REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 08 de Diciembre de 2011
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2011-022558
Visto el escrito presentado por la abogada Gabriela Carolina Lanz Moreno, Fiscal Auxiliar Primera del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, quien solicita con ocasión a la investigación adelantada con el Nº 13FM1-4620-11, pronunciamiento en cuanto a solicitud a favor de la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.883.019, se otorgue MEDIDAS CAUTELARES POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACIFICA, y observado el escrito presentado en fecha 22/11/2011 fue presentado escrito por la ciudadana YAMILETZA MARIA RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nº 11.883.019, asistida de abogado, en el cual peticiona la restitución de sus derechos; este Tribunal decide en los términos siguientes:
PRIMERO: Se reciben las presentes actuaciones de la Fiscalia Municipal Primera del Ministerio Público, en la que expone:
“El día 06 de Octubre de 2011 se recibió por ante este Despacho Fiscal denuncia interpuesta por la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.883.019, en contra de la Ciudadana GIOVANINA RUSSO, Venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 7.374.668, quien expuso lo siguiente la ciudadana Aelxa Marina Barrios: “El día de hoy la dueña de la pieza me cita a prefectura cual yo asisto y explico todas las diligencias realizadas ante los organismos y la situación que estamos pasando los dos, allí el abogado que nos atendió le dijo a la señora que no puede mandarme a desocupar y que fuera por inquilinato pero cuando llego a mi casa me consigo que tumbaron todo el techado y la cerca y me votan todo el agua que allí estaba y me saca todas las cosas que estarán para el patio hacía la calle, me cortan la luz y me dirijo a su casa y le digo que porque me cortan la luz y me resta el agua y me puso un candado en la puerta de otras me cae la familia, me insultan, me golpean la ventana y la puerta, yo tengo solvente el pago hasta el mes de agosto yo que la señora y no me pasa el recibo de la luz, tengo un convenio que vencía en febrero de 2011, fue hablar con la abogada antes de la fecha de culminación para que me diera tiempo porque no he conseguido a donde mudarme, las niñas están siendo afectadas por todo esto y yo también me siento con mucha presión y acosada ...” …Por lo anteriormente expuesto, es por lo que solicito ciudadano juez que de conformidad con lo establecido en los artículos 108 numerales 12º y 15º en concordancia con los artículos 256 numerales 5º y 9º así como también el articulo 550 todos estos del Código Orgánico Procesal Penal solicito, el cual nos remite de manera expresa a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en relación a las medidas Preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles se imponga PRIMERO: en contra del ciudadano GIOVANNINA RUSSO, Venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 7.374.668, las medidas cautelares que se especifican a continuación: 9º Apertura de la cerradura y del candado colocado por la propietaria GIOVANNINA RUSSO de un anexo ubicado de la residencia ubicada en la residencia ubicada en Barrio Cerritos blancos hacía el cercado casa sin numero color salmón de rejas blancas ubicada en la esquina de la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara, así como la restitución de los servicios de agua y luz del mencionado anexo, igualmente le sean devueltos todos sus enseres personales, a los fines de garantizar los derechos constitucionales y procesales de la victima en harás de proteger su integridad física así como los integrantes de su familia y los bienes que los mismos poseen, tomando en consideración la sentencia con carácter vinculante de nuestro máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 29 de octubre de 2009 sentencia Nº 1381 con ponencia del Magistrado Francisco Carrasqueño, …”
En fecha 22/11/2011 fue presentado escrito por la ciudadana YAMILETZA MARIA RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nº 11.883.019, asistida de abogado, en el que solicita lo que se transcribe parcialmente: … “ Pido formalmente por ante su competente autoridad me sean restituidos los derechos que me ha sido arrebatados como es el derecho a vivir una vida libre de violencia, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a no ser desalojada arbitrariamente Pido se ordene en la restitución de mis derechos, el cierre del hueco abierto de forma inescrupulosa por la propietaria del inmuebles ciudadana GEOVANNINA RUZZO DELGADO y sus hijas cuyos nombres suministrare y al ciudadano que vive en la casa, cuyo nombre suministraré en su oportunidad y se me restituya el derecho a regresar a mi domicilio junto a mis hijas, pido protección policial y resguardo de mi integridad física, así mismo la pido para mis hijas.-
SEGUNDO: Siguiendo a Caferata, (1992), por “coerción procesal”, “se entiende, en general, toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto” (destacado de este fallo)
El mismo autor, define a las Medidas de Coerción Real como las “que restringen, total o parcialmente, la libre disposición de los derechos patrimoniales o no patrimoniales del imputado, de la propia víctima o de terceros, con el propósito de garantizar la consecución de los fines del proceso”
En ese sentido, las Medidas de Coerción Real que reconoce el Código Orgánico Procesal Penal, son las Medidas de Aseguramiento (decomiso, incautación y recolección de bienes) y las Medidas Cautelares Reales Preventivas (prohibición de enajenar y gravar, embargo, secuestro y medidas innominadas, que recaen sobre los objetos pasivos del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; y la característica de estos objetos es que son susceptibles de ocupación penal, la cual persigue asegurar la restitución a su dueño o poseedor legitimo de la cosa procurada por el autor del hecho o bien, con ocasión a ello. Así lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia emanada de la Sala, Nº 333 del 14 de marzo del año 2001, caso Claudia Ramírez Trejo.
