REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Control de Barquisimeto ASUNTO KP01-P-2010-007322 De conformidad con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal procede a pronunciarse con relación a la Revocatoria de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, acordada al ciudadano JAVIER ANTONIO GOMEZ CORONADO, cédula de identidad 17.858.269. PRIMERO En cuanto a la Medida Cautelar, la Sala Constitucional en sentencia Nº 2.608, del 25 de septiembre de 2003 (caso: Elizabeth Rentería Parra) estableció lo siguiente: “[…]Ahora bien, el principio del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso. Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado. En tal sentido, las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a las disposiciones que con relación a la materia establece el Código Orgánico Procesal Penal y mediante resolución judicial fundada, sujeta -en su oportunidad legal-, al recurso de apelación de autos. No obstante la existencia del citado recurso, el texto adjetivo penal, impone al juez competente según el caso, la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y, sustituirla por otra menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida. Por su parte, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa las veces que lo considere pertinente. […]”. (Resaltado de este fallo) SEGUNDO Congruente con la doctrina sentada por la Sala Constitucional en el fallo mencionado, en cuanto a las condiciones que constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado, es decir: a) de la necesidad de aseguramiento del imputado y b) el temor fundado de su voluntad de no someterse a la persecución penal, el Tribunal se pronuncia en los siguientes términos: De la revisión efectuada a las actas que integran el presente asunto, se observa que este Tribunal impuso al encausado de autos Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad consagrada en el artículo 256 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, y se mudo del sitio donde tenía la obligación de permanecer y por esa razón no se han realizado los traslados ordenados a la Comandancia de Policía, a los fines de realizar la audiencia preliminar, la cual no se ha realizado y ha sido concretamente por su ausencia al acto procesal, debido a que no es ubicable en la dirección aportada al proceso, con ello se configura el presupuesto que autoriza la revocatoria de la medida cautelar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 262.1 del Texto Adjetivo Penal. Por lo que de acuerdo con el Articulo 251 numeral 4 del COPP, deben apreciarse los fundamentos para establecer el peligro de fuga, y que en este caso viene dado por el comportamiento del imputado en este proceso quien no esta cumpliendo con la medida cautelar de detención domiciliaria, y por esa razon no se ha realizado la audiencia preliminar, con lo cual refleja una voluntad de no someterse a la persecución penal de ocultarse en el proceso, con ello demuestra lo reiterativo de su ilícito proceder que configura el presupuesto del articulo 251 numeral 4 del COPP y legítimamente hace presumir el peligro de fuga. Así se resuelve. DISPOSITIVA En mérito a las razones que preceden, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 262.1 del Texto Adjetivo Penal, declara IMPROCEDENTE la petición de la defensa CON LUGAR la petición fiscal y se REVOCA la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 numeral 4, del COPP DECRETA AL CIUDADANO JAVIER ANTONIO GOMEZ CORONADO, cédula de identidad 17.858.269, MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD, por el delito de TENTATIVA DE ROBO DE VEHICULO, tipificado en el articulo 7 de la Ley Sobre Hurto y robo de vehículos, que será cumplida en el Centro Penitenciario de Uribana. Se fijo audiencia preliminar para el día 29-03-2011 a las 10:00 AM. Líbrese boleta de traslado. Notifíquese a las partes. Líbrese notificación a la víctima para preservar el derecho que le confiere el artículo 120.2 del Texto Adjetivo Penal. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil once (2011). Año 200º y 152º. Juez de Control 07 BEATRIZ PEREZ SOLARES