REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO. EXTENSIÓN BARQUISIMETO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Juicio de Barquisimeto ASUNTO KP01-P-2010-02476 Visto el escrito presentado por la Defensora Pública Penal Nº 18, Abg. Betzabe Cristina Colmenarez Mendoza, con tal carácter del acusado, ciudadano ANIBAL ALEXANDER MEDINA ALVARADO, a quien se le sigue este proceso por la presunta comisión del delito HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto y sancionado en los artículos 406 numeral 1 y 416 del Código Penal, mediante el que solicita la revisión y sustitución de la medida cautelar privativa de libertad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del COPP, este Tribunal emite su pronunciamiento previo a las siguientes consideraciones: PRIMERO El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece, en su artículo 264, lo siguiente: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación” (Negrillas de este fallo). Según el contenido de la disposición supra transcrita, se prevé que la revisión de medida privativa de libertad, procede las veces que el imputado lo solicite al juzgador que esté conociendo la causa y verificarse entonces la necesidad de mantener medida privativa de libertad o sustituirla por otra menos gravosa cuando se estime conveniente según su prudente arbitrio. En el presente caso ha sido la defensa del imputado, quien ha solicitado la revisión de la medida, por lo que tiene cualidad para realizar tal petición, así se establece. SEGUNDO Debe observar este Tribunal en relación a la revisión solicitada, lo dispuesto en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que siempre que los supuestos que motivan la Privación Judicial Preventiva de Libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de dichas medidas. En el presente caso, el delito que se le imputa en la presente causa se refiere a HOMICIDIO CALIFICADO; por lo que se presume legalmente el peligro de fuga en esta causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 Parágrafo Primero del Texto Adjetivo Penal. Aunado a ello, se considera que el daño causado es de una magnitud relevante sobre todo si se toma en cuenta el agravio que se produce no es solo desde el punto de vista económico, y de daño emocional de la persona que sufrió amenaza de daños, sino desde el punto de vista social, pues se trata de un delito impregnado de una carga de violencia capaz de poner a la sociedad en un alerta permanente, pues las víctimas quedan lesionadas tanto psíquica como emocionalmente, al ser presas del miedo y del terror que impera en nuestras calles. Por otra parte, debe destacarse que los supuestos que motivaron la aplicación de la Medida Cautelar de Privación Preventiva de Libertad decretada, no han cambiado ni se han modificado; en consecuencia, no es posible, en aplicación del principio de subsidiariedad, sustituir la medida cautelar privativa de libertad solicitada. Debe destacarse que en nuestro sistema adjetivo penal, se orientó la privación de libertad a través de la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, específicamente a que se cumpla con los extremos contenidos en la norma adjetiva Penal, a fin de que este acreditada la existencia del hecho punible, fundados elementos de convicción y presunción razonable del peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse, elementos éstos que quedaron acreditados en autos en la oportunidad que se decretó la medida cuya revisión se solicita. Por estas razones, junto a aquellas que el Tribunal tomó en cuenta para privar de la libertad al imputado en su oportunidad, razones éstas que son valederas aún hoy, considera quien decide que la Medida de Privación Preventiva de Libertad no puede ser satisfecha con una medida de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide. DISPOSITIVA En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Barquisimeto, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 264 del COPP, DECLARA IMPROCEDENTE, la solicitud incoada por la Defensora Pública Penal Nº 18, Abg. Betzabe Cristina Colmenarez Mendoza, con tal carácter del acusado, ciudadano ANIBAL ALEXANDER MEDINA ALVARADO, a quien se le sigue este proceso por la presunta comisión del delito HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto y sancionado en los artículos 406 numeral 1 y 416 del Código Penal. Notifíquese a la Fiscalía del Ministerio Público y a Defensora Publica Penal Nº 18 Dada, firmada, sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil once. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. Juez Quinto de Juicio BEATRIZ PEREZ SOLARES Secretaria (O)