En nombre de:


P O D E R J U D I C I A L

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE JUICIO DEL TRABAJO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.

Asunto: KP02-L-2010-000138/ MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: NEPTALY MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.803.618.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: HAIDY NAILET CARRASCO PRIMERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 90.180, en su condición de Procuradora Especial de Trabajadores.

PARTE DEMANDADA: AUTO TAPICERIA JUVENTUS C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 03 de abril de 1998, bajo el N° 20, tomo 4-B.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: CARMEN ALICIA GUTIERREZ ESCALONA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.649.
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se inició con la demanda presentada en fecha 03 de febrero de 2010 (folios 1 al 6), cuyo conocimiento correspondió por distribución al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, que lo recibió y lo admitió en fecha 05 de febrero de 2010, (folios 9 y 10).

Cumplida la notificación de la demandada (folios 12 al 14), se instaló la audiencia preliminar el 20 de julio de 2010, fecha en la que se dejó constancia de la incomparecencia de la parte actora (folios 15 al 18), decisión contra la cual se ejerció recurso de apelación (folio 25 y 26) y se oyó en ambos efectos, por lo que remite la causa al Tribunal Superior del Trabajo (folio 27 al 29).

Posteriormente recibida y decidida la causa por el Juzgado Primero Superior del Trabajo en fecha 19 de octubre de 2010, sentencia mediante la cual se revocó la sentencia recurrida y se ordenó la reposición de la causa al estado de fijar nueva oportunidad para la audiencia preliminar (folios 30 al 41).

Por lo anterior recibido el expediente por el Juzgado Primero de primera instancia (folio 45) se instaló la audiencia preliminar el 19 de noviembre de 2010 (folio 47), la cual se prolongó en varias oportunidades hasta el 31 de enero de 2001 (folio 53); cuando se declaró terminada por incomparecencia de la demandada, se ordenó agregar las pruebas a los autos y remitir el asunto a la fase de juicio.

En fecha 08 de febrero de 2011, el Tribunal dejó constancia que la demandada no presentó escrito de contestación por lo que se encuentra incursa en la presunción de admisión sobre los hechos conforme al Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (folio 59 al 61); se remitió el expediente para el conocimiento de la fase siguiente, recibiéndolo este Tribunal Primero de Juicio, en fecha 22 de febrero de 2011 (folio 62).

Dentro del lapso legalmente previsto, se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas (folios 63) y fijó la fecha para iniciar la audiencia de juicio (folio 64).

El 12 de abril de 2011, en la hora fijada y anunciándose conforme a la Ley, se dejó constancia de la incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio, por lo que se activa la presunción de admisión sobre los hechos de conformidad con el Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; igualmente se inició la audiencia de juicio; se procedió a evacuar las pruebas y la actora ratificó los hechos del libelo especialmente la continuidad de la relación de trabajo y consigno original de constancia de referencia personal e igualmente considero que no era necesario tomar la declaración del testigo, por que se demandaron los elementos típicos de la relación de trabajo, no hizo más observaciones por lo que se concluyó la misma, el Juez dictó el dispositivo oral (folio 65 al 67), procediendo a explanarlo en forma escrita, conforme a lo dispuesto en el Articulo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Como se puede apreciar, se ha constatado que el procedimiento se tramitó conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN SOBRE LOS HECHOS

Sostiene la parte actora en el libelo que comenzó a prestar sus servicios personales, subordinados, directos e ininterrumpidos para la demandada desde el 13 de noviembre de 2006, desempeñándose como tapicero; cumpliendo con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 06:00 a.m. a 06:00 p.m; devengando un salario mensual de Bs. 1.797,40 hasta el 12 de noviembre de 2009, fecha en la que finalizó la relación por retiro voluntario del trabajador.

Ahora bien, en virtud de la negativa del empleador en cumplir con el pago de los conceptos generados durante la relación de trabajo (prestación de antigüedad, vacaciones, utilidades, bono vacacional vencido y fraccionado), solicita sea condenado por este Tribunal en apego a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.

Vistas las pretensiones del actor, es importante señalar la falta de contestación de la demanda y la incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio, lo que provoca la presunción de admisión sobre los hechos prevista en los artículos 135 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por lo expuesto, este Juzgador procederá a dictar sentencia siguiendo los criterios de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, verificando que la pretensión no sea contraria a Derecho; con el examen de las pruebas; y la aplicación de los siguientes principios:

- La verdad (verosimilitud), norte de los actos del Juez del Trabajo, recurriendo a todos los medios que se consideren necesarios para alcanzarla, sin olvidar el carácter irrenunciable y tutelar de los derechos acordados por la Ley para los trabajadores (Artículo 5 LOPT).

- La carga de la prueba en lo que se refiere al pago liberatorio de los derechos de los trabajadores y las causas del despido corresponden al empleador demandado (Artículo 72 LOPT), salvo en los supuestos especiales (conceptos extraordinarios).

- El Artículo 94 Constitucional ordena al Juez del Trabajo establecer “la responsabilidad que corresponda a los patronos en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.

- La equidad (Artículo 2 LOPT), que permite al Juzgador poder resolver los perjuicios patrimoniales sufridos por el trabajador ante las maniobras ilícitas del empleador al cumplir con sus obligaciones laborales, tomando en consideración que se trata de prestaciones de valor, en los términos del Artículo 92 de la Constitución, ordenando el cálculo con base en el último salario, criterio que inició la Sala de Casación Civil Mercantil y del Trabajo de la Corte Suprema de Justicia y que amplió la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

- La indización como medida de ajuste judicial por la pérdida del valor adquisitivo de los beneficios laborales que tienen naturaleza alimentaría, familiar y social; y los intereses moratorios, por la falta de pago oportuno.
La condena de conceptos distintos a los requeridos, cuando se hayan debatido en juicio y estén debidamente probados (Artículo 6, Parágrafo Único, LOPT).
PROCEDENCIA DE LO DEMANDADO

Rielan a los folios 07, 56 y 68 documentales correspondientes a acta de reclamo, dictada por ante la Inspectoria del Trabajo “Pío Tamayo” en fecha 08 de enero de 2010, donde exhortan al trabajador a continuar su reclamación por ante los Organismos Jurisdiccionales y referencia personal en original y copia, mediante la cual la demandada sostiene que el actor es “una persona de una conducta seria, cumpliendo con sus obligaciones con toda cabalidad”, con lo cual se demuestra la prestación personal del servicio y la presunción de relación laboral (Art. 65 L.O.T).

No existiendo en autos prueba alguna que desvirtúe la presunción referida, se declara existente la relación laboral, así como sus elementos esenciales (inicio, terminación, cargo, salario y motivo de finalización).

Por la declaratoria anterior, serán verificados los conceptos pretendidos en el libelo, los cuales serán analizados juntos con las pruebas aportadas al proceso, tomando como base el salario mensual devengado por el actor de Bs. 1.787, 40.

Visto que no existe en autos, pruebas en la que se evidencie un cumplimiento de las pretensiones del actor se procede a determinar los conceptos a pagar de la siguiente manera:

1.- Prestación de antigüedad: La parte actora pretende el pago por prestación de antigüedad, por un monto de Bs. 11.924,45, el cual se cuantificó con base al salario señalado (folio 08), incluyendo en la base de cálculo la incidencia del bono vacacional y las utilidades, conforme lo establecen los artículos 108, 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo; y como no consta en autos que el empleador hubiera pagado tales prestaciones y el mismo no contestó la demanda, se declara procedente el monto demandado, Así establece.

2.- Utilidades: en lo que respecta a las utilidades, el actor estableció lo adeudado en Bs. 2.237,01, de los cuales no existe prueba de su pago, además el demandado no contestó la demanda, por lo que se tienen admitidas las pretensiones, declarándose procedente dicho monto de conformidad con el Artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

3.- Bono vacacional vencido y fraccionado (Bs. 1.828,09): no existe vestigio alguno del pago y del disfrute efectivo, como ordena el Artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), por lo que se declara procedente la cantidad pretendida por éste concepto en el libelo.

Se declaran procedentes los intereses moratorios sobre las diferencias condenadas, tomando en cuenta la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela sin posibilidad de capitalización, desde la fecha de terminación de la relación.

Por último se ordena la corrección monetaria, conforme a la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, desde la fecha de la notificación.

Los intereses moratorios y la indización los liquidará el Juez de la Ejecución, conforme a lo dispuesto en la Ley.

D I S P O S I T I V O
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE:

PRIMERO: Con lugar las pretensiones del actor y se condena a la demandada a pagar los conceptos determinados en la parte motiva de ésta decisión.

SEGUNDO: Se condena en costas a la demandada por haber resultado vencida, conforme al Artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 25 de abril de 2011.-

ABG. JOSÉ MANUEL ARRÁIZ CABRICES
JUEZ


LA SECRETARIA



En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 11:00 a.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.-


LA SECRETARIA





JMAC/yennifer.-