República Bolivariana de Venezuela Poder Judicial Circuito Judicial Penal Juzgado Segundo en Función de Control Barquisimeto, 17 de septiembre de 2010 Años: 200° y 151° ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2010-008668 Juez de Control Nº 2º Abg. Adelmo Atilio Leal Arrieta. Fiscal del Ministerio Público: Abg. Yrling Roldan Imputado: Miguel Castillo Defensor: Abg. Ramón Aguilar Delito: Homicidio Intencional Calificado en Grado de Frustración y Tentativa de Robo de Vehículo Automotor Celebrada la Audiencia Especial de Presentación de Imputado para oír a las partes, encontrándose éste debidamente asistido por su abogado defensor, la representación del Ministerio Público expuso de una forma sucinta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales tuvo lugar la aprehensión del ciudadano MIGUEL ANGEL CASTILLO PRADO, estos hechos fueron calificados jurídicamente como los delitos de: HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, FALTA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO Y TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 406 numeral 1º en relación con el artículo 80 y 320 de Código Penal y artículo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en virtud de lo cual solicitó MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD contra del Imputado, al considerar llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete la aprehensión en flagrancia y se continué por el Procedimiento Abreviado. Seguidamente se impuso al imputado del Precepto Constitucional que lo exime de declarar en causa propia, informándole el Tribunal que lo hará sin juramento en caso de consentir a prestar declaración, e impuesto de los hechos que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que sucedieron así como de la calificación jurídica dada por el Ministerio Público, tal como lo establece el Artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal; Se le preguntó al Imputado William José Álvarez Pérez, si deseaba rendir declaración, frente a lo expuso: No voy a declarar, me acojo al precepto constitucional. Seguidamente se le cedió la palabra a la defensa Técnica quien expuso: solicito que la causa sea tramitada por vía del procedimiento Ordinario y que se le imponga una medida cautelar sustitutiva de la Libertad menos gravosa de conformidad a lo establecido en el artículo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no están dados los elementos de convicción que determine los delitos, asimismo, solicito el reconocimiento medico forense. Luego de oídas las partes y al imputado, para decidir sobre la medida de coerción personal solicitada este Tribunal observa: PRIMERO: Se declara con lugar la calificación de flagrancia conforme a lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el imputado fue aprehendido en el momento de estar ocurriendo el hecho ilícito por el cual lo presentan ante este tribunal. SEGUNDO: se acuerda la continuación de la causa por Procedimiento Ordinario. TERCERO: De lo actuado, y que consta a los autos, así como de lo manifestado en Audiencia, se desprende la comisión de un hecho punible que merece pena corporal sin que esté evidentemente prescrita la acción para perseguirlo, como lo son los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, FALTA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO Y TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 406 numeral 1º en relación con el artículo 80 y 320 de Código Penal y artículo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, con lo cual estima este Tribunal que se encuentra satisfecho el extremo legal previsto en el numeral 1 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Igualmente se estima acreditado el extremo legal previsto en el numeral 2 del artículo 250 ejusdem en relación con la existencia de fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos que se le atribuye, y que permiten presumir que el mismo ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho, constituidos dichos elementos: 1.-) Acta Policial de fecha 15 de agosto de 2010, inserta a los folios dos (02) y tres (03) del presente asunto, donde se señala el modo, lugar, tiempo en que sucedieron los hechos y los objetos que se incautaron. 2.-) El registro de cadena de custodia de evidencias físicas. 3.-) Acta de denuncia realizada por la victima Nº 271-10. 4.-) Actas de entrevistas realizadas a los ciudadanos Rafael López y Guedez Jesús. QUINTO Finalmente, luego de analizar las circunstancias particulares del caso, en relación al ciudadano MIGUEL ANGEL CASTILLO PRADO, se estiman acreditados los supuestos establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal referidos a la presunción razonable del peligro de fuga, en primer lugar, el supuesto previsto en el numeral 2 del mencionado artículo 251, por la pena que podría llegar a imponerse; concurre además el supuesto del numeral 3 ejusdem referido a la magnitud del daño causado; circunstancias estas que determinan la imposición de una medida de privación judicial de libertad, y en ese sentido, tal como lo señala el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, la imposición de otra medida distinta de la privativa de libertad resulta insuficiente para asegurar la finalidad del proceso. En virtud de ello, este Tribunal considera satisfechos los supuestos por los cuales se ha solicitado la Medida Judicial de Privación de Libertad del Imputado MIGUEL ANGEL CASTILLO PRADO, en los términos expuestos. Así se decide. DISPOSITIVA Por los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD AL IMPUTADO: MIGUEL ANGEL CASTILLO PRADO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 17.379.214, debiendo cumplir la medida impuesta en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (URIBANA), una vez sea dado de alta, por encontrarse llenos lo extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Se acordó continuar la investigación por la vía del Procedimiento Ordinario. Se acordó el reconocimiento Medico Forense. Se libro oficio, Regístrese, Publíquese, Cúmplase. ABG. ADELMO ATILIO LEAL ARRIETA. JUEZ SEGUNDO EN FUNCIONES DE CONTROL EL SECRETARIO.