TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
Corte de Apelación Penal
TRUJILLO, 13 de Febrero de 2012
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2011-004252
ASUNTO : TP01-R-2011-000169

RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS
PONENTE: DR. LUÍS RAMÓN DÍAZ RAMÍREZ

De las partes:
Recurrente: ABG. RAFAEL RAMÓN SIMANCAS ARAQUE, en carácter de DEFENSOR PRIVADO, del ciudadano LEONARDO PEREZ VASQUEZ.
Fiscal: SEPTIMO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Delito: OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS
Recurrido: Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 03
Motivo: Recurso de Apelación de Auto, en contra de la decisión de fecha 02/08/2011.
CAPITULO PRELIMINAR
Corresponde a esta Corte conocer Recurso de Apelación interpuesto por ABG. RAFAEL RAMÓN SIMANCAS ARAQUE, en carácter de DEFENSOR PRIVADO, del ciudadano LEONARDO PEREZ VASQUEZ, Recurso de Apelación de Auto, en contra de la decisión de fecha 02/08/2011, Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo.

Recibidas las presentes actuaciones en esta Alzada, en fecha 21/12/2011, le correspondió la ponencia al Dr. Luís Ramón Díaz Ramírez, quien con tal carácter suscribe.

En fecha 11 de Enero de 2012, se Admite de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, el presente recurso.

TITULO I
DE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA RECURRIR POR APELACIÓN.

