REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SUPERIOR TERCERO AGRARIO ASUNTO N° KC03-X-2009-000012 ASUNTO PRINCIPAL Nº KP02-A-2009-000044 SENTENCIA: INTERLUCUTORIA CON CARÁCTER DEFINITIVO. CAUSA: ACCIÓN DE NULIDAD POR ILEGALIDAD CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN. DEMANDANTES: AGROPECUARIA 84, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24/04/1984, bajo el Nº 92, Tomo 5-A, Sgdo., modificada posteriormente. AGROPECUARIA RIO CUYUNI C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 27/03/1995, bajo el Nº 28, Tomo 76-A Pro., AGROPECUARIA 6709 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 17/06/1988, bajo el Nº 21, Tomo 96-A, Sgdo., modificada posteriormente. AGROPECUARIA 1690 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 17/06/1988, bajo el Nº 20, Tomo 96-A, Sgdo., AGROPECUARIA 3401 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 17/06/1988, bajo el Nº 22, Tomo 96-A, Sgdo., AGROPECUARIA CHIMANTA C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 02/02/1995, bajo el Nº 56, Tomo 31-A, Sgdo., y AGROPECUARIA LA GARZA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26/06/1979, bajo el Nº 10, Tomo 96-A, Pro. APODERADOS DE LAS DEMANDANTES: MARIO RAFAEL PENSO RODRÍGUEZ, OTTO SANCHEZ NAVEDA y LUIS ALFONSO FLORES SANCHEZ, Inpreabogado Nos. 45.455, 8.298 y 85.692 respectivamente. DEMANDADO INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), instituto autónomo creado por el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.323, de fecha 13 de noviembre de 2001, y su reforma legal publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.771 del 18 de mayo del 2005. APODERADOS DEL DEMANDADO: ANDREINA RODRÍGUEZ REYNOSO, IPSA Nº 104.252. En fecha 06 de octubre del año 2009, éste Tribunal Superior ordenó la apertura del presente Cuaderno de Medida a los fines de tramitar la Medida Cautelar de Protección a la Actividad Agrícola y pecuaria solicitada por la parte recurrente. Aperturado como fue el cuaderno de medida, se le dio la tramitación procesal correspondiente, celebrando el acto de audiencia oral en esta misma fecha, de conformidad con lo establecido en el Artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, declarándose desierto dicho acto, en virtud que no comparecieron ninguna de las partes ni por sí ni por medio de sus apoderados judiciales Ahora bien, siendo la oportunidad legal para emitir pronunciamiento, considera el Tribunal necesario traer a colación el artículo 21, en su aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece lo siguiente: “El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.” No obstante, la obligatoriedad de la parte recurrente de determinar y demostrar los perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, deberá también llenar los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el fumus bonis iuris y el periculum in mora es decir, la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. En este sentido este Tribunal, una vez analizados todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA, en contra del acto dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión Nº 254-09, de fecha 05 de agosto del año 2009, punto de cuenta Nº 029, consistente en la declaratoria de tierras ociosas incultas, inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento, recaído sobre un lote de terreno denominado FUNDO CASA BLANCA, ubicado en el asentamiento campesino Alambique-Boca de Aroa, sector Campo Caribe, Parroquia Boca de Aroa, Municipio Silva del Estado Falcón, con los siguientes linderos: Norte: Complejo Agroturístico Campo Caribe; Sur: Terrenos de la Hacienda La Carlera y Eneal; Este: Terrenos del Predio El Paují y El Eneal y Oeste: Terrenos de Hacienda Guaremal, con una superficie aproximada de Dos mil Treinta y Cinco Hectáreas con Dos Mil Ochocientos Metros Cuadrados (2.035 Has con 20808 m2); desprendiéndose de cuyos alegatos, que no constituye ésta una presunción grave del derecho que se reclama, porque no es suficiente con que se narren los hechos que constituyen los perjuicios irreparables sino que también es necesario que los mismos queden demostrado y en que consisten, cuestión ésta, que al revisar las actas procesales, no han quedado demostrado. Por otra parte, además de los requisitos anteriormente señalados, debe señalarse los siguientes: “El Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”. Cuestión ésta que tampoco quedó demostrada con la solicitud de dicha medida. Razón por la cual resulta forzoso para este Tribunal declarar Improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto recurrido, y así se decide. DECISION Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Superior Tercero Agrario en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de la Medida Cautelar de suspensión de los efectos del acto, solicitada por la parte recurrente AGROPECUARIA 84, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24/04/1984, bajo el Nº 92, Tomo 5-A, Sgdo., modificada posteriormente. AGROPECUARIA RIO CUYUNI C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 27/03/1995, bajo el Nº 28, Tomo 76-A Pro., AGROPECUARIA 6709 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 17/06/1988, bajo el Nº 21, Tomo 96-A, Sgdo., modificada posteriormente. AGROPECUARIA 1690 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 17/06/1988, bajo el Nº 20, Tomo 96-A, Sgdo., AGROPECUARIA 3401 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 17/06/1988, bajo el Nº 22, Tomo 96-A, Sgdo., AGROPECUARIA CHIMANTA C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 02/02/1995, bajo el Nº 56, Tomo 31-A, Sgdo., y AGROPECUARIA LA GARZA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26/06/1979, bajo el Nº 10, Tomo 96-A, Pro, representadas por sus apoderados judiciales Abogados MARIO RAFAEL PENSO RODRÍGUEZ, OTTO SANCHEZ NAVEDA y LUIS ALFONSO FLORES SANCHEZ, Inpreabogado Nos. 45.455, 8.298 y 85.692 respectivamente, en el juicio contentivo de una ACCIÓN DE NULIDAD POR ILEGALIDAD CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN., incoada en contra del acto dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión Nº 254-09, de fecha 05 de agosto del año 2009, punto de cuenta Nº 029, consistente en la declaratoria de tierras ociosas incultas, inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento, recaído sobre un lote de terreno denominado FUNDO CASA BLANCA, ubicado en el asentamiento campesino Alambique-Boca de Aroa, sector Campo Caribe, Parroquia Boca de Aroa, Municipio Silva del Estado Falcón, con los siguientes linderos: Norte: Complejo Agroturístico Campo Caribe; Sur: Terrenos de la Hacienda La Carlera y Eneal; Este: Terrenos del Predio El Paují y El Eneal y Oeste: Terrenos de Hacienda Guaremal, con una superficie aproximada de Dos mil Treinta y Cinco Hectáreas con Dos Mil Ochocientos Metros Cuadrados (2.035 Has con 20808 m2). Expídase copia certificada de la presente decisión a los fines del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Tercero Agrario, en Barquisimeto, A LOS VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. Años: 199° y 151°. EL JUEZ ABOG. CARLOS EDUARDO NUÑEZ GARCIA LA SECRETARIA, Abg. BEATRIZ ELENA CORDERO Publicada en su fecha, en horas de Despacho. LA SECRETARIA, Abg. BEATRIZ ELENA CORDERO CEN/BEC/lgs.