REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TIRBUNAL TERCERO DE JUICIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Juicio
TRUJILLO, 8 de Junio de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2005-001239
ASUNTO : TP01-P-2005-001239
AUTO DE REVISION DE MEDIDA

Vista la solicitud hecha por la abogada Luz María Mora B. actuando con el carácter de Defensora Publica Penal Sexta, de los procesados: CARLOS DANIEL RÜIZ MOGOLLÓN y JAVIER DE JESÚS CHINCHILLA, en la cual señala que en fecha 12-06-2005 se le impuso a los acusados medida privativa de Libertad, que posteriormente fue revisada y sustituida por la medida de arresto domiciliario desde el 19-10-2005, posteriormente el día 18-12-2007, dicha medida fue sustituida por la de presentación cada 15 días, la cual han cumplido, manifiesta que estima necesario solicitar que la misma sea ampliada ya que estos procesados son personas de escasos recursos y actualmente la situación laboral que atraviesan aunado a los múltiples conflictos que se les presentan para trasladarse desde su residencia hasta la sede del Tribunal son constantes, por lo que pide se ordene la ampliación de las presentaciones a cada tres meses, conforme lo dispone el articulo 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.
El Tribunal para decidir observa:
El día 18-12-07 el despacho acordó revocar la medida cautelar de Arresto Domiciliario a los imputados por medida cautelar de presentación ante este Tribunal cada 15 días, y la prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización de este Tribunal, a los ciudadanos DARÍO SANTIAGO ALBARRAN, venezolano, mayor de edad, de 35 años de edad, soltero, no porta cédula de Identidad pero dijo ser Titular de la Cédula de Identidad N° 14.149.282, la tiene la PTJ, natural de Dividive Estado Trujillo, nacido en fecha 01-11-1970, de profesión palero, residenciado en el Sector la Sabana, casa S/N cerca de la plaza rejas color verde, casa de mi hermana Elisa Flores el Dividive del Estado Trujillo , por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal y por ser el autor del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 374 del Código Penal Venezolano, e en grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de la ciudadana MARIA PETRA BASTIDAS DE FERNANDEZ (OCCISA), LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ MONTILLA, venezolano, mayor de edad, de 30 años de edad, soltero, no porta cédula de identidad pero dijo ser Titular de la Cédula de Identidad N° 15.430.466, natural de Dividive Estado Trujillo, nacido en fecha no sabe, residenciado En Santa Polonia en una casa de dos pisos, color de la casa rosada, al frente de la casa de la señora María Montilla, cerca de la Iglesia como a quince casas, el Dividive del Estado Trujillo por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal y por ser el autor del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 374 del Código Penal Venezolano, e en grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de la ciudadana MARIA PETRA BASTIDAS DE FERNANDEZ (OCCISA), CARLOS DANIEL MOGOLLÓN, venezolano, mayor de edad, de 25 años de edad, casado, no porta cédula de identidad pero es titular de la cédula de identidad N° 16.065.328, natural de Sabana de Mendoza, nacido en fecha 04-04-1980, residenciado el Sector la Vega, cerca de una laguna, casa S/N, color de la casa blanca en la casa de la señora Ana Carmen Mogollón El Dividive, Estado Trujillo, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal y por ser el autor del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 374 del Código Penal Venezolano, e en grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de la ciudadana MARIA PETRA BASTIDAS DE FERNANDEZ (OCCISA). CHINCHILLA JAVIER DE JESÚS CHINCHILLA JAVIER DE JESÚS, venezolano, mayor de edad, de 32 años de edad, soltero, no porta cédula de identidad pero dijo ser Titular de la Cédula de Identidad N° 14.929.265, natural de Valera estado Trujillo, nacido en fecha 15-01-1973, residenciado en Pueblo viejo, cerca del Liceo único, color de la casa rancho de lata, al lado el señor Yolvi, El Dividive Estado Trujillo por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal y por ser el autor del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 374 del Código Penal Venezolano, en grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de la ciudadana MARIA PETRA BASTIDAS DE FERNANDEZ (OCCISA), en base a la proporcionalidad , decretada en fecha 27-11-2003, conforme al artículo 244 del citado Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la proporcionalidad señala que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima y no existiendo una solicitud de prorroga por parte del Ministerio Fiscal.
