efectiva procedencia del Derecho al fondo de la Controversia, según el decurso del proceso; interpretación que se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En cuanto a la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA), el accionante a través de su representación judicial, no aporta medios de prueba que efectivamente hagan prejuzgar a este Tribunal que las empresas accionadas, no puedan cumplir con sus obligaciones en el presente proceso, aunado al hecho que el demandante no aporta indicio tal que haga presumir gravemente la ilusoriedad de la ejecución del fallo, ASI SE DECIDE. De tal suerte que para que sea procedente alguna de las medidas cautelares en referencia debe cumplirse además de la existencia de una demanda, un requisito de orden genérico como es la presunción grave del derecho que se reclama y asimismo un requisito de orden especifico, como sería evitar que la demora en la sustanciación del proceso de conocimiento se encuentre “en una verdadera y propia befa a la justicia” como sostiene Calamandrei y, por consiguiente, en una disminución de la autoridad del Estado. En criterio de quien suscribe en el presente caso y sobre la base de los argumentos anteriormente expuestos, este Juzgado niega la medida de embargo preventivo e igualmente niega la medida de prohibición de enajenar y gravar que fueran solicitadas por la representación judicial de la parte actora. Y así se establece. EL JUEZ EDUARDO NUÑEZ CANALES. LA SECRETARIA Adriana Bigott.