Esta Corte de Apelaciones, con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 433, 436 y 448 del Código Orgánico Procesal Penal (en lo adelante COPP), hace las siguientes consideraciones en cuanto a:
YO, RAFAEL RAMON SIMANCAS ARAQUE, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE CEDULA DE IDENTIDAD Nº 12.044.841, ABOGADO EN EJERCICIO INSCRITO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO CON EL Nº 117.428, CON DOMICILIO PROCESAL EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE CARVAJAL, URBANIZACIÓN SATÉLITE, CASA Nº 02, SECTOR LA HORQUETA, DEL ESTADO TRUJILLO, PROCEDIENDO EN MI CARÁCTER DE DEFENSOR PRIVADO DEL CIUDADANO: LEONARDO PEREZ VASQUEZ, PLENAMENTE IDENTIFICADO EN AUTOS, ANTE USTED CON EL DEBIDO RESPETO Y PARA ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 48 Y 51 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, OCURRO PARA EXPONER Y SOLICITAR LO SIGUIENTE:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 448 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, INTERPONGO FORMALMENTE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DICTADO EN FECHA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2011 Y ESTANDO EN EL TIEMPO HÁBIL, INTERPONGO LA SIGUIENTE APELACIÓN, POR LOS MOTIVOS QUE SEÑALARE INFRA.-
MOTIVOS PARA LA APELACIÓN
EL ARTÍCULO 447 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, ESTABLECE LO SIGUIENTE: ARTÍCULO 447. “DECISIONES RECURRIBLES ANTE LA CORTE DE APELACIONES LAS SIGUIENTES DECISIONES:
…5. LAS QUE CAUSEN UN GRAVAMEN IRREPARABLE, SALVO QUE SEAN DECLARADAS IN IMPUGNABLES POR ESTE CÓDIGO;
IMPUGNO LA DECISIÓN DICTADA POR EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Nº 03 DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL POR CUANTO EL MISMO VIOLO PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE MI REPRESENTADO, YA QUE EN FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SE REALIZO AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DONDE MI REPRESENTADO SE LE IMPUTA EL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y AHORA BIEN HONORABLES MAGISTRADOS TAL Y COMO LO INDICA EN SU DECLARACIÓN Y COMO SE CONSIGNO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTROL Nº 03, MI DEFENDIDO NO TIENE NINGÚN TIPO DE PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS YA QUE DE LAS DECLARACIONES DADAS POR EL IMPUTADO DE APELLIDO QUEVEDO ESTE ASUMIÓ TODA LA RESPONSABILIDAD SOBRE LAS SUSTANCIAS ENCONTRADAS, ES DECIR, COMO PUEDE EN PRIMER TERMINO MI REPRESENTADO TENER DOMINIO SOBRE LA SUSTANCIA SI CONOCÍA AL SEÑOR QUEVEDO PERO VAMOS MÁS ALLÁ COMO, PUEDE OCULTAR MI DEFENDIDO ALGO SI ES LA CASA DEL SEÑOR QUEVEDO DIJO EN SU DECLARACIÓN QUE ESA DROGA ERA DE EL Y ERA PARA LA VENTA, HONORABLES MAGISTRADOS ESTA DEFENSA ESTA SEGURO NO SOLAMENTE DE QUE MI DEFENDIDO NO TIENE NINGÚN TIPO DE PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS IMPUTADOS, Y LOS QUE EL DELITO IMPUTADO CAUSA UNA ALARMA A LOS JUECES PERO TENEMOS QUE TENER CUIDADO DE NO METER A TODAS LAS PERSONAS EN UN MISMO SACO Y DESLIGAR DE MANERA SERIA Y OBJETIVA A LAS PERSONAS QUE NO TIENEN NADA QUE VER EN ESTOS DELITOS, MI DEFENDIDO ES UN ESTUDIANTE, NO TIENE CONDUCTA PREDILECTUAL Y COMIENZA SUS ESTUDIOS EN MARACAIBO EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA NO PODEMOS PERMITIR QUE SE PERJUDIQUE POR UNA MALA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO SE REVISE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CONTROL Nº 03, Y SE DECRETE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA A MI DEFENDIDO Y SE LE DE LA LIBERTAD. CON LO QUE SE CONCLUYE QUE DICHA DECISIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 26,27, 49 ORDINAL 1° Y 8° DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. A TENOR DE LO ANTERIOR, RESULTA OBVIO QUE A MI DEFENDIDO SE LE VULNERO EL DERECHO, GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 49 ORDINAL 1° Y 8° CONSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DISPONE QUE TODA PERSONA PODRÁ SOLICITAR DEL ESTADO EL REESTABLECIMIENTO O REPARACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA LESIONADA POR ERROR JUDICIAL RETARDO U OMISIÓN INJUSTIFICADO…” MANIFIESTA RIVERA MORALES EN SU OBRA NULIDADES PROCESALES PENALES Y CIVILES PARAFRASEANDO A BERNAL Y MONTE ALEGRE LO SIGUIENTE: RAZONAN LOS AUTORES BERNAL CUELLAR Y MONTEALEGRE QUE UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL PROCESO PENAL ES EL DERECHO A DEFENDERSE PROBANDO. POR LO TANTO, CUANDO POR NEGLIGENCIA DESIDIA O ARBITRARIEDAD DEL FUNCIONARIO JUDICIAL SE OMITE LA PRACTICA DE PRUEBAS RELEVANTES, DE PRONUNCIAMIENTO U OMISIÓN, SE INCURRE EN NULIDAD”
EN EL ARTÍCULO 173 DE NUESTRA LEY ADJETIVA PENAL, ESTABLECE LO SIGUIENTE: “LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL SERÁN EMITIDAS MEDIANTE SENTENCIA O AUTO FUNDADOS, BAJO LA PENA DE NULIDAD, SALVO LOS AUTORES DE MERA SUSTANCIACIÓN…”
