ASUNTO: KP01-P-2011-004332 REVISION DE MEDIDA Visto el escrito presentado por la Abogado Erika María Toussaint, Defensora de Confianza del ciudadano JULIO CESAR MARTINEZ HERNANDEZ en el que solicitan revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre su defendido por una menos gravosa, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: 1.- En fecha 08 de abril de 2011, este Tribunal de Control Nº 2, acordó la prosecución del proceso por vía del procedimiento ordinario y decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano JULIO CESAR MARTINEZ HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITA AGRAVADA DE DROGA, previsto y sancionado en el Artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Droga. 2.- El delito de DISTRIBUCION ILICITA AGRAVADA DE DROGA, previsto y sancionado en el Artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Droga, tiene prevista pena privativa de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, de autos se desprenden suficientes elementos de convicción para presumir que el imputado ha sido autor o partícipe de los hechos imputados lo cual se desprende del acta policial que da origen a la presente causa, de la planilla de registro de custodia de evidencias físicas la prueba de orientación que arrojó resultados positivos para la droga denominada cocaína y marihuana, por último, se presume el peligro de fuga toda vez que la pena a imponer de declararse la culpabilidad del imputado, excede en su límite máximo de diez años, y el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que para los efectos del derecho interno este tipo de delitos han de ser considerados de lesa humanidad y por lo tanto las personas procesadas no gozaran de beneficios procesales ni de medidas cautelares sustitutivas, con lo cual, están llenos los supuestos legales que autorizan la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 numerales 1°, 2º y 3° éste último en relación con el parágrafo primero del Artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal. 3.- Alega la defensora, que su defendido adolece de un grave estado de salud ya que el mismo presenta un cuadro de tuberculosis pulmonar que pone en riesgo su vida, con lo cual, a los fines de garantizar el derecho a la salud y a la vida consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la medida de privación judicial preventiva de libertad debe ser sustituida por una menos gravosa, todo lo cual fundamenta suficientemente en su escrito consignando los recaudos médicos emanados del Hospital Luis Gómez López, del Hospital Dr. Antonio María Pineda, del Hospital Central de Maracay. 4.- En este sentido, se evidencia de autos, que efectivamente, en el presente Asunto se encuentra fijado la celebración de la audiencia preliminar para el día 15 de junio de 2011. Por otra parte, está suficientemente probado con los recaudos consignados, a lso cuales esta juzgadora les da plena validez por emanar de entes del estado venezolano y estar suscritos por médicos adscritos al sistema de salud, responsables penalmente de las constancias que emiten, que el ciudadano JULIO CESAR MARTINEZ HERNANDEZ, adolece de Tuberculosis Pulmonar, la cual es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos y se puede adquirir por la inhalación de gotitas de aire provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente. En ese orden de ideas si bien es cierto la medida cautelar de arresto domiciliario, se convierte en una medida de coerción menos gravosa que la medida cautelar privativa de libertad, cumplida en centro carcelario, no menos cierto es, que tal medida implica la restricción severa de los derechos fundamentales de los enjuiciables, lo cual se constituye en un hecho grave, cuando se prolonga en demasía la realización del juicio oral y público, sin que pueda serle imputado al acusado, la dilación del mismo, en ese sentido ha sido reiterada la jurisprudencia del superior tribunal, al establecer que en definitiva y dentro de las medidas cautelares el arresto domiciliario, se equipara a una verdadera medida privativa de libertad en sitio de reclusión distinto a los establecimientos, determinados por el estado a tales fines, siendo así que a la hora de acordar y mantener en el tiempo la medida cautelar de arresto domiciliario debe responder a la necesidad extrema de una medida cautelar privativa de libertad, toda vez que los efectos de carácter limitativo a derechos constitucionales son evidentes. Así mismo, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece la posibilidad de solicitar la revisión de las medidas de coerción personal en los siguientes términos: “Artículo 264.- EXAMEN Y REVISION. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuanto lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación…” Del tenor del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprende el deber en que se encuentra este órgano jurisdiccional de revisar la necesidad del mantenimiento o modificación de las medidas de coerción personal impuestas: Este Tribunal ante esta situación y estando fundamentada la imposición de una medida menos gravosa, ya que estamos en presencia de una enfermedad que puede ser ampliamente contagiosa dentro de un centro penitenciario en el que la población penal supera en demasía la capacidad carcelaria, considera que lo solicitado por la Abogado Erika María Toussaint es ajustado a derecho, y se acuerda por ser procedente, en este caso concreto, la REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Y EN CONSECUENCIA SE ORDENA LA IMPOSICION DE UNA CAUTELAR CONSISTENTE EN EL ARRESTO DOMICILIARIO penal y así se declara. 5.- Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, pasa a decidir en los siguientes términos: PRIMERO: Se acuerda con lugar la Medida Cautelar de Detención Domiciliaria establecida en el artículo 256 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del delicado estado de salud en el que se encuentra el imputado JULIO CESAR MARTINEZ HERNANDEZ, la cual deberá cumplir en la siguiente dirección: domiciliado en Urbanización Marcial Mujica, sector Emmmanuel casa numero 128, Barquisimeto estado Lara. Líbrese la correspondiente boleta de detención domiciliaria. Se deja constancia que el imputado se encuentra hospitalizado en el hospital Luis Gómez López con vigilancia policial. Líbrese boleta de traslado para la audiencia preliminar. Notifíquese a las partes. La Juez Abg. Leila-Ly De Jesús Ziccarelli De Figarelli El Secretario