Posteriormente el Tribunal, en fecha 07-02-08, en auto emitido, señaló: “Este Tribunal observa que vista la incomparecencia de los imputados y uno de los defensores quien también quedo notificado de la presente audiencia lo ajustado a derecho es decidir la solicitud fiscal por auto separado y notificara a las partes del mismo. Razón por la cual la juez vista la ausencia de las partes esenciales, este tribunal deja constancia en virtud de la ausencia de las partes, lo que obviamente esta juzgadora no puede tomar una decisión sino por auto separado y notificar a las partes de la decisión, por lo que se ordena notificar a los ausentes, en cuanto a la audiencia de depuración de escabinos se acuerda diferir la misma de acuerdo a lo que decida el Tribunal”. Señalo también este Despacho: “Se recibieron escrito constante de un (01) folio útil, suscrito por el ciudadano: Darío Albarran; mediante el cual se excusa por su inasistencia a la audiencia fijada para el 30/01/2008 a las 11:00 a.m.- Así como también escrito de la abg. Luz Maria mora, informando que su defendido no llega a la audiencia debido a que en la vía había obstáculos, es por lo que solicita que el pedimento hecho por la fiscalia sea declarado sin lugar. Y escrito del Abg. Alcides Ojeda en su representación y el de su defendido. Es menester destacar la situación de todas estas personas que señalaron al Tribunal que al parecer no pudieron llegar por las razones allí esgrimidas, cabe recordarles la OBLIGACION que tienen los imputados, así como el Abogado Privado de venir ante este Tribunal cada vez que sea llamados por este, que no es un acto de formulismos inútiles, sino el deber de venir y en todo caso lo ajustado a derecho es levantarse temprano y CUMPLIR, no siendo imputable a las demás partes de los problemas inherentes a cada uno de los ausentes, justamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso.
“Todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos”. Finalmente decidió: “Recordando que las medidas cautelares sustitutivas tienen como finalidad solo mantener a los imputados a el proceso penal y no como pena anticipada, para cambiar las mismas , por lo que significa que al encontrarse dentro de un proceso penal, están obligados a cumplir con todo lo decretado por este Tribunal, razón por la cual este Tribunal ….. Mantener la medida cautelar decretada en fecha 18-12-2007 impuesta por medida cautelar de presentación ante este Tribunal cada 15 días, y la prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización de este Tribunal…” .
El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el examen y revisión de la Medida Cautelar impuesta al imputado en cualquier estado y grado del proceso penal y considerando, y como obligación del Tribunal, por lo que la solicitud es oportuna a fin de revisar la medida a todos los acusados, por lo que quien decide observa que la libertad personal es la regla general en todo juicio, pero es el caso que el texto constitucional, y las leyes penales permiten que el mismo pueda verse limitado en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos taxativamente en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución a través de la orden judicial, y la manifestación más importante de tal excepción dentro del proceso penal, -ha dicho la Sala Constitucional- se ve materializada fundamentalmente en el instituto de las medidas de coerción personal, en el presente caso, como se ha indicado en los diferentes actos del proceso, estamos en presencia de delitos que comportan la posibilidad de imposición de una pena, cuyo quantum y circunstancias no evidencio elementos para extremar las medidas a una medida de privación d libertad, pero sin duda las circunstancias evaluadas produjeron las consecuencias aun sin estimar la existencia del peligro de fuga, o la obstaculización en la búsqueda de la verdad, pero los ilícitos objeto de calificación y que constituyen los hechos investigados, atentan contra bienes jurídicos tutelados por el estado, así como el sometimiento a un proceso penal para evitar dilaciones y retardos hasta ahora comunes, y cuyo incumplimiento por parte de los acusados se dejó constancia por este Despacho, se determinó que las medidas aplicadas deben generar la factibilidad necesaria para que los mismos se materialicen. A todo ello, el hecho de revisar una medida cautelar es necesaria aun cuando este criterio inicial que la motivo deba ratificarse como en el presente caso debe hacerse, por que tal revisión también es el fin de la justicia y cuando las condiciones para su otorgamiento no han variado, a favor de los acusados el imperio de las circunstancias que la motivaron debe ser ratificado plenamente, incluso en lapso de las presentaciones, y así se decide.
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad e la Ley, REVISA la Medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a los ciudadanos: DARÍO SANTIAGO ALBARRAN, LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ MONTILLA, CARLOS DANIEL MOGOLLÓN, y JAVIER DE JESÚS CHINCHILLA, y ratifica la misma consistente en la presentación cada 15 días por ante el tribunal y la prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización de este Tribunal. Esta resolución se basa en los siguientes artículos 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 177, 250, 251, 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión, conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
E Juez
El Secretario

Abog. Rafael Ramón Graterol Pérez ABG. ALBA MAVAREZ