REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Barquisimeto, 26 de Noviembre de 2009 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2007-010692 AUTO DE SOBRESEIMIENTO: Vista la solicitud de SOBRESEIMIENTO formulada el Ministerio Público, quien en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 108 Ordinal 7º y 37 Ordinales 6 y 15, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como de conformidad con el artículo 318 ordinal 1, del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal a los fines de emitir un pronunciamiento, observa: DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: Se inicia la investigación de la presente causa el día 30 de Octubre de 2007, en virtud de la denuncia interpuesta por la ciudadana ANABEL GUILLEN, titular de la cédula de identidad Nro.V-4.489.322, en contra del ciudadano RAMON ARMANDO ALBORNOZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.499.773, quien expone: “vengo a denunciar a mi ex concubino RAMON ARMANDO ALBORNOZ por violencia psicológica, acoso u hostigamiento, el caso es que me insulta todo el tiempo, me hace la guerra para que me vaya de la casa, yo no discuto con él, me grita, me ofende me cierra la puerta para que no pase, corrió a todos mis hijos, cuando me van a visitar me los insulta, me los golpea como el día 05 de Octubre de 2007, mi hijo me fue a visitar y le dio un codazo, no me habla, cuando lo hace es para insultarme, desde hace siete años que estamos separados de cuerpo, tiene siete años que no trabaja no aporta nada para la casa, yo soy la que trabajo” DE LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO: En fecha 30 de Julio de 2009, la Representante Fiscal solicitó al Tribunal correspondiente, se decrete Sobreseimiento de la presente causa por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO previstos y sancionados en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al considerar que no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de persona alguna, debido a que la victima no acudió a realizarse la valoración psiquiatrica correspondiente, siendo este el instrumento por excelencia para calificar el tipo de daño emocional y poder solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, por lo que solicitó el sobreseimiento de la presente causa de conformidad con el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. En virtud de tal solicitud este Tribunal decide la misma mediante el presente Auto por considerar que no es necesario la convocatoria de una Audiencia Oral, ya que para comprobar el motivo no es necesario el debate, y así lo establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal: Presentada la solicitud de sobreseimiento el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Del análisis efectuado a las actas que conforman el presente asunto, esta Juzgadora concluye: RAZONES DE HECHO: El Ministerio Público representado por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, ordenó la práctica las siguientes diligencias; 1. Denuncia en fecha 08 de Octubre de 2007, formulada por la ciudadana ANABEL GUILLEN, en las cuales expone las circunstancias de modo y tiempo en las que ha sido acosada, hostigada y amenazada por el ciudadano RAMON ARMANDO ALBORNOZ. 2. Acta de medidas de Protección y Seguridad en fecha 08 de Octubre de 2007, a favor de la ciudadana ANABEL GUILLEN donde se deja constancia que se acuerdan las establecidas en el articulo 87 ordinales 3, 5 Y 6 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 3. Solicitud de Peritaje Psiquiátrico a la ciudadana ANABEL GUILLEN en fecha 08 de Octubre de 2007, dirigido al Jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Antonio María Pineda. 4. Citación al sujeto de la acción, ciudadano RAMON ARMANDO ALBORNOZ, en fecha 20 de Noviembre de 2007, en donde se le solicita que debe comparecer para ponerlo en conocimiento de la denuncia interpuesta por la ciudadana ANABEL GUILLEN. 5. Notificación en fecha 20 de Noviembre de 2007, donde se le hace saber al ciudadano RAMON ARMANDO ALBORNOZ de las medidas de Protección y Seguridad a favor de la victima ciudadana ANABEL GUILLEN , de conformidad con lo establecido en el artículo 87, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 6. Se decreta Archivo Fiscal en fecha 08 de Julio de 2008, de acuerdo a lo establecido en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo ello, con la finalidad de obtener esclarecimiento de los hechos y llegar a la verdad, para así poder imputarle formalmente al ciudadano: JHONNY ALEXANDER MANZANO, titular de la cédula de identidad Nro. V-NO IDENTIFICADO, los hechos y los delitos por los cuales se inició la investigación. RAZONES DE DERECHO: En virtud de lo anteriormente expuesto, observa ésta Juzgadora que conforme a los delitos investigados es imperante y necesario la obtención de una prueba cierta y objetiva que permitan demostrar que efectivamente se han cometido unos hechos que configuran tales delitos y que esos hechos puedan fundadamente atribuírseles al imputado de la presente causa. En este sentido, señala el artículo 75 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente: “La investigación tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificación, la recolección y preservación de las evidencias relacionadas con su perpetración”. Asimismo, el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal 4, establece: El Sobreseimiento procede cuando: A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. La figura del sobreseimiento es propio de la etapa de investigación como acto conclusivo y tiene como finalidad poner fin al proceso, teniendo efecto de sentencia absolutoria, con carácter de cosa juzgada, el cual debe ser interpuesto por el órgano que por disposición legal tiene esta facultad, como es el Ministerio Público titular de la acción Penal tal cual como lo prevé el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Es por ello, que para quien decide le asiste la razón a la Fiscal Séptima del Ministerio Público cuando presenta como acto conclusivo el Sobreseimiento de la presente causa por concurrir la causal contenida en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal y así se puede determinar de las actuaciones propias de la investigación que consta en el expediente. Así se decide. En razón de lo expuesto este Tribunal en respeto a los principios y garantías procesales contenidos en los artículos 1, 6, 10, 12, 13 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al derecho que le asiste a todo ciudadano a no ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, la obligación de decidir que tenemos los jueces de no abstenernos a decidir por cualquier motivo distinto a los contenidos en la norma, ni retardar indebidamente una decisión; al respeto a la dignidad humana que tiene toda persona con protección de los derechos que le asisten por el simple hecho de serlo; el derecho a la defensa e igualdad que debe existir entre las partes, la cual es inviolable en cualquier estado y grado del proceso; atendiendo a la finalidad que persigue todo proceso de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, a cuya finalidad debemos abstenernos los jueces a la hora de decidir; así como lo contenido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estos procedimientos instaurados para la investigación de delitos previstos en leyes especiales, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero siempre en resguardo de los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. Siendo así, nuestra Constitución, normas procesales y especiales, no permiten la investigación por tiempo indefinido sobre la presunta comisión de hechos por parte de un ciudadano, por lo cual se establecen lapsos procesales que estrictamente se deben cumplir como garantía al debido proceso, siendo evidente que en la presente no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, este Tribunal considera procedente decretar el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con los establecido en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO: Artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: El Sobreseimiento pone termino al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide por el mismo, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este código, haciendo cesar todas las medidas que hubieren sido dictadas. Es por ello, que este tribunal decreta el cese de cualquier medida que haya podido ser impuesta al imputado en razón del proceso penal llevado a través de la presente causa. Así se decide. DISPOSITIVA Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, CON LUGAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al ciudadano: RAMON ARMANDO ALBORNOZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.499.773, por los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y ACOSO U HOSTIGAMIENTO previstos y sancionados en los artículos 39 y 40 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en consecuencia cesa su condición de imputado y se ordena el cese cualquier medida cautelar que haya sido impuesta al mismo en razón de la presente causa. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.- LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nro. 01 ABG. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ LA SECRETARIA ABG. YOSELYN AMARO