REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 9 de Mayo de 2011
201º y 152º

ASUNTO : KP01-P-2007-001248

Vista la solicitud interpuesta por la Profesional del Derecho Abogada Rocio Valbuena Cordero, Defensora Pública Sexta Penal ordinario del estado Lara, en su carácter de Defensora del ciudadano MOISES DANIEL LÓPEZ BARRIOS, el cual cursa al folio 142 de la pieza Nº 4 del Asunto, donde solicita la LIBERTAD INMEDIATA por el Decaimiento de la Medida Cautelar de Coerción Personal, conforme a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
Este Tribunal a los fines de decidir Observa:

Establece el Artículo 244 del Código orgánico Procesal Penal el Principio de la Proporcionalidad en cuanto a las medidas de coerción, estableciendo lo siguiente:
“No se podrá ordenar una medida de corción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años….”



En este Sentido la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia del Magistrado FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ, en la Sentencia signada con el N° 1399 de fecha 17 de Julio de 2006, estableció lo siguiente:
“Ahora bien, ante la falta de previsión normativa expresa que regule las consecuencias derivadas del Primer Aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala ha sostenido, entre otras consideraciones, las que se transcriben a continuación:

“...La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes.
Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
...omissis...
En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.
A juicio de esta Sala, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa” (Sentencia N° 1712, del 12 de septiembre de 2001) –Subrayado del presente fallo-

“Esta Sala observa que el legislador estableció como limite máximo de toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, la duración de dos años, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso. Ahora bien, una vez transcurridos los dos años, decae automáticamente la medida judicial privativa de libertad, sin embargo, es probable que para asegurar la finalidad del proceso sea necesario someter al imputado o al acusado a alguna otra medida, que, en todo caso, debe ser menos gravosa.
En este sentido, cabe destacar que corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso...” (Sentencia nº 2278 de esta Sala, del 16 de noviembre de 2001, caso: Jairo Cipriano Rodríguez Moreno).
Por lo tanto, en aquellos supuestos en que una medida coercitiva exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (2) años, sin que se haya solicitado su prórroga tal como lo establece el último aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el juzgador debe citar de oficio tanto al Ministerio Público como a la víctima -aunque no se haya querellado- y realizar una audiencia oral y decidir acerca de la necesidad de dictar una medida cautelar menos gravosa para el imputado o acusado, sin menoscabar el derecho a la defensa y a ser oído de las partes” (Sentencia N° 2398, del 28 de agosto de 2003)

“De lo anterior deriva que es derecho de la accionante solicitar la libertad por transcurso de más de dos (2) años de estar privado de la libertad sin mediar juicio oral y público y es obligación del juez de la causa principal decretar la libertad, al verificar el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues lo contrario sería violar el derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 Constitucional, a menos que se evidencie la concesión de la prórroga referida supra, se advierta que el juicio no se ha llevado a cabo por culpa del imputado o si configura, en la concesión de la libertad de éste la amenaza o riesgo a los cuales alude el artículo 55 de la Constitución” (Sentencia N° 2249, del 1 de agosto de 2005) –Subrayado del presente fallo..”


Por todo lo señalado anteriormente, considera este Tribunal, y de la revisión de las actas procesales se evidencia que si bien es cierto en el presente Asunto se evidencia que el Juicio se ha prolongado más allá de las previsiones establecidas en el Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que se evidencia que en fecha 29 de Junio de 2009, se celebró una Audiencia Oral conforme a lo establecido en el anteriormente señalado artículo 244 del Código Adjetivo Penal, donde en presencia de todas las partes este mismo tribunal de Juicio Nº 4 “ACORDÓ LA PRORROGA SOLICITADO POR EL QUERELLANTE POR EL LAPSO DE DOS AÑOS”, la cual cursa a los Folios 219 al 221, la cual sería hasta el 18 de Julio de 2011, no constando que se haya intentado los recursos correspondientes, es por lo que en consecuencia debe declararse IMPROCEDENTE la solicitud de la defensora Abogada Rocio Valbuena Cordero, Defensora Pública Sexta Penal ordinario del Estado Lara, en su carácter de Defensora del ciudadano MOISES DANIEL LÓPEZ BARRIOS y en consecuencia NEGAR EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE COERCIÓN PERSONAL del mismo sin perjuicio que al final del lapso establecido se pueda nuevamente examinar la situación y así se decide.-
En otro orden de ideas, visto que en fecha 18 de Abril del corriente año se difirió la Audiencia del Juicio Oral y Público para el día 04 de Julio de 2011, es decir para más de dos meses, por lo que cree conveniente este Juzgador cambiar la fecha para un día más cercano, para el día 06 de Junio de 2011 a las 11:30 de la mañana y así se establece.-

DISPOSITIVA

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Cuarto de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de la defensora Abogada Rocio Valbuena Cordero, Defensora Pública Sexta Penal ordinario del Estado Lara, en su carácter de Defensora del ciudadano MOISES DANIEL LÓPEZ BARRIOS titular de la Cédula de Identidad Nº 12.264.126 y en consecuencia NEGAR EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE COERCIÓN PERSONAL del mismo sin perjuicio que al final del lapso establecido se pueda nuevamente examinar la situación, conforme a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ACUERDA CAMBIAR LA FECHA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO para un día más cercano, para el día 06 de Junio de 2011 a las 11:30 de la mañana, debiendo convocarse a las partes.-
Regístrese, Publíquese y Notifíquese a las Partes, y ordénese el traslada del Acusado.-

EL JUEZ DE JUCIO N° 4

ABOG. CARLOS OTILIO PORTELES



EL SECRETARIO