En nombre de: P O D E R J U D I C I A L JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. Asunto: KP02-O-2011-132 / MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE QUERELLANTE: CARLOS LUÍS MARTÍNEZ CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.262.322. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE QUERELLANTE: ENMAGLY PÉREZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 116.375, en su condición de Procuradora especial de Trabajadores. PARTE QUERELLADA: MENSAJEROS RADIO WORLDWIDE, C.A. (MRW), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 10, tomo 19-A segundo, de fecha 13 de julio 1988, con última modificación inscrita en el mismo organismo en fecha 20 de enero de 2000, bajo el Nº 70, tomo 8-A segundo. M O T I V A En fecha 07 de junio del 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil, escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional interpuesta (folios 1 al 5), que se recibió el 08 de junio del mismo año por este Juzgado Primero de Juicio a los fines de su revisión (folio 46). Alega el querellante en su solicitud que comenzó a prestar sus servicios en fecha 18 de agosto de 2009, desempeñándose como auxiliar de plataforma; cumpliendo un horario de lunes a viernes de 07:00 p.m. a 09:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 07:00 a.m., y los sábados cada 15 días de 05:00 p.m. a 12:00 p.m.; devengando un salario quincenal de Bs. 1.100,00, hasta el 09 de noviembre de 2010, oportunidad en la que fue despedido injustificadamente a pesar de estar amparado por inamovilidad, razón por la cual acudió a la Inspectoria del Trabajo del Estado Lara, a los fines de iniciar el procedimiento por reenganche y pago de salarios caídos. En fecha 24 de noviembre de 2010, se dictó providencia administrativa Nº 1440, en donde declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, ordenando a la accionada la restitución del trabajador a sus labores, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del irrito despido hasta la fecha de su reincorporación. Ante la negativa reiterada del empleador de cumplir con la providencia administrativa, se ordenó la apertura del procedimiento sancionatorio de conformidad con el Artículo 639 y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, analizados los alegatos que sirven de fundamento al accionante para presentar la solicitud, debe este Tribunal precisar que el amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado a restablecer de manera inmediata aquellos derechos y garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados de violación, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz cuyo empleo no está permitido ante la existencia de los medios ordinarios existentes para tutelar la situación jurídica invocada como vulnerada. Es importante señalar que para este tipo de pretensiones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, mediante Sentencia Nº 2308, de fecha 14 de diciembre de 2006, (caso: Guardianes Vigiman S.R.L.), estableció lo siguiente: “Sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa. (…) La Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios…”. Entonces es necesario que la parte haya impulsado el procedimiento en vía administrativa hasta su agotamiento con el procedimiento sancionatorio, en el cual debe participar e insistir en el reenganche en señal de agotamiento de las potestades administrativas. Es importante señalar que el último acto de ejecución en el procedimiento administrativo fue en fecha 03 de diciembre de 2010, en donde el empleador se negó a cumplir con la providencia, y se solicitó de oficio la apertura del procedimiento sancionatorio (folio 21). A partir de ese momento y durante todo el procedimiento sancionatorio, el trabajador no mostró interés en la ejecución efectiva de la providencia ni exigió otro traslado para verificar el reenganche. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual del querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así se decide. D I S P O S I T I V O Por todos los argumentos de hecho y derecho que han quedado expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Inadmisible el amparo constitucional solicitado por falta de interés actual del querellante en la fase final de la vía ordinaria correspondiente, de conformidad con el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas porque no se inició el procedimiento. Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 13 de junio de 2011.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Abg. José Manuel Arráiz Cabrices El Juez La Secretaria En esta misma fecha, se publicó la anterior decisión a las 02:55 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.- La Secretaria JMAC/eap