COMO PUNTO PREVIO DEBO CITAR LO QUE HA DICHO NUESTRO MAXIMO TRIBUNAL DE LA REPUBLICA AL RESPECTO:
SENTENCIA Nº 85 DE LA SALA CONSTUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2006, DONDE QUEDO ESTABLECIDO LO SIGUIENTE:
“... conforme al articulo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, todos las decisiones que expidan los órganos de la jurisdicción penal deben ser, so pena de nulidad motivadas, salvo que se trate de autos de mera sustanciación...” (QUE NO ES EL CASO DE LA DECISION QUE SE EXAMINA)...
“la sala estima1 necesario ratificar que el significado que involucra la tutela judicial efectiva, atiende a la garantía de acceder a los órganos de la administración de justicia, a la solución del fondo de la controversia planteada conforme a derecho y a obtener la decisión oportunamente, mediante un sistema de justicia enmarcado por la gratuidad, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, equidad, sin dilaciones indebidas, de forma expedita, y sin formalismos ni reposiciones inútiles, a fin de proteger los derechos e intereses de las personas.”
Por lo tanto la conjugación de los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, obligan a todo juzgador a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta no es otra 9ue la resolución del conflicto de fondo de manera imparcial, idónea y motivada.
LA DECISIÓN DICTADA POR EL A QUO VIOLA TODA LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL, YA QUE ES UNA VIOLACION AL ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL, 49 CONSTITUCIONAL Y 244 DE NUESTRA NORMA ADJETIVA PENAL.
COMO TODOS SABEMOS ESTA DECISIÓN ES CONTRARIA AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 26, 49 NUMERAL 2 Y 8, TAL COMO LO SEÑALA EL MAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE EN SENTENCIA Nº 277 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL EN FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2006.
HACIENDO ALUSIÓN A OTRA DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
“…aun cuando el articulo de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una inmotivación, requerimiento este que atañe al orden publico, puesto que, de lo contrario, no tendría aplicación el sistema de responsabilidad de los jueces que la propia norma preceptúa, además de que se desconocería como se obtuvo la cosa juzgada, al tiempo que” principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social…”
AHORA BIEN, EXPUESTO LO ANTERIOR, RESULTA NECESARIO DETERMINAR AL CIUDADANO JUEZ 3° DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO, EN LA REALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL, POR
MEDIO DE LA. SENTENCIA IMPUGNADA POR ESTA VÍA, INCURRIÓ EN UN ERROR GRAVE DE DERECHO, QUE SE PUEDA ESBOZAR COMO UNA EXTRALIMITACIÓN DE SUS FUNCIONES O ACTO ARBITRARIO Y VIOLATORIO EN RAZÓN DE ELLO SE DEBE SEÑALAR QUE TAL CUAL COMO SE REFIRIÓ EN EL CAPÍTULO I DEL PRESENTE ESCRITO IDENTIFICADO COMO DE LOS HECHOS.
1.- LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL:
EL ACCIONAR DEL TRIBUNAL 30 DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUNSCRIPICIQN JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO, DEVINO EN UNA SITUACIÓN PLURIOFENSIVA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE MI DEFENDIDO, AL INSURGIR COMO UN OBSTÁCULO A LOS DERECHOS: A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DERECHO A LA. DEFENSA, GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO INTEGRADA POR LOS DERECHOS A LA DOBLE INSTANCIA, A LA LIBERTAD PERSONAL, Y EL DERECHO AL JUEZ NATURAL CONCRETAMENTE A LA INDEPENDENCIA DE ESTE.
2) VIOLACIÓN AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
EL ARTÍCULO 26 DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SE PRESENTA COMO UNA DE LAS GRANDES INNOVACIONES DE LA NACIENTE REPUBLICA BOLIVARIAÑA, DONDE SE CONSAGRA A LA JUSTICIA COMO UN VALOR SUPERIOR DE SU ORDENAMIENTO JURÍDICO Y A SU VEZ SE PRIVILEGIA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA VIDA DE LA REPÚBLICA; EN ESE ENTENDIDO SURGE COMO UNA GARANTÍA DE ESOS POSTULADOS EL DERECHO DE TODOS LOS JUSTICIABLES A EXIGIR DEL ESTADO VENEZOLANO EN SU RAMA JUDICIAL, LA EFICACIA PALPABLE DE LOS ÓRGANOS QUE EJERCEN LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE PARA ALGUNOS TRATADISTAS LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ABARCA EL DERECHO AL ACCESO A LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA, A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS, A DECISIONES MOTIVADAS Y CONGRUENTES. RESPECTO AL ÚLTIMO PUNTO, DEBEMOS SEÑALAR QUE TAL COMO SE REFLEXIONARA CON ANTERIORIDAD, LA CONGRUENCIA CONSISTE EN OBTENER UNA RESPUESTA POR PARTE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, ACORDE CON LO SOLICITADO.
EN ESTE SENTIDO SE HAN MANIFESTADO VARIOS AUTORES:
ALBERTO BINDER, ESTABLECE:
