TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
ASUNTO KP01-P-2008-011690

Revisadas las presentes actuaciones, el Tribunal a los fines proveer solicitud del Defensor Público Tercero Extensión Carora, Abg. Gabriel Pérez Collantes, con tal carácter del acusado, ciudadano BARTOLO RAMON SANTAMARÍA UZCATEGUI cedula de identidad Nº 13863585, a quien se le sigue proceso por la presunta comisión del delito último aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el trafico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en el que solicita el decaimiento de la medida cautelar privativa de libertad, conforme al artículo 244 del COPP, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO
El ciudadano BARTOLO RAMON SANTAMARÍA UZCATEGUI, esta siendo acusado por la presunta comisión del delito último aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el trafico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Observa quien decide que desde la fecha en que fue decretada medida restrictiva de libertad hasta la presente, han transcurrido más de dos (02) años sin que se haya celebrado juicio oral y público y sin que la Fiscalía del Ministerio Público en tiempo hábil haya solicitado al Tribunal la permanencia de la medida de coerción personal por estimar que no han variado las circunstancias fáctico – jurídicas que determinaron su procedencia.

Evidenció esta Juzgadora que el Ministerio Público no hizo uso de la facultad excepcional establecida en el segundo aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo autoriza para peticionar al Juez una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima establecida para el delito, para el mantenimiento de la medida de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento (resaltado añadido) cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal.

SEGUNDO
Ciertamente, nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por el Juzgado de Control competente en su debida oportunidad.

Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), contemplándose además la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves (resaltado añadido) que a juicio del tribunal las justifiquen. Este límite fue establecido por el legislador para cualquier medida de coerción personal independientemente de su naturaleza, así como del tipo o entidad del punible por el cual se inició la persecución penal, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso.

Sobre el particular, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia Nº 1874, Expediente Nº 08-1114 de fecha 28/11/200, en relación al artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, preciso lo siguiente:
“…artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que, como ha podido apreciarse, los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, constituyen una excepción a lo dispuesto en esa disposición legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la interpretación reiterada de esta Sala sobre esa norma. Sin lugar a dudas, tal consideración permite concluir que los razonamientos de esta Sala, citados en la decisión cuya revisión se demanda, no se corresponden con el caso que esta última resolvió a través de ella, y que, en definitiva, fueron claramente descontextualizados, pues los juicios que sí se corresponden a ese asunto, constitutivos de una excepción a la regla…)

En atención a ello, no ha de prosperar el decaimiento de la medida cautelar, ya que se persigue asegurar la resultas del proceso, y en este caso ha revisado el Tribunal que el hecho ocurrió el 18-03-2004, en cuya oportunidad no había sido promulgada la sentencia de la Sala Constitucional, relacionada con la prohibición de imponer medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad en casos como el presente; a lo que se adiciona que el acusado lleva (hasta el día de hoy 29-06-2011) mas de tres años privado de libertad, (desde el 10-06-2008) siendo esta una de las principales causas por las que ha tenido que diferirse la realización de la audiencia oral y pública, superando dicho lapso, la mitad del término medio previsto como pena para el delito tipificado en el último aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el trafico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por lo que resulta improcedente el decaimiento de la medida cautelar solicitada. Así se establece
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DISPOSITIVA

En mérito a las razones que preceden, este Tribunal de Primera Instancia en función de Juicio Nº 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 355 eiusdem, declara IMPROCEDENTE la petición del Defensor Público Tercero Extensión Carora, Abg. Gabriel Pérez Collantes, con tal carácter del acusado, ciudadano BARTOLO RAMON SANTAMARÍA UZCATEGUI cedula de identidad Nº 13863585, a quien se le sigue proceso por la presunta comisión del delito último aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el trafico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en el que solicita el decaimiento de la medida cautelar privativa de libertad, conforme al artículo 244 del Texto Adjetivo Penal.

Notifíquese a Fiscalía 11 del Ministerio Público y al Defensor Público Tercero Extensión Carora Abg. Gabriel Pérez Collantes.
Dada, firmada, sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil once. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
Juez Quinto de Juicio

BEATRIZ PEREZ SOLARES
Secretaria