TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, veinte de octubre de dos mil diez
200º y 151º

ASUNTO: TP11-O-2010-000022

Vista la solicitud de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano BENITO ANTONIO ROJAS, asistido por el abogado RUBEN DARIO RONDON GRATEROL, inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 38.886, que fuera recibida en fecha 11/10/2.010 por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Coordinación del Trabajo del Estado Trujillo y en fecha 13/10/2010 por este tribunal. Asimismo, como quiera que mediante diligencia presentada, en el presente asunto y en la causa identificada con el alfanumérico TP11-O-2010-000018, el Abog. Rubén Rondón, formula allanamiento con ocasión de la inhibición planteada en el caso de autos; es por lo que la suscrita jueza de juicio continúa conociendo el presente asunto. En tal sentido, para decidir sobre su admisibilidad, se observa lo siguiente:

La presente acción de amparo constitucional es incoada por la ciudadano BENITO ANTONIO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.318.449, domiciliado en Calle Principal del Sector Pueblo Nuevo, Siquisay, casa s/n, Municipio Pampán del estado Trujillo; asistido judicialmente por el Abogado RUBEN DARIO RONDON GRATEROL, inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 38.886; contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, representada legalmente por el ciudadano HUGO CABEZAS, en su condición de GOBERNADOR DEL ESTADO. En el orden indicado, denuncia el querellante en su solicitud lo siguiente: (I) Que en fecha 08/01/2007, comenzó a prestar sus servicios en el LICEO SANTA ANA, adscrito a la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, desempeñando el cargo de Chofer, devengando como última remuneración la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (Bs. 848,90); cumpliendo una jornada de trabajo de lunes a viernes, en horario comprendido de 06:00 a.m., hasta las 12: m. y desde las 01:00 p.m. hasta las 05:00 p.m. (II) Que en fecha 21/01/2.009, el ciudadano LUÍS MATEOS, en su carácter de COORDINADOR DE RUTA le manifestó de manera verbal que estaba despedido. (III) Que mediante Providencia Administrativa, Nº 066-2009-01-00028, emitida por la Inspectoría del Trabajo de Trujillo, Municipio Trujillo del estado Trujillo, de fecha 28/01/2010, se declaró con lugar su solicitud de reenganche a su puesto habitual de trabajo con las mismas obligaciones y derechos que tenía antes del irrito despido, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales desde el día 21/01/2009 hasta la fecha de su efectiva reincorporación a su puesto de trabajo; consignando copia certificada del Expediente Nº 066-2009-04-00003. (III) Señaló que no acatada la orden contenida en dicha providencia administrativa, ni en forma voluntaria ni forzosa; que en fecha 08 de junio de 2010, según Providencia Nº 00041-2010, Expediente Nº 066-2010-06-00036, se impuso la sanción correspondiente por el incumplimiento. (IV) Solicitó que la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO lo reenganche a sus labores habituales y le sean cancelados los salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir desde el día 21/01/2009 hasta que se produzca su efectiva reincorporación. (V) Promovió como prueba, copia certificada del expediente administrativo que contiene la Providencia Administrativa cuyo desacato denuncia, así como la Providencia Administrativa que impone al patrono la sanción de multa por incumplimiento.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales atribuye el conocimiento de las acciones de amparo autónomas a los jueces de primera instancia con competencia en materia afín a los derechos que se denuncian como violados. En el presente caso, aunque se denuncia la violación del derecho constitucional al trabajo y la estabilidad laboral, teniendo tal violación presuntamente su origen en el desacato a una providencia administrativa Nº 066-2009-01-00028, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Valera, Estado Trujillo, lo que ubica el caso concreto en la esfera competencial de los tribunales laborales en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo artículo 25, numeral “3”, establece una excepción a la regla general atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa, a saber: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del Trabajo. (Subrayado del tribunal).
Por otro lado, se observa que respecto a la ejecución de las decisiones administrativas, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 14/12/2.006, caso: Guardianes Vigimán S.R.L., con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ratificada por sentencia de la misma Sala de 13/08/2.008, caso: Universidad de Oriente, se estableció: ”… que las acciones de amparo constitucional intentadas para lograr el cumplimiento de los actos administrativos solo puede intentarse luego de fracasados los intentos del órgano emisor de dar cumplimiento a la providencia, siendo únicamente en éste caso cuando queda abierta la posibilidad de solicitar protección fundamental por violación de derechos constitucionales…”, criterio éste con carácter vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el mandato constitucional establecido en el artículo 335 de la Constitución de la republica Bolivariana de Venezuela.

En este orden de ideas, de la interpretación concatenada de los artículos 26 y 27 del texto constitucional, que establecen la garantía de la idoneidad de la justicia y los principios que orientan el procedimiento de amparo constitucional con la disposición contenida en el artículo 25, numeral “3” de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que atribuye competencia a los tribunales laborales para conocer de la nulidad de las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo que supone aún mayor idoneidad de estos tribunales para el conocimiento de las acciones de amparo por violación de derechos constitucionales del trabajo debida al desacato a tales providencias, aunado al hecho de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente decisión de fecha 23/09/2010, atribuyó la competencia en materia de ejecución de dichas providencias administrativas, por la vía del procedimiento de amparo, a los tribunales laborales; es por lo que este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, teniendo por norte de sus actuaciones, la tutela efectiva de los derechos e intereses de los justiciables y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, con la brevedad y la celeridad que debe orientarlo, especialmente al procedimiento de amparo por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales, se declara competente para conocer de la presente solicitud de amparo constitucional, de conformidad con las normas constitucionales y legales invocadas.

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Revisadas y analizadas las condiciones de inadmisibilidad previstas la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este Tribunal observa que, al momento de pronunciarse sobre la admisión de la presente acción, se constató que no existe impedimento alguno para admitir la presente solicitud de amparo constitucional y visto que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en jurisdicción del estado Trujillo, este Tribunal LA ADMITE, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 25, numeral “3” de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; tramitándose el procedimiento de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 01/02/2.000, caso José Amando Mejía Betancourt, que lo regula en interpretación y adaptación al artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Emplácese a la parte recurrida GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO; notifíquese al Procurador General del estado Trujillo y al Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo; a fin de que comparezcan por ante este Juzgado, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la fecha de la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas, para que se enteren de la fecha, lugar y hora en que se realizará la audiencia constitucional en este proceso, la cual tendrá lugar, tanto su fijación como su realización, dentro de las noventa y seis (96) horas señaladas, advirtiendo a las partes que a los efectos del cómputo de este término, no se tomarán en cuenta los días sábados y domingos, ni los días en que el Tribunal se encuentre cerrado por ausencia del Juez, conforme lo establece la precitada sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, criterio éste ratificado en sentencia de la misma Sala de fecha 31/05/2.000, caso Seguros Los Andes.

Se advierte al presunto agraviante que su incomparecencia a la audiencia constitucional implicaría la aceptación de los hechos incriminados conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Líbrense las respectivas boletas de notificación a la parte recurrida GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, representada legalmente por el ciudadano HUGO CABEZAS, en su carácter de GOBERNADOR DEL ESTADO TRUJILLO; así como los oficios de notificación dirigidos al FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO de ésta Circunscripción Judicial y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, anexándole sólo a este último copia certificada de la solicitud y del presente auto. Cumplido lo anterior, deberán entregarse al Servicio de Alguacilazgo para que practique las notificaciones ordenadas.

Se le advierte al presunto agraviante, al Ministerio Público, y a cualquier tercero que se haga parte en el presente procedimiento, que en la audiencia constitucional deberán promover y evacuar las pruebas que consideren imprescindibles para la decisión del presente proceso, y que el mismo se tramitará conforme al procedimiento establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la citada sentencia de fecha 01/02/2.000, en el caso José Amando Mejía. Cúmplase.

Dada firmada, sellada y publicada, en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO Trujillo, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2.010, siendo las 2:15 p.m. Años 200° de la Independencia y 15° de la Federación.

La Jueza,

Abg. Thania Ocque

La Secretaria,

Abg. Andrea Álvarez