“... LA SENTENCIA TIENE QUE SER FUNDADA, PARA QUE NO EXISTA UNA DISTORSION, DE TODO EL SISTEMA PROCESAL. YA QUE SI ESTA CARECE DE MOTIVACION Y ES ONTRADICTORIA, TENDRIA UN VICIO SUSTANCIAL NO REFERENTE A LOS REQUISITOS DE FORMA, SINO A LAS CONDICIONES DE FONDO NECESARIAS PARA SU EJECUCION...”
CARRARA, SEÑALA:
“... TODA SENTENCIA DEBE FORMULAPSE EN TERMINOS UNIVOCOS Y PRECISOS, IDONEOS PARA DENOTAR EXACTAMENTE EL HECHO ATRIBUIDO Y PARA CIRCUNSCRIBIR EL OBJETO DEL JUICIO. TIENE QUE SER TAMBIEN, INTEGRADA POR LA INFORMACION DE TODOS LOS INDICIOS QUE LA JUSTIFICAN, DE FORMA QUE EL ACUSADO TENGA LA POSIBILIDAD DE REFUTARLOS Y NADA LE SEA “ESCONDIDO DE CUANTO SE PREPARE PARA SU DAÑO O DE CUANTO SE HACE, O SE HARA PARA REFORZAR EL PRECONCEPTO DE SU CULPABILIDAD Y DESTRUIR LA PRESUNCION DE INOCENCIA, QUE SIEMPRE LE ASISTE...”
PARA SUSTENTAR LO ANTES EXPUESTO, INVOCO LA SENTENCIA Nº 1440 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 12-07-07, CON PONENCIA DEL MAGISTRADO JESUS EDUARDO CABRERAS ROMERO.
“... ahora bien, esta sala ha sostenido que el texto fundamental de la republica, prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un estado de derecho y de justicia, dentro de los cuales se encuentra la referida a la tutela judicial afectiva, consagrada en el articulo 26 constitucional. Dicha garantía, se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho y su contenido se forma con base en los (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes.
SENTENCIA Nº 455 DE LA SALA DE CASACION PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA OE FECHA 02-08-07, CON PONENCIA DE LA MAGISTRADO MIRIAM MORANDY MIJARES.
Al juez de juicio le corresponde el análisis de todos los diversos elementos de prueba, confrontándolos entre si para arribar a una conclusión y valorar el merito probatorio de los Testimonios de acuerdo a las condiciones objetivas y subjetivas de percepción del testigo, a fin de otorgarle credibilidad y eficacia probatoria; a la corte de apelaciones le corresponde, el examen del razonamiento utilizado por el sentenciador, con fundamento en, los principios generales de la sana critica, es decir; si la motivación del fallo se ajusta a los criterios de la lógica y de la experiencia. En este orden de ideas, constituye un deber fundamental para la Corte de Apelaciones cuando así lo haya alegado el recurrente, verificar y determinar que en la sentencia sometida a su revisión se haya detallado de las pruebas debatidas en el juicio oral, así mismo, la comparación de unas con otras bajo el método de la sana critica racional, con la determinación clara y precisa de los hechos que se dan por probados y el derecho aplicable...”
SENTENCIA Nº 1885 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 02-09-04, CON PONENCIA DEL MAGISTRADO IVAN RINCON URDANETA.
“... En criterio de esta sala “la violación al derecho a la defensa existe cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en el o el ejercicio de sus derechos, se les prohíbe realizar actividades probatorias o no se les notifican los actos que los afecten”.
PETITA.
HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES, CONSIDERANDO QUE LOS JUECES DEBEN CIRCUNSCRIBIR SUS ACTUACIONES EN UN ESTADO SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, YA QUE ES DEBER Y MISION INELUDIBLE DE LOS MISMOS RESOLVER TODAS LAS EXPECTATIVAS Y PEDIMENTO DE LAS PARTES, RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO Y APLICANDOLO EN TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES, SIENDO INJUSTIFICABLE CONVALIDAR CUALQUIER ACTUACION QUE VIOLENTE LOS DERECHOS INHERENTES A LAS PARTES EN EL PROCESO, Y ADEMAS NUESTRA CARTA MAGNA ESTABLECE EN SU ARTICULO 25, RELATIVO EN MATERIAS DE NULIDADES QUE “TODO ACTO DICTADO EN JERCICIO DEL PODER PUBLICO QUE VIOLE O MENOSCABE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR ESTA CONSTITUCION Y LA LEY, ES NULO, RESPETANDO LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 190 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL QUE DICE: “ NO PODRA SER APRECIADOS PARA FUNDAR UNA DECISION JUDICIAL, NI UTILIZADOS COMO PRESUPUESTO DE ELLA, LOS ACTOS CUMPLIDOS EN CONTRAVENCION O CON INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS Y CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE CODIGO, LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LAS LEYES Y LOS TRATADOS, CONVENIOS O ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA REPUBLICA”, INVOCO LA DOCTRINA Y EL CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SEÑALADAS SUPRA SOLICITO COMO EN EFECTO LO HAGO SE REVISE DEL AUTO DICTADO POR EL JUZGADO 3° DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO EN LA PRESENTE CAUSA Y SE REVOQUE LA DECISION DE DICHO AUTO Y; COMO CONSECUENCIA SE DECRETE UNA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA Y LA LIBERTAD DE MI REPRESENTADO.

