En nombre de: P O D E R J U D I C I A L JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. Asunto: KP02-O-2011-279 / MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE QUERELLANTE: DARYIN GUALQUIRIAN TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.512.477. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE QUERELLANTE: JUAN CARLOS DÍAZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.049, en su condición de Procurador Especial de Trabajadores. PARTE QUERELLADA: INVERSIONES ITALIA 007, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 20 de abril de 2007, bajo el Nº 33, tomo 39-A. M O T I V A En fecha 11 de noviembre del 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal, escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional interpuesta (folios 1 al 7), que se recibió el 14 de noviembre del mismo año por ante este Juzgado Primero de Juicio del Trabajo (folio 91). Alega el querellante que comenzó a prestar servicio para la demandada en fecha 14 de febrero de 2010, desempeñando el cargo de obrero de mantenimiento, devengando como último salario Bs. 1.224,52 mensual; que cumplía jornada de trabajo de lunes a domingo de 09:00 a.m. a 05:00 p.m., hasta el 23 de mayo de 2010, fecha en la que fue despedida injustificadamente, a pesar de estar amparada por inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional. Igualmente, manifiesta la actora que interpuso ante la Inspectoría del Trabajo, procedimiento de reenganche y pago de los salarios caídos en expediente Nº 005-2010-01-00810, el cual fue declarado con lugar en fecha 16 de agosto de 2010, mediante resolución Nº 1329 (folios 46 al 50); ahora bien, visto que desde la decisión del Inspector hasta la presente fecha ha sido imposible el cumplimiento de la providencia administrativa, solicita por vía de amparo constitucional se le restituya sus derechos laborales infringidos. Por la falta de cumplimiento voluntario de la providencia administrativa dictada, se procedió a la ejecución forzosa en la sede del empleador, la cual igualmente resultó infructuosa, ordenándose la apertura del procedimiento sancionatorio de conformidad con el Artículo 639 y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, analizados los alegatos que sirven de fundamento al accionante para presentar la solicitud, debe este Tribunal precisar que el amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado a restablecer de manera inmediata aquellos derechos y garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados de violación, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz cuyo empleo no está permitido ante la existencia de los medios ordinarios existentes para tutelar la situación jurídica invocada como vulnerada. Es importante señalar que para este tipo de pretensiones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, mediante Sentencia Nº 2308, de fecha 14 de diciembre de 2006, (caso: Guardianes Vigiman S.R.L.), estableció lo siguiente: “Sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa. (…) La Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios…”. Entonces, es necesario que la parte haya impulsado la ejecución en vía administrativa hasta su agotamiento con el procedimiento sancionatorio, en el cual el trabajador debe participar e insistir en el reenganche en señal de cumplimiento de las potestades administrativas que prevé el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, debiendo cumplir con la imposición de multas sucesivas y acumulativas como se señaló en la providencia. Es importante señalar, que el último impulso de ejecución de la trabajadora en el procedimiento administrativo fue en fecha 14 de agosto de 2010, en el acto de ejecución forzosa de la providencia administrativa (folio 65); posteriormente, luego de seis (06) meses presenta diligencia solicitando la apertura del procedimiento sancionatorio (folio 70); y finalmente presentó esta demanda el 11 de noviembre de 2011, es decir, más de seis (6) meses. Igualmente consta que en el procedimiento de multa la tramitación la llevó el órgano administrativo, actuaciones que no pueden ser tomadas en cuenta para determinar el interés del actor en el cumplimiento de la providencia, ya que su insistencia en la ejecución es indicio necesario que demuestra al Juez Constitucional que se mantiene la intención de continuar con la relación. Entonces, desde el acto de ejecución forzosa y durante todo el procedimiento sancionatorio, el trabajador no mostró interés en el cumplimiento efectivo de la providencia ni exigió otro traslado para verificar el reenganche, ni la aplicación de multas sucesivas como ordena el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por otro lado, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1355-10, 23-11, ha mantenido el criterio reiterado respecto a la manifestación tácita de la terminación de la relación de trabajo en los procedimientos de inamovilidad, señalando lo siguiente: A tenor del criterio jurisprudencial transcrito ut supra, la declaratoria con lugar de la solicitud de reenganche peticionada por el trabajador, concretizada en la providencia administrativa tantas veces referida, reconoce la existencia dentro de su esfera jurídica del derecho a permanecer en su cargo, vale decir, la declaratoria de inamovilidad, y propugna también este precedente jurisprudencial que mientras éste no pueda concretar este derecho a ser reenganchado, la providencia administrativa mantiene plena vigencia o efectividad hasta que haya una renuncia tácita o expresa por parte de su titular, y que esta abdicación puede ocurrir de dos maneras, una vez agotados los mecanismos para lograr su ejecución ó cuando sin agotarlos, el trabajador demanda por prestaciones sociales, y no es hasta este momento cuando se tienen por renunciados los derechos que dimanan de este acto administrativo, y debe ser considerada terminada la relación de trabajo.(…). Por lo que en el presente caso al no insistir el actor en las vías ordinarias para la ejecución de la providencia administrativa, debe entenderse finalizada la relación, por manifestación tácita, al no haber interés en el reenganche, quedando sólo pendientes los derechos derivados de la misma conforme a la Ley Orgánica del Trabajo y el citado criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual de la querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así se decide. D I S P O S I T I V O Por todos los argumentos de hecho y derecho que han quedado expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Inadmisible el amparo constitucional solicitado por falta de interés actual de la querellante en la fase final de la vía ordinaria correspondiente, de conformidad con el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas porque no se inició el procedimiento. Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 15 de noviembre de 2011.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Abg. José Manuel Arráiz Cabrices El Juez La Secretaria En esta misma fecha, se publicó la anterior decisión a las 03:19 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.- La Secretaria JMAC/eap