REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Expediente Nº 8131 El 11 de abril de 2007, el ciudadano RAMÓN PEREIRA HERNÁNDEZ, venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 1.181.106, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.372, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de documentos Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana del Trabajo, demanda por estimación e intimación de honorarios, contra Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE). Por cobro de honorarios profesionales. Por auto de fecha 18 de abril de 2007, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas se declaró incompetente para conocer del recurso y declinó la competencia en los Juzgados Civiles de Municipio por motivo de la cuantía. En fecha 02 de mayo de 2007 se libró oficio Nº 3715-07. En fecha 10 de mayo de 2007, la Unidad de Recepción y Distribución de documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas recibió la demanda que por intimación y estimación de honorarios precede. Mediante decisión de fecha 21 de mayo de 2007, el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se declaró incompetente de conocer el recurso en virtud que la cuantía excede el límite correspondiente a los Juzgados de Municipio por lo que solicitó la regulación de competencia. En decisión de fecha 17 de octubre de 2007, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declinó la competencia y por ende remitió al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en función de Distribuidor dicho expediente. En fecha 14 de enero de 2008 se libró oficio Nº TPE-08-016. Asignado por distribución el libelo a este Juzgado Superior, la misma fue recibida en fecha 02 de abril de 2008. Por auto de fecha 15 de octubre de 2008, se admitió el recurso y ordenó librar las citaciones y notificaciones de ley. En la misma fecha se libró oficio Nº 1307 y boleta de notificación, siendo esta la última actuación que hasta la fecha de emisión del presente fallo, consta en actas se verificó en el curso del proceso. En fecha 03 de mayo de 2010, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, juramentó al ciudadano HÉCTOR LUIS SALCEDO LÓPEZ, quien fue designado por la Comisión Judicial como Juez Temporal del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital; en tal sentido y en virtud de tal juramentación me aboco al conocimiento de la presente causa. Procede en virtud de lo expuesto este Juzgado Superior, a verificar si en el caso sub examine se verificó de pleno derecho la perención de la instancia, para lo cual observa: La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hoy artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que ad pedem literae establece: “La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.” La redacción de ésta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento, por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. En el mismo fallo expresa dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. Con base en tales alegatos, concluye desaplicando para el caso en concreto por ininteligible, la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 eiusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención. En consideración al criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, el cual, a los fines del presente fallo hace suyo este sentenciador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Texto Constitucional y 20 del Código de Procedimiento Civil, visto que la norma contenida en el aparte 15 del artículo 19 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, viola las disposiciones contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución, acuerda Desaplicar por Inconstitucional para el caso en concreto, el mencionado artículo 19 en su aparte 15, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de ese mismo cuerpo normativo, acuerda la aplicación supletoria para el caso bajo estudio del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la perención de la instancia. Así se decide. Establecido lo anterior, constata este sentenciador, una vez examinadas las actas que componen el presente expediente que la presente causa estuvo paralizada desde el día 15 de octubre de 2008, fecha en la cual se admitió el recurso y ordenó librar las citaciones y notificaciones de ley. En la misma fecha se libró oficio Nº 1307 y boleta de notificación, hasta la fecha de emisión del presente fallo, no constatándose durante el indicado período actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio. Siendo ello así, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante el lapso de más de un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para éste Tribunal declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide. Ahora bien, por cuanto el párrafo 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que la perención de la instancia deja firme el acto recurrido, salvo que este viole normas de Orden Público, y por cuanto de la revisión del acto impugnado no se evidencia tal violación, se declara el mismo firme. Así se decide. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en la demanda interpuesta por el ciudadano el ciudadano RAMÓN PEREIRA HERNÁNDEZ, venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 1.181.106, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.372, actuando en su propio nombre y representación, contra la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE). Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. EL JUEZ TEMPORAL, HÉCTOR LUÍS SALCEDO LÓPEZ LA SECRETARIA Acc, KEYLA FLORES RICO En la misma fecha de hoy siendo las (10:40 a.m.), se publicó registró la anterior decisión, bajo el No. 09-2010. LA SECRETARIA Acc, KEYLA FLORES RICO. Exp. N° 8131. HSL/cvm.