TITULO II
CONSIDERACIONES DE LA CORTE PARA DECIDIR

Encontrándose esta Alzada dentro de la oportunidad legal para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada el ABG. RAFAEL RAMÓN SIMANCAS ARAQUE, del ciudadano LEONARDO PEREZ VASQUEZ, en contra del auto de audiencia de Presentación donde se acordó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte en concordancia con el articulo 163 numeral 7 de la Ley Orgánica de Droga, consigue esta Alzada que una vez revisado el escrito contentivo de dicho recurso y el auto recurrido que la razón no acompaña al recurrente, pues la comisión judicial que ingresó al inmueble donde se encontraba el ciudadano LEONARDO PEREZ VASQUEZ, acompañado de dos ciudadanos Juan Antonio Quevedo y Francisco Javier Mendoza Rojas, como bien lo señala el apelante, el imputado de apellido Quevedo asumió toda responsabilidad sobre las sustancias encontradas, lo que justificó el encontrar la sustancia denominada droga en forma oculta, en el interior de la vivienda donde se encontraban los procesados de autos, siendo uno de ellos el defendido del recurrente.
Considera la Defensa que los hechos que dieron origen a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, es por que el ciudadano LEONARDO PEREZ VASQUEZ, se encontraba en el lugar donde el órgano aprehensor realiza las diligencias de conformidad con el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, donde encontraron las sustancias pero este no tenia conocimiento de que los mismos la poseían, es por lo que la defensa aporta como va a tener conocimiento de la sustancia si no la conocía, apreciación esta de la que difiere esta Alzada debido a que una vez que ocurre un hecho punible los órganos de investigación penal se activan inmediatamente y usualmente las participaciones básicas se hacen vía telefónica, asentándose con posterioridad en actas que reflejen lo ocurrido; no puede pretender la defensa que se realicen actos en oficinas destinadas a cumplir formalismos y obviar o postergar una persecución que claramente puede llegar hasta la ubicación de los autores de un hecho punible. Una vez que los funcionarios se apersonan a un lugar de suceso y recaban las informaciones primarias, lo primero que realizan es colocar en conocimiento al Fiscal del Ministerio Publico correspondiente (en el caso de marras Fiscal Séptimo) y de allí en adelante por instrucciones de este, quedan habilitados para realizar todos los actos de investigación dirigidos a determinar la comisión del hecho, identificación de personas, objetos, testigos.
Refiere la defensa que no esta de acuerdo en las consideraciones realizadas por el a quo, en cuanto a que la responsabilidad de su representado sobre los hechos imputados viene dado al poder de disposición que tiene como visitante del inmueble donde la sustancia fue encontrada, siendo el caso que nos encontramos en la etapa incipiente del proceso penal, en la cual la investigación apenas comienza y son los primeros hechos, objetivos, ciertos que dan pauta para las primeras decisiones que se forman en el mismo, no obstante, en la fase de investigación tiene la defensa la posibilidad de intervenir llevando al proceso, a través del articulo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, las diligencias de investigación que estime eficaces, conducentes, pertinentes y necesarias para contribuir a llevar la verdad material al proceso penal.
En este caso, señala el recurrente la violación de derechos constitucionales como lo son: el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, garantía del debido proceso, derecho a la doble instancia, derecho a la libertad personal y el derecho al juez personal, pero se observa que ello no ha ocurrido puesto que al procesado se le ha asegurado la posibilidad oportuna y real de proponer diligencias que estime necesarias en defensa de sus derechos; tenemos un proceso penal acorde a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos principios, dogmas, garantías y derechos se le han respetado en el presente caso, debido a que observamos que su estado jurídico de inocencia, respeto a su dignidad, prohibición de obligarlo a declarar contra si mismo, su derecho de conocimiento y de audiencia y la plenitud del ejercicio de la defensa, tanto material como técnica, han sido reconocidos y aplicados.
Por las razones señaladas se declara sin lugar el presente recurso de apelación y se confirma el auto recurrido.

DISPOSITIVA

Por los argumentos de hecho y derecho expuestos a lo largo de la presente decisión esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por el Abogado RAFAEL RAMÓN SIMANCAS ARAQUE, actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano LEONARDO PEREZ VASQUEZ, anteriormente identificado; en la causa N TP01-P-2011-4252, contra la decisión publicada en fecha 02 de Agosto de 2011 por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 3 de este Circuito Judicial Penal, que : “califica como flagrante la aprehensión de que fue objeto LEONARDO PEREZ VASQUEZ, por la presunta comisión del delito OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS previsto en el segundo aparte del articulo 149, segundo aparte, en concordancia con el articulo 163 numeral 7º de la Ley Orgánica de Droga ; DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con los numerales 1, 2, 3 del artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, Líbrese la respectiva boleta de privación de libertad.
SEGUNDO: SE CONFIRMA el Fallo recurrido.
TERCERO: Se acuerda publicar la presente decisión agregándola al expediente respectivo, anotarla en el Libro Diario llevado por este Tribunal; dejar copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencias Interlocutorias llevado por esta Corte.

Dada, sellada, firmada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo a los trece (13) días del mes de Febrero del año dos mil doce (2012) Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

Dr. Benito Quiñónez Andrade.
Presidente de la Corte de Apelaciones.

Dra. Rafaela González Cardozo Dr. Luís Ramón Díaz Ramírez
Juez de la Corte Juez de la Corte.

Abg. Ana Sofía Ávila R
Secretaria