Por su parte, la ocupación civil es el gran género de las Medidas Cautelares Reales, siendo posible distinguir tres especies o modalidades principales: el embargo, el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles; y una especie o modalidad secundaria: las medidas innominadas. (Destacado de este fallo)
En ese sentido, las Medidas de Coerción Real contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, pueden ser clasificadas de la siguiente manera: a) MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO; b) MEDIDAS CAUTELARES REALES PREVENTIVAS; y, c) MEDIDAS CAUTELARES REALES EJECUTIVAS, las cuales tienen en común que están destinadas al aseguramiento de bienes y objetos, mediante su ocupación (“civil” o “penal”), con el fin de retenerlos y preservarlos para la consecución de los fines del proceso: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto.
Las Medidas Cautelares Reales preventivas son todas aquellas que tienen por finalidad la captura, aprehensión, toma de posesión o apoderamiento (“ocupación civil”) a título de embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar o de cualquier medida innominada, con el fin de resarcir el daño, o de restituir el objeto, y se adoptan en el curso del proceso penal, con funcionalidad netamente cautelar, para evitar que la libre disponibilidad de la cosa relacionada con el delito pueda agravar o prorrogar sus consecuencias; esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.
Ahora bien, las diferentes Medidas Cautelares Preventivas que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, son las previstas en el Código de Procedimiento Civil, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, y que están: las nominadas en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil y las innominadas en el Parágrafo Primero del mismo articulo 588 Ejusdem, lo cual implica la previa verificación, para ser acordado, del y del , característicos de las medidas cautelares reales nominadas, y, además, del en el caso de las innonimadas.
Su función principal o inmediata es netamente cautelar, dado que están destinadas a asegurar dichos e instrumentos, a través de su ocupación (“civil”), para garantizar, en su momento, el resarcimiento del daño causado por el delito y el cumplimiento del fallo en lo que concierne a la pena no corporal del “comiso” y subsiguiente confiscación, de manera que a la función de reparación se le adiciona como función la de evitar la libre disponibilidad de una cosa que se relacione con el delito y pueda agravar o prorrogar sus consecuencias, esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.
En ese sentido, sobre los objetos pasivos mediatos del delito, es decir aquellos que constituyen los de la comisión del delito, recaen, exclusivamente, Medidas Preventivas Cautelares (secuestro, prohibición de enajenar y gravar, medidas innominadas, etc.) con el fin de evitar, que el daño producido por el delito se extienda o se consolide ()
TERCERO: El fin principal de la medida es evitar que el daño producido se extienda o se consolide, para la victima, por lo que ha de verificarse para la procedencia de ese aseguramiento por vía innominada, los extremos indicados por el articulo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 ambos del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
Ahora bien, las Medidas Cautelares Reales Preventivas, prevista en el Código de Procedimiento Civil, que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, se dictan desde el inicio del proceso, “Inaudita Alteran Parts” hasta el momento mismo del comienzo de la ejecución de la sentencia, siendo la finalidad de tal medida cautelar la de suspender el “Ius Abutenti”.
Con relación a la medida cautelar innominada incoada, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala:
"Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama".
En cuanto al Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Articulo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.
Observa este Tribunal, de conformidad con la norma citada que la procedencia de las medidas cautelares nominadas, dispuestas en el Código de Procedimiento Civil, se encuentran sometidas al cumplimiento de dos requisitos fundamentales, a saber: el peligro de que los efectos del acto impugnado sean irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva (periculum in mora) y la prueba del derecho que se alega (fitmus bonis juris), requisitos que indefectiblemente, deben constar en autos como consecuencia de la actividad alegatoria y probatoria de las partes. Así mismo la medida cautelar innominada requiere como requisito adicional de procedencia que se verifique el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, lo que la doctrina ha calificado como peligro de daño inminente, inmediato y además dentro del proceso.
Congruente con los requisitos exigidos para decretar la cautela solicitada, en el presente caso el Fiscal del Ministerio Público, acredita que ocurrió la comisión de un hecho punible, como lo es PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACIFICA, previsto y sancionado en el articulo 472 CODIGO PENAL; en perjuicio de la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.883.019.-
Igualmente lo dispuesto en el Artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que obliga al Estado a garantizar a toda persona victima de delito, la reparación de los daños causados. Siendo que la perpetuidad en la comisión del ilícito por la presencia abrupta en el seno del hogar doméstico habitada por la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, identificada en autos, y su grupo familiar, irrumpe contra los valores supremos del Estado Social de Derecho y de Justicia, que podría dejar ilusoria la ejecución del fallo y que por máximas de experiencia, podría constituir un objeto pasivo del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; resulta legalmente procedente la medida. Así se establece.
Siendo la finalidad de la medida real de eminentemente cautelar, esto es la de suspender el “Ius Abutenti”, para garantizar las resultas del proceso, y garantizar la reparación del daño causado, que se mantiene hasta la sentencia definitivamente firme y el comienzo de la Actio Judicati, porque aún no existe la seguridad de que la pretensión es procedente, sin que esta juzgadora evalúe previamente la decisión que se pueda dictar en el presente proceso, podría implicar un perjuicio para el accionante debido al carácter de victima de delito, razón por la que el tribunal estima que resulta procedente la Medida Cautelar solicitada. Así se decide
Por otra parte, atendiendo a la solicitud de la victima de Protección Policial, a los fines de salvaguarda la integridad física de la victima y su familia, se acuerda MEDIDAS DE PROTECCIÓN POLICIAL (RECORRIDOS DIARIOS), necesarios para YAMILETZA RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nº 11.883.019, y su grupo familiar por el lapso de tres (3) meses, de conformidad con lo establecido en el último aparte del articulo 55 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el articulo 23 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que se acuerda oficiar al Cuerpo de la Policial del Estado Lara a los fines de que sirva impartir instrucciones necesarias para la protección de la victima y sus familiares.
DISPOSITIVA
En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 y 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 250 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en cumplimiento a la sentencia 1381 del 29-10-2009 emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia DECLARA CON LUGAR LA PETICION DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO y se DECRETA la medida cautelar preventiva para hacer cesar la continuidad de la lesión por el delito de PERTURBACION DE LA POSESION PACIFICA, tipificado en el articulo 472 del Código Penal a favor de la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.883.019, y su grupo familiar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal consistente: Apertura de la cerradura y del candado colocado por la propietaria GIOVANNINA RUSSO, Cédula de Identidad Nº 7.374.668 de un anexo ubicado de la residencia ubicada en Barrio Cerritos blancos hacía el cercado casa sin numero color salmón de rejas blancas ubicada en la esquina de la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara con el fin que la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, antes identificada continúe en posesión pacifica, así como la restauración de la fractura causada a la pared del referido anexo, y restitución de los servicios de agua y luz del mencionado anexo, igualmente le sean devueltos todos sus enseres personales, a los fines de garantizar los derechos constitucionales y procesales de la victima en harás de proteger su integridad física así como los integrantes de su familia y los bienes que los mismos poseen, por parte de la ciudadana GIOVANINA RUSSO, Venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 7.374.668, así como de sus familiares.-
Así mismo, a los fines de salvaguarda la integridad física de la victima y su familia, se acuerda MEDIDAS DE PROTECCIÓN POLICIAL (RECORRIDOS DIARIOS), necesarios para YAMILETZA RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nº 11.883.019, y su grupo familiar por el lapso de tres (3) meses, de conformidad con lo establecido en el último aparte del articulo 55 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el articulo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.-
Líbrese oficio al Comando Regional Nº 4 de la Guardia Nacional, requiriendo la ejecución de la medida. Líbrese oficio al Cuerpo de la Policial del Estado Lara a los fines de que sirva impartir instrucciones necesarias para la protección de la victima y sus familiares en un anexo ubicado de la residencia ubicada en Barrio Cerritos blancos hacía el cercado casa sin numero color salmón de rejas blancas ubicada en la esquina de la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara. Notifíquese a la Fiscalia Municipal Primera del Ministerio Público. Notifíquese a la ciudadana YAMILETZA RODRIGUEZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.883.019.-Notifíquese a la ciudadana GIOVANINA RUSSO, Venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 7.374.668, quién solicito la designación de abogado defensor Publico.- Ofíciese a la Coordinación de la Defensa Publica a los fines de la designación de defensor a quien se notificara de la presente decisión.- Regístrese, publíquese, cúmplase lo ordenado.-
La Jueza Novena de Control
El Secretario
Abg. Wendy Carolina Azuaje Pérez
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