TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO QUINTO DE JUICIO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
Barquisimeto, 03 de Mayo de 2010
Años: 200° y 151°

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2009-006572

Vista la solicitud de Revisión de Medida a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, presentada por el Abg. Ali Enrique Sánchez Inpreabogado Nº 90.069 en su condición de Defensor Privado de los ciudadanos LEIVI ALBERTO ANGULO LINAREZ y EDUAR EDUARDO VALERA RIVERO titulares de la cédula de identidad Nº 21.295.166 y 25.474.025 respectivamente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgador observa:

I. En fecha 17 de Julio de 2009 a los referidos acusados le fue decretada Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad en Audiencia de Calificación de Flagrancia ante el Tribunal de Control Nº 6 por el delito de Secuestro y Uso de Adolescente para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley Contra Secuestro y la Extorsión y articulo 264 de la LOPNNA al encontrarse llenos los extremos del artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

Posteriormente en fecha 27 de Octubre de 2009 se realizo audiencia preliminar en la cual se admitió totalmente la acusación fiscal por los delitos de Secuestro y Uso de Adolescente para Delinquir en contra de los acusados de autos, manteniéndose la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad. Acordándose aperturar el Juicio Oral y Público.

II. Revisadas las que conforman el presente asunto en cuanto a los actos desarrollados a lo largo del proceso corresponde a este juzgado emitir pronunciamiento, respecto a lo solicitud realizada por el Defensor Privado de los ciudadanos LEIVI ALBERTO ANGULO LINAREZ y EDUAR EDUARDO VALERA RIVERO en los siguientes términos:

Primero: Siendo competente este Tribunal para decidir, en relación a la solicitud planteada este juzgador observa que si bien tomando en cuenta que continúan vigentes las causales que originaron de parte del Juzgado en Función Control la declaratoria de la medida de privación judicial preventiva de libertad dado que no han variado ya que siguen estando presentes los dos requisitos fundamentales que la originaron el Fomus Bonus iuris y Periculum in mora, por cuanto ha quedado evidenciado que el hecho presuntamente punible por el cual se sigue la causa es el denominado Secuestro y Uso de Adolescente para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley Contra Secuestro y la Extorsión y articulo 264 de la LOPNNA.
Asimismo, al existir una acusación fiscal de la que emergen fundados elementos de convicción que fueron examinados por el Órgano Jurisdiccional competente y apreciando que en el caso en concreto, pudiera presumirse razonablemente, la existencia de peligro de fuga y peligro de obstaculización, y al tomar en cuenta la pena que pudiera llegar a imponerse a los acusados de autos, de dictarse en la oportunidad procesal sentencia condenatoria, por la magnitud del daño causado, y ante la posibilidad de que el cambio de medida pudiera obstruir la administración de justicia en la búsqueda de la verdad de los hechos, es por lo que para quien aquí suscribe se encuentran llenos los extremos legales exigidos para mantener la medida de coerción personal, como la descrita en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.
Segundo: En ese sentido, al ponderar una serie de circunstancias entre las que se citan la gravedad y repercusiones del delito por el cual acuso el Ministerio Publico a los ciudadanos LEIVI ALBERTO ANGULO LINAREZ y EDUAR EDUARDO VALERA RIVERO este Juzgado considera prudente mantener la medida de coerción personal impuesta al acusado a los fines de garantizar las resultas del Juicio Oral y Publico, aunado al hecho de que debe este órgano jurisdiccional garantizar el derecho y la protección a las víctimas, el cual pudiera verse obstaculizado de cesar la medida en cuestión, tal como lo señala el articulo 55 de Nuestra Carta Magna:
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…”.,

En virtud de ello a los fines garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, es por lo que este Tribunal Niega por IMPROCEDENTE la solicitud hecha en gracia de los acusados: LEIVI ALBERTO ANGULO LINAREZ y EDUAR EDUARDO VALERA RIVERO plenamente identificados en autos, mando en consideración de igual manera para ello que al observarse de la revisión del presente asunto que el Juicio Oral y Publico no ha podido materializarse por diversas causas imputables a las partes incursas en la presente causa, existiendo ciertamente un retraso en el mismo, pero que sin embargo no es atribuible sólo al administrador de justicia, ya que convergen en el varios actores y factores, no obstante como consta en autos del presente asunto que se ha fijado para el día 20-05-2010, fecha para la celebración del respectivo Juicio Oral y publico, es por ello que quien Juzga acuerda mantener la medida de coerción personal impuesta al acusado. Así se decide.-

DISPOSITIVA

En virtud a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Quinto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA POR IMPROCEDENTE LA REVISION de la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad, solicitada por el Abg. Ali Enrique Sánchez su condición de Defensor Privado de los acusados LEIVI ALBERTO ANGULO LINAREZ y EDUAR EDUARDO VALERA RIVERO plenamente identificados en autos y ACUERDA MANTENER LA MISMA MEDIDA CON TODOS SUS EFECTOS.- Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Líbrese los correspondientes oficios.- Regístrese. Publíquese.- Cúmplase
El JUEZ QUINTO DE JUICIO,

ABG. OSWALDO JOSÉ GONZALEZ ARAQUE
LA SECRETARIA