REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO
EN SU NOMBRE
Barquisimeto, 23 de Septiembre de 2009
199º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2007-000593
Vista la solicitud de Revisión de Medida Cautelar sustitutiva de Privativa de libertad, Presentación cada treinta días, que pesa sobre el Ciudadano YOHAN GREGORIO RAMONES GIMENEZ, titular de la cedula de identidad Nº V. 16.530.225, presentada por la abogada ANA MORILLO Defensora Pública Penal, actuando a los fines de proveer sobre el petitum se observa:
En fecha 8-02-07 al ya identificado acusado le fue decretada medida cautelar de presentación una vez cada treinta (30) días por ante la URDD, al considerar el tribunal de Control que dicha medida era necesaria a los fines de garantizar las resultas del proceso de enjuiciamiento que por la presunta comisión del delito de Posesión de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, incoara el Ministerio Público en su contra, acordando el enjuiciamiento por vía de Procedimiento Abreviado.
En fecha 23/02/2007, ingresa la causa al tribunal de Juicio Nº 6, y se fija a juicio para el dìa 13-3-07, siendo necesario diferir la audiencia por ausencia del imputado y la defensa para el dìa 27-06-07 cuando se ordena librar orden de captura al imputado.
En fecha 18 de Septiembre de 2007, se hace efectiva la aprehensión y en audiencia se le impone la medida cautelar de presentación cada treinta días y se fija a juicio para el día 17-10-07 cuando se difiere por no haber despacho para el día 8 de Julio de 2008, constando en autos que fue diferido el juicio por encontrarse el tribunal en juicio continuado para el día 19-2-09 evidenciándose del acta levantada en esa oportunidad que se difiere el juicio por tener que retirarse el Fiscal del Ministerio Público, se acuerda nueva fecha el día 1º de Julio de 2009, siendo necesario diferir por ausencia del Ministerio Público. El asunto se fija a juicio para el día 7 de Agosto de 2009, cuando fue necesario por ausencia del Fiscal del Ministerio Pùblico el Juicio Oral y Público para el día 10 de Marzo de 2010.
Observa esta juzgadora que desde la fecha en que fue decretada medida restrictiva de libertad al día de hoy, han transcurrido DOS (2) años y siete (7) meses sin que se haya celebrado juicio oral y público por causas no imputables al procesado ni a la defensa y sin que el Ministerio Público haya hecho uso en tiempo hábil de la facultad excepcional establecida en el segundo aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo autoriza para peticionar al Juez una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima establecida para el delito, para el mantenimiento de la medida de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento (resaltado y subrayado del Tribunal) cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal.
Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por el Juzgado de Control competente en su debida oportunidad.
Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), contemplándose además la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves (resaltado añadido) que a juicio del tribunal las justifiquen. Este límite fue establecido por el legislador para cualquier medida de coerción personal independientemente de su naturaleza, así como del tipo o entidad del punible por el cual se inició la persecución penal, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso.
En este sentido, señala Decisión de fecha 28/08/03 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:
“… corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso, de modo que cuando, la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento”.
La citada norma, es de corte imperativa y se corresponde con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional así como en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, que en aquellos supuestos en los que una medida de coerción personal (como es en el presente caso) exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (2) años, sin que se haya solicitado su prórroga dentro del lapso de Orden Público (resaltado añadido) establecido en el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el juzgador debe ordenar el decaimiento de la medida.
Por lo tanto, es imperativo por disponerlo así el Código Orgánico Procesal Penal en consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional así como en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, que en aquellos supuestos en los que una medida de coerción personal (como es en el presente caso) exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (2) años, sin que se haya solicitado su prórroga dentro del lapso de Orden Público (resaltado añadido) establecido en el último aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el juzgador debe decidir acerca de la necesidad de dictar una medida cautelar menos gravosa para el imputado, sin menoscabar el derecho a la defensa y a ser oído de las partes.
En atención a lo expuesto y una vez transcurridos los dos años íntegros, de medida cautelar de coerción personal de presentación que pesa sobre la acusada, sin que se haya celebrado el juicio oral y publico, por causas no atribuibles en su totalidad a la defensa ni a la procesada, y sin que el Ministerio Público haya solicitado, como ya se estableció, en tiempo hábil el decreto de prórroga de la medida cautelar de presentación, ésta decae automáticamente, pues la norma está referida no solo a las medidas cautelares privativas de libertad, sino a cualquier medida cautelar de restricción de la libertad que se exceda en el tiempo de dos años, considerado por el legislador un lapso razonable para que se emita sentencia definitiva, máxime en el presente caso, que se trata de un procedimiento abreviado, por lo que necesariamente en el presente caso es de justicia DECLARAR CON LUGAR la solicitud presentada por la defensa y ORDENAR EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRESENTACION IMPUESTA, a la acusada por ser desproporcional en el tiempo que ha transcurrido, sin haberse realizado el juicio oral y público, tomando en consideración que se trata de un Procedimiento Abreviado. Y así se resuelve.
DISPOSITIVA
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, declara el DECAIMIENTO DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL de presentación, que en fecha 8-2-07 fue dictada en contra del acusado YOHAN GREGORIO RAMONES GIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº 16.530.225 por la presunta comisión del delito de distribución de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, SEGUNDO: A los fines de garantizar las resultas del proceso, notifíquese al acusado, la obligación en que está de comparecer por ante el Tribunal las veces que sea citado, su ausencia a los actos fijados por el tribunal especialmente a la audiencia de juicio oral y público fijado para el día10-3-2010 a las 2:00 de la tarde, se considera incumplimiento de su obligación para con el proceso, y puede dar lugar a librarle orden de aprehensión, a tenor de lo previsto en el artículo 262.2 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, publíquese, Notifíquese. Cúmplase.
La Jueza de Juicio No. 2
Abog. Pilar Fernández de Gutiérrez
El Secretario
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo acordado en autos
El Secretario
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