REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Barquisimeto, 14 de Mayo de 2009 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2008-006879 AUTO DE SOBRESEIMIENTO: Vista la solicitud de SOBRESEIMIENTO formulada por la Fiscal Quinta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Abogada: YARITZA MARINA BERRIOS BAPTISTA, quien en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 108 Ordinal 7º y 37 Ordinales 6 y 15, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como de conformidad con el artículo 318 ordinal 1, del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal a los fines de emitir un pronunciamiento, observa: DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: Se inicia la investigación de la presente causa el día 10 de marzo de 2008, por cuanto en fecha 12 de febrero 2008, acude por ante la sede de la Fiscalía, la ciudadana MARIA JOSEFINA OCANTO MOSQUERA, titular de la cédula de identidad número V-9.638.706, a los fines de denunciar al ciudadano: CARLOS RAMÓN CRESPO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 1.884.359. La victima en su denuncia expone: Es el caso que el día de ayer 11 de febrero de 2008, como a las 7.00 de la noche llegó Carlos a la casa donde estoy viviendo y me dijo que venia por mi y comenzó a trepar la casa y yo estaba con otras personas, por lo que mandamos a buscar a Ernesto para que nos ayudara y cuando Carlos lo vio se retiro, pero el también llego en horas de la mañana del mismo día y me amenazó de que me iba a matar, todo esto es porque yo desde el año pasado le dije que no quería nada con el, pero el no lo quiere entender. Es todo. El Ministerio Público calificó tales hechos como delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y AMENAZAS, previstos y sancionados en el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. DE LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO: En fecha 12 de junio de 2008, la Representante Fiscal solicitó al Tribunal correspondiente, se decrete Sobreseimiento de la causa penal seguida a favor del ciudadano: CARLOS RAMÓN CRESPO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 1.884.359, por considerar que no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de persona alguna, debido a que de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos, sólo existe el testimonio de la victima, ya que la misma no acudió a los fines de realizarse la valoración psicológica ordenada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público a los fines de sustentar y validar su testimonio, yo acudieron los testigos mencionados en su denuncias a los fines de redil sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos, careciendo en consecuencia esa fiscalía de expectativas probatorias para solicitar el enjuiciamiento del imputado por el delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y AMENAZAS, previstos y sancionados en el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Por lo que, a tenor de lo preceptuado en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita el sobreseimiento de la presente causa. En virtud de tal solicitud este Tribunal decide la misma mediante el presente auto por considerar que no es necesario la convocatoria de una Audiencia Oral, ya que para comprobar el motivo no es necesario el debate, y así lo establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal: Presentada la solicitud de sobreseimiento el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Del análisis efectuado a las actas que conforman el presente asunto, esta Juzgadora concluye: RAZONES DE HECHO: El Ministerio Público representado por la Fiscal Quinta, ordenó la práctica diligencias, con la finalidad de obtener esclarecimiento de los hechos y llegar a la verdad, para así poder imputarle formalmente al ciudadano: CARLOS RAMÓN CRESPO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 1.884.359, los hechos y el delito por los cual se inició la investigación. Al respecto sólo existe la denuncia de la victima, ya que la misma no se realizo la valoración psiquiátrica, ni el reconocimiento médico legal ordenada por el Ministerio Público, a los fines de sustentar su testimonio como único dicho para la comprobación del delito. RAZONES DE DERECHO: En virtud de lo anteriormente expuesto, observa ésta Juzgadora que conforme al delito investigado es imperante y necesario la obtención de una prueba cierta y objetiva que permitan demostrar que efectivamente se han cometido unos hechos que configuran tal delito y que esos hechos puedan fundadamente atribuírsele al imputado de la presente causa. En este sentido, señala el artículo 75 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente: “La investigación tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificación, la recolección y preservación de las evidencias relacionadas con su perpetración. Asimismo, el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal 4, establece: El Sobreseimiento procede cuando: A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. La figura del sobreseimiento es propio de la etapa de investigación como acto conclusivo y tiene como finalidad poner fin al proceso, teniendo efecto de sentencia absolutoria, con carácter de cosa juzgada, el cual debe ser interpuesto por el órgano que por disposición legal tiene esta facultad, como es el Ministerio Público titular de la acción Penal tal cual como lo prevé el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se debe destacar que de conformidad con el artículo 115 de la Ley Orgánica de los Derechos e la Mujer a una Vida Libre de Violencia, corresponde a los tribunales de violencia contra la mujer y a al Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en la Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna, con competencia para conocer solamente las Formas de Violencia de Género en contra de las Mujeres definidas en el artículo 15 de la Ley, en concordancia con el capitulo VI en los artículos 39 al 56 los cuales tipifican los delitos cometidos en contra de las mujeres víctimas de violencia estableciendo las correspondientes sanciones; que la competencia está claramente definida en la Ley Especial. Es por ello, que para quien decide le asiste la razón a la Fiscal Quinta del Ministerio Público cuando presenta como acto conclusivo el Sobreseimiento de la presente causa por concurrir la causal contenida en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal y así se puede determinar de las actuaciones propias de la investigación que consta en el expediente. En razón de lo expuesto este Tribunal en respeto a los principios y garantías procesales contenidos en los artículos 1, 6, 10, 12, 13 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al derecho que le asiste a todo ciudadano a no ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, la obligación de decidir que tenemos los jueces de no abstenernos a decidir por cualquier motivo distinto a los contenidos en la norma, ni retardar indebidamente una decisión; al respeto a la dignidad humana que tiene toda persona con protección de los derechos que le asisten por el simple hecho de serlo; el derecho a la defensa e igualdad que debe existir entre las partes, la cual es inviolable en cualquier estado y grado del proceso; atendiendo a la finalidad que persigue todo proceso de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, a cuya finalidad debemos abstenernos los jueces a la hora de decidir; así como lo contenido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estos procedimientos instaurados para la investigación de delitos previstos en leyes especiales, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero siempre en resguardo de los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. Siendo así, que nuestra Constitución, Normas procesales y especiales, no permiten la investigación por tiempo indefinido sobre la presunta comisión de hechos por parte de un ciudadano, por lo cual se establecen lapsos procesales que estrictamente se deben cumplir como garantía al debido proceso, siendo evidente que en la presente no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados, este Tribunal considera procedente decretar el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con los establecido en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO: Artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: El Sobreseimiento pone termino al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide por el mismo, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este código, haciendo cesar todas las medidas que hubieren sido dictadas. Es por ello, que este tribunal decreta el cese de cualquier medida que haya podido ser impuesta al imputado en razón del proceso penal llevado a través de la presente causa. Así se decide. DISPOSITIVA Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Decreta PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, CON LUGAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al ciudadano: CARLOS RAMÓN CRESPO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 1.884.359, por los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y AMENAZAS previstos y sancionados en el artículo 39 y 41 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se ordena el cese cualquier medida cautelar que haya sido impuesta al CARLOS RAMÓN CRESPO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 1.884.359, en razón de la presente causa, cesando de inmediato su condición de imputado. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.- LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nro. 01 ABG. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ LA SECRETARIA ABG. MARIA CAROLINA